| 7/10/2009 12:00:00 AM

La inminente reforma tributaria

Con gastos crecientes y un estatuto tributario complejo, inequitativo e ineficiente, el Gobierno tarde o temprano tendrá que reformar el sistema tributario. No hay alternativa.

El presidente Álvaro Uribe ha anunciado que presentará al Congreso el próximo 20 de julio una solicitud para reducir de 40% a 30% la deducción del impuesto de renta a las empresas que invierten en activos fijos, y para hacer permanente el impuesto al patrimonio que financia la seguridad democrática. Actualmente, este impuesto, que vence en 2010, lo pagan personas naturales o jurídicas con patrimonios líquidos superiores a $3.000 millones. La propuesta es que se reduzca esta cifra a $2.000 millones e incorporar un mayor número de contribuyentes.

Sin embargo, estas medidas no serán suficientes para corregir la precaria situación de las finanzas públicas que presentó el Gobierno recientemente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Además de los gastos de defensa, el Gobierno deberá encontrar la forma de financiar las exigencias de la Corte Constitucional en materia de salud, las pensiones, así como los programas sociales. Y plata, no hay.

Para este año, el Gobierno prevé un déficit a nivel central de 3,7% del PIB y de 4,3% para 2010, muy similares a los que encontró cuando asumió la administración en 2002 (momento en el cual el equipo económico del presidente Uribe consideraba que la situación era un desastre). El argumento que se ha utilizado para explicarlo todo es el de la mala situación económica global, por cuenta de la cual el crecimiento este año estará entre -0,5% y 1,5%, con un fuerte impacto sobre los recaudos. Se espera que los ingresos tributarios crezcan 1,5% en 2009 y caigan 0,6% en 2010.

Aunque la crisis global es una realidad, los problemas fiscales de fondo en Colombia están en la estructura tributaria que, con su exceso de beneficios y exenciones, ha dejado al Gobierno con un mayor déficit y sin manera de financiar en el mediano plazo los gastos crecientes. De acuerdo con el MFMP, los beneficios y exenciones otorgados en 2008 le costaron al fisco $7,4 billones (1,6% del PIB).

En medio del buen comportamiento de la economía entre 2003 y 2007, el Gobierno decidió actuar como si la bonanza fuera a perpetuidad y se lanzó a promover la inversión a través de dos tipos de beneficios y exenciones. El primero, una exención de 40% del impuesto de renta para las empresas que invirtieran en activos fijos. El segundo, una tasa de renta preferencial de 15% para las empresas que se localizaran en zonas francas. A cambio, estas deben hacer una inversión mínima equivalente a 7.500 salarios mínimos o aproximadamente US$1,6 millones, y generar empleo.

Para garantizar las reglas del juego a estas empresas, el Gobierno introdujo los contratos de estabilidad jurídica.

A la postre, ha quedado claro que era innecesario dar estas gabelas, ya que la inversión se hubiera dado de todas maneras debido a la expansión de la economía global del momento. Quizás había otros factores, diferentes a los tributarios, en los que el Gobierno habría podido concentrar su energía para estimular una inversión más estable, como la infraestructura, el acceso a mercados y la calidad en la oferta de capital humano.

¿Qué esperar, entonces? Frente a las dos solicitudes que va a hacer el Gobierno al Congreso próximamente y que en últimas no van a corregir los problemas fiscales, vale la pena hacerse las siguientes preguntas. Primero, ¿no debería la seguridad que beneficia a toda la población financiarse con recursos tributarios ordinarios, más que con impuestos a un grupo específico de la población? Segundo, para evitar las distorsiones que las exenciones están produciendo en el sistema tributario ¿no se debería eliminar del todo la deducción del impuesto de renta para las empresas que inviertan en activos fijos?

El sistema tributario no es compatible con los gastos crecientes del Gobierno y no es viable mantener el déficit fiscal por encima de 4% del PIB permanentemente. Al Gobierno no le va a quedar más remedio que presentarle al Congreso una reforma tributaria estructural, que cumpla con los principios de simplicidad, equidad, promoción de la competitividad y estabilidad en el recaudo.

Esto implica repensar el IVA, así como la eliminación de las exenciones.

Como lo está demostrando la realidad, habría sido mucho menos costoso para el país corregir a tiempo los desbalances fiscales, en lugar de dejar acumular el problema hasta tener que hacer por obligación una reforma tributaria de las dimensiones hoy requeridas.

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