| 6/22/2011 6:00:00 PM

La prueba de fuego

La Ley de Sostenibilidad Fiscal deberá pasar ahora el examen de la Corte Constitucional. No será nada fácil.

Medio país económico está celebrando la aprobación en el Congreso de la llamada Ley de Sostenibilidad Fiscal, que le pone coto al gasto público y lo blinda frente a excesos populistas. Antes de cantar victoria, queda pendiente un escollo más: el examen de la Corte Constitucional. No se trata de cualquier friolera. Algunos abogados han dicho que la trascendental Ley cambia tres artículos de la Constitución del 91 y que, por eso, lo más probable es que la Corte la declare inexequible.

La ley busca armonizar los derechos de los ciudadanos con los escasos recursos disponibles por los gobiernos. Por esa vía, podría limitar el alcance de las sentencias de la Corte, que es uno de los caminos por los cuales el Estado se ha visto obligado a aumentar significativamente el gasto público.

Reconociendo los indiscutibles aciertos y bondades de la Corte, también toca discutir las sentencias fiscalmente irresponsables que ha expedido a lo largo de su historia. Basta recordar la que ordenó que todos los deudores del Upac fueran compensados total e indistintamente de la riqueza o número de viviendas de cada afectado. O las que emite cada vez que dictamina que el sistema de seguridad (Seguro Social) debe darles atención a enfermos que no cotizan, o pagar tratamientos no cubiertos que rebasan su cálculo presupuestal, o atender a un enfermo terminal a cualquier costo. Muchas de esas decisiones son cuestionables, no solamente desde el punto de vista del equilibrio fiscal, sino también desde la preocupación por la igualdad de derechos. ¿Cómo sopesa la Corte, por ejemplo, que el Estado deba destinar recursos a prolongar el sufrimiento de un adulto mayor por unos meses más, cuando esos mismos recursos podrían servir para vacunar cientos de niños en riesgo?

La Ley de Sostenibilidad busca, precisamente, ponerle coto a esa chequera abierta de la Corte, sobre la cual puede girar libremente y sin límite y sin la necesidad de sopesar los distintos gastos. Lo que en principio debería ser un mecanismo destinado a preservar la igualdad, ha derivado en un sistema que defiende a quien tiene medios para demandar. El lema del sistema es: quien no llora, no mama. Por eso, la nueva ley busca defender los derechos de generaciones futuras para que no queden sepultadas bajo onerosas cargas tributarias.

También es cierto que el Ejecutivo muchas veces le ha dado prioridad a gastos politiqueros o suntuosos, a costa de otros gastos de trascendencia humanitaria. Basta ver ciertas instalaciones de recreo de funcionarios del Estado, o los carros en los que se transportan algunos de ellos. No es evidente que el Ejecutivo asigne el gasto mejor o más razonablemente que la Corte. Pero sí es claro que los dos, gastando sin control, le pueden hacer inviable la vida a las generaciones futuras. Esperemos que hablen entre ellos, a ver cómo cuadran este berenjenal.

Lo más importante es que el país adquiera conciencia sobre la naturaleza de las decisiones presupuestales, su profundo efecto sobre el bienestar, y las implicaciones que ellas tienen sobre la definición de la sociedad que buscamos. Detrás de la pregunta sobre qué es lo fiscalmente razonable hay profundas escogencias sobre bienestar. ¿Hasta qué edad debe cubrir el sistema un trasplante de corazón? ¿Hasta los 60, 80 o 90 años? ¿Son los derechos de diferente jerarquía? ¿Quién traza esa línea? Si alguien consume estupefacientes, ¿debe la sociedad cubrir el costo de su desintoxicación? ¿Cómo y quién decide si no sería mejor gastar esos recursos en educación de calidad y cuidado especial para niños excepcionales?

La sostenibilidad implica, también, tener transportes públicos idóneos para que los más pobres puedan movilizarse por la ciudad, buscar empleo y acceder a los servicios de salud. ¿Esto se priorizará sobre las vías para carros, que favorecen a unas minorías afortunadas? ¿O viceversa?

En un mundo en el que no se puede hacer todo a la vez, ¿qué quiere decir sostenibilidad, cuando estamos lejos de cualquier consenso sobre lo que debería ser el gasto público? ¿Subsidiamos o no la gasolina? ¿Subsidiamos o no el transporte público? ¿O subsidiamos la salud y educación de todos los ciudadanos?

¿Deberíamos volver permanente el impuesto al patrimonio, que se va para el gasto en defensa, a pesar de que este último ya tiene el mayor peso dentro de todo el presupuesto nacional, por encima de salud, educación y pensiones? ¿Cómo se sopesa entre el gasto social y el gasto en seguridad, cuando es evidente que el país no tiene todos los recursos para cubrir hoy día los dos frentes a cabalidad? ¿No es el gasto social menos social que el gasto en defensa? ¿O es este el costo que hace factible la inversión extranjera en nuestro país?

Estos debates sobre la concepción del bienestar en la sociedad y el papel del gobierno en asegurarlo son trascendentales. El concepto de sostenibilidad, en cambio, no debería estar sujeto a controversias, pues debería ser obvio. El lío de nuestra sociedad es que no tenemos ningún acuerdo sobre nuestras prioridades. Cada cual quiere lo suyo y no hay consensos sobre qué es lo mínimo que debería garantizarse para todos: ¿seguridad, salud, educación, pensiones, justicia?...

Alguien tiene que tomar estas decisiones. Las puede tomar por su cuenta, o también como consecuencia de un debate público. Tanto el Ejecutivo como la Corte han tomado ese tipo de decisiones en el pasado siguiendo su parecer. ¿Cuándo querrá la sociedad colombiana dar en serio estos debates?
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