| 3/5/2010 12:00:00 PM

La carrera por la presidencia

El fallo de la Corte Constitucional devolvió a los colombianos la confianza en las instituciones. Los próximos tres meses serán de debate electoral y puyas entre los candidatos. Hay buenas propuestas, pero también las hay clientelistas y demagógicas. Es deber de cada ciudadano diferenciarlas.

Hace ocho años, Álvaro Uribe Vélez recibió un país descompuesto en el que no creían ni extranjeros ni colombianos. Los indicadores económicos y sociales eran malos, los de orden público, pésimos. Con su programa de gobierno, basado en los pilares de Seguridad Democrática, Confianza Inversionista y Cohesión Social, Uribe logró darle la vuelta al país y puso a Colombia nuevamente en la mira de los inversionistas internacionales. La inversión extranjera directa se multiplicó por cinco durante su gobierno, pasando de US$2.134 millones en 2002 a más de US$10.000 millones en los años 2008 y 2009. La seguridad, su gran victoria, cambió la forma como millones de colombianos vivimos nuestra cotidianidad.

Sin embargo, pese a sus grandes logros, son muchas las tareas que quedan pendientes y deberán ser asumidas por quien suceda a Álvaro Uribe en la Presidencia de la República de Colombia. El empleo, la salud, las pensiones, las finanzas públicas, la infraestructura, la lucha contra la pobreza y la competitividad, son áreas en las que se avanzó poco en estos años. Ellas tienen la prioridad para que Colombia pueda crecer en forma sostenida a tasas que superen el 5% anual, el ritmo que se necesita para que Colombia pase a un nuevo estadio de desarrollo.

Los candidatos hablan de estos temas, pero sus discursos muchas veces son demagógicos y están más encaminados a conseguir votos que a brindar soluciones a los problemas.

El desempleo, que ya asciende a 14,6%, no se resuelve con pañitos de agua tibia, como han propuesto muchos, sino con una reforma estructural que ataque las verdaderas causas de la escasa generación de empleo, así como la informalidad.

La salud requiere una reforma de fondo, que acabe con la corrupción imperante y recupere para los colombianos los principios sobre los cuales se estableció la ley 100 de 1993: un sistema de salud basado en el aseguramiento del riesgo de enfermedad y en el que la prevención debe ser el eje.

El sistema de pensiones del ISS es insostenible y amenaza la estabilidad de las finanzas públicas. Opera como una pirámide en la cual cada individuo que está en los niveles de arriba necesita que entren diariamente cerca de diez nuevos cotizantes. Aún así, la plata no alcanza y cada año el fisco debe desembolsar alrededor de $16 billones (el valor en 2009) para el subsidio de las pensiones de una minoría de colombianos. La cifra se acerca al monto que el Gobierno transfiere a las regiones para inversión, educación, salud y saneamiento básico. Es un hueco negro que se está devorando al país.

La sostenibilidad de las finanzas públicas y la necesidad de crear un sistema tributario más justo es un tema del que se habla desde la creación de la Constitución del 91, en la que se le dieron nuevas funciones al Gobierno, pero no se estableció claramente de dónde saldrían los recursos. Es un punto crítico al que todos los gobiernos le han sacado el quite.

Ni qué hablar del atraso de décadas que tenemos en infraestructura; hoy, una de las grandes barreras a la competitividad de Colombia.

La pobreza y la desigualdad siguen siendo dos grandes lunares de la realidad colombiana. El país no logrará asumir el lugar que le corresponde entre las naciones del mundo si no consigue reducir su magnitud. Pese a las promesas de campaña y de gobierno del presidente Uribe, los resultados no son buenos. Los indicadores se mantienen en los niveles de 2002 y Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo.

Las elecciones al Congreso son también una oportunidad para que cada ciudadano piense en cómo puede contribuir a cambiar el país en estas áreas tan críticas. No todos los que aspiran a ser elegidos cuentan con las capacidades para llevar a cabo las reformas pendientes. De hecho, en un Congreso que se va a renovar en un 50% a 70%, son muy pocas las personas que podrían considerarse aptas para la transformación requerida (ver pág. 22). Votar bien, tanto para el Congreso como para la Presidencia, es un derecho y un deber que ningún colombiano debería ignorar ni, mucho menos, desperdiciar. Hay que hacer presencia.

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