| 1/19/2017 12:00:00 AM

La peste: Colombia está enferma de corrupción

La corrupción se ha desbordado y ya ni siquiera las cifras sirven para dimensionarla. Un informe de la Procuraduría de octubre del año pasado la ubicaba en unos $22 billones, pero algunos precandidatos presidenciales la estiman en $65 billones al año.

El tsunami que se está gestando alrededor de las confesiones de Odebrecht, considerada una de las empresas más grandes de infraestructura en el planeta, por el pago de sobornos para quedarse con decenas de proyectos a lo largo de América Latina, vuelve a poner a la corrupción en el radar de la opinión.

Al cierre de esta edición, además de la vinculación del ex viceministro de Transporte Gabriel García y del exsenador Otto Bula, se esperaba que fueran divulgados nuevos nombres y que se ‘prendiera el ventilador’ por parte del exfuncionario para revelar a dónde fueron a parar los US$11 millones en coimas pagadas para ganar proyectos en Colombia.

Los escándalos por corrupción no se detienen. Hace apenas unos meses fueron las denuncias sobre la Refinería de Cartagena, con sobrecostos millonarios, y de Bioenergy –la planta de etanol–, que apenas está entrando en operación. Pero a diario las noticias incluyen desfalcos, nuevos carteles y mafias enquistadas en las operaciones públicas y privadas. Interbolsa, SaludCoop, los carteles que se han tomado la alimentación escolar y los que están en productos de consumo masivo; el desangre en la infraestructura de los Juegos Nacionales en el Tolima, las irregularidades en algunos sistemas de transporte masivo, seguido de un etcétera enorme.(Para saber cuánto le cuesta al país, no se pierda el video: Reficar y otros escándalos que nos habrían ahorrado la tributaria)

La corrupción se ha desbordado y ya ni siquiera las cifras sirven para dimensionarla. Un informe de la Procuraduría de octubre del año pasado la ubicaba en unos $22 billones, pero algunos precandidatos presidenciales la estiman en $65 billones al año.

Este nivel de recursos perdidos genera una profunda indignación en la opinión, que pide a gritos sanciones, resultados y la aplicación de las normas o la creación de unas nuevas para hacerle frente a este flagelo. Además, esa furia se vuelve más evidente cuando se conoce que quienes han liderado esos procesos son personas que han tenido acceso a la mejor educación y formación; y empresas que hace apenas unos años eran modelo de estrategia y crecimiento.

Pero el riesgo ahora es que la efervescencia empiece a perderse con el paso de los días, pues se trata, sin lugar a dudas, de uno de los temas claves para resolver en el futuro próximo en Colombia.

La explicación es evidente, pues parece que nadie ha dado con la clave para combatir y terminar con esta peste. Según un informe del Observatorio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, solo uno de cada cuatro corruptos paga cárcel, 25% de los condenados queda con detención domiciliaria y el porcentaje de condenas en firme no supera los dos años. La impunidad es el mejor aliado de la corrupción.

La decisión del Fiscal, el Procurador y el Contralor de hacer un frente común ante los hechos de corrupción es fundamental en el ejercicio de recuperar la confianza en las instituciones y en la Justicia, pero no es suficiente. Será necesario una aplicación más radical de la ley, con normas disuasorias y preventivas, y el mayor compromiso no solo de las entidades del Estado –como las autoridades regionales de vigilancia, consideradas por algunos como cómplices en muchos de los casos de corrupción– sino también del sector privado.

La corrupción es una peste para el crecimiento, el desarrollo económico y la equidad. Se ha convertido en un obstáculo para la economía colombiana, como lo han afirmado el Foro Económico Mundial y el Consejo Privado de Competitividad, y ha sido uno de los factores más problemáticos para hacer negocios en el país durante los últimos diez años, pues “desestimula la inversión y el crecimiento económico, al tiempo que aumenta los niveles de desigualdad, e incluso distorsiona los incentivos del sector público, reduciendo su eficiencia”, dice el reciente Informe de Competitividad del Consejo Privado.

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Agrega el estudio que durante la última década Colombia no ha logrado mejorar en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, e incluso ha empeorado en temas como favoritismo, control de la corrupción, desvío de fondos públicos, sobornos y comportamiento ético del sector privado, entre otros.

De acuerdo con las cifras de Transparencia por Colombia, para 83% de los colombianos la situación en vez de mejorar está empeorando y la crisis se está profundizando.

Ad portas de la intensificación de la campaña electoral por llegar a la Presidencia de la República, la corrupción será ‘el caballo de batalla’ de la próxima elección presidencial. Cada uno de los candidatos tendrá en su agenda fórmulas para enfrentar este cáncer que se está llevando los recursos públicos y acabando la competencia en la contratación pública.

Sin embargo, más allá de un saludo a la bandera y de caer en la tentación de lugares comunes, el país tendrá que asumir con mayor vigor y exigencia las fórmulas para enfrentar la corrupción o, de lo contrario, nos ahogaremos, como lo mencionó recientemente el periodista Juan Gossaín, en el apestoso pantano de podredumbre moral.

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