| 3/2/2017 12:00:00 AM

La hora de la verdad de Electricaribe

La Superintendencia tendrá que tomar una decisión, para lo cual debe tener en cuenta dos hechos fundamentales que se complementarán a la hora de la determinación: la capacidad de la empresa para prestar un servicio adecuado hacia adelante y la viabilidad financiera de la compañía.

El próximo 14 de marzo la Superintendencia de Servicios Públicos tendrá que definir el futuro de la intervención de Electricaribe, la empresa de distribución de energía que atiende más de 2,5 millones de clientes en siete departamentos de la Costa Atlántica y que corresponde a 23% del mercado en el país.

A finales del año pasado, en medio de graves problemas financieros, deudas billonarias y con serias dificultades para la compra de energía, la entidad de vigilancia intervino a la compañía, cuyo socio mayoritario es el grupo español Gas Natural Fenosa. El objetivo de la decisión era asegurar y garantizar la prestación del servicio y definir el futuro de la empresa.

Se trata de una de las intervenciones más grandes en la historia del país: una compañía con ingresos por más de $4 billones, activos que superan los $5 billones y pasivos que podrían superar los $3 billones, incluyendo los cálculos pensionales al día de hoy.

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La operación de Electricaribe generó un círculo vicioso casi imposible de romper: baja calidad en la prestación del servicio, porque no había inversiones; no había inversiones porque el recaudo se caía, y el recaudo se caía porque el servicio era de mala calidad…

Tras la intervención, la Superintendencia creó mecanismos –junto con otros representantes del Gobierno– para asegurar las garantías que permitieran en el corto plazo la compra de energía a los generadores, el pago de la nómina y de los pensionados, y darle así aire para que se pudiera financiar con su propia caja.

Ahora se acerca el momento de la decisión de la Superintendencia para definir si la intervención va a derivar en una liquidación de Electricaribe o si, por el contrario, conducirá a un modelo de administración en donde Gas Natural Fenosa tendría que garantizar no solo las inversiones que tiene pendientes por $1,1 billones en el Plan5Caribe para mejorar la calidad del servicio, sino también la sostenibilidad financiera de la compañía.

En caso de una liquidación, implicaría hacer un inventario de activos y pasivos y poner en venta los activos para atender a los distintos acreedores e iniciar un proceso que defina el modelo futuro, el cual podría tener distintas formas: desde buscar un solo operador para atender el mercado, hasta escindir la operación, dividir el territorio y, como sucedía antes de la llegada de Gas Natural, adjudicar a más de un prestador unos mercados regionales. Allí el mayor reto es que se trata de zonas muy distintas y asimétricas, con áreas complejas, aisladas y diferentes, donde tendría que darse un equilibrio perfecto para hacerlos atractivos.

Sin embargo, además de esta decisión en el escenario de una eventual liquidación, uno de los mayores interrogantes es qué empresas podrían estar interesadas en este mercado. En la intervención de finales del año pasado, la Superintendencia decidió no utilizar ningún operador transitorio y esto, a juicio de algunos analistas, les permite no quedar impedidos para participar en procesos posteriores, si se llegasen a dar.

Representantes de la región, como el congresista David Barguil, han propuesto a Empresas Públicas de Medellín (EPM) para que asuma la prestación del servicio. Pero también habría otros nombres que podrían llegar a competir. La dificultad es el tema regulatorio, pues podría superar el tope de participación en la comercialización y distribución de energía, aunque expertos consideran que esta situación es susceptible de modificarse y ajustarse a la coyuntura estructural de la empresa.

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En paralelo a este debate avanzan las discusiones del Gobierno con Gas Natural Fenosa en el marco de la reclamación internacional que hizo esta empresa al Estado colombiano, al amparo del acuerdo de protección a la inversión con España, y cuyas pretensiones superarían los 1.000 millones de euros.

El nivel de deudas de la compañía es muy alto. Con los bancos asciende a $1,8 billones, a los generadores –entre los contratos bilaterales y las compras de energía en bolsa – les adeuda cerca de $400.000 millones y para los demás proveedores la cifra llega a $250.000 millones. Más de $2,4 billones en rojo.

Estos pasivos no tienen en cuenta el pensional, que inicialmente está calculado en $690.000 millones, pero que se está revisando para determinar si la cifra es superior.

En medio de este caldeado escenario, la Superintendencia tendrá que tomar una decisión, para lo cual debe tener en cuenta dos hechos fundamentales que se complementarán a la hora de la determinación: la capacidad de la empresa para prestar un servicio adecuado hacia adelante y la viabilidad financiera de la compañía.

Un complejo rompecabezas en donde la tarea es mitigar riesgos sistémicos para otros sectores de la economía y encontrar una solución estructural de largo plazo que le garantice a esta pujante región del país un servicio eléctrico de calidad y sostenible en el tiempo. Llegó la hora de la verdad. La Costa espera.

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