| 3/18/2005 12:00:00 AM

La agenda económica

Sin mucho optimismo en los avances en el tema económico, esta semana se inició la segunda etapa de la legislatura 2004-05. El tiempo es escaso y las prioridades están en otro lado.

El trabajo que le espera al Congreso este año es extenso y complejo. Por una parte, la agenda legislativa, al menos en el tema económico, está rezagada. Por otra, la reforma constitucional, que se aprobó a finales de 2004 y que dio lugar a la aprobación de la reelección inmediata, le exige al Congreso concentrarse en sacar adelante las nuevas reglas del juego de la actividad política y proselitista. Está, además, el proyecto de Justicia y Paz, que sin duda es exigente en términos de tiempo y desgaste de los congresistas.

Esta congestión de la agenda del Congreso y el hecho de que este año sea preelectoral es particularmente grave para los proyectos económicos que, por lo general, son impopulares. De hecho, el gobierno de Uribe, a pesar de haberse comprometido en la campaña con la reforma pensional y la reforma tributaria estructural, dejó por fuera la reforma tributaria en la agenda que anunció para este año. Y no es que seamos hinchas de que se cobren en el país más impuestos, sino que la estructura tributaria actual es injusta e inequitativa y además no logra los recaudos que necesita el gobierno. Pocos pagan, pero todos reclaman beneficios del Estado. Se requiere un esquema más universal en el que más personas estén obligadas a tributar.

La reforma pensional es otro tema, porque sin ella no hay forma de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto se hizo evidente el año pasado cuando en octubre, el ISS se quedó sin reservas y el gobierno tuvo que disponer de sus recursos para cubrir las pensiones. Y tuvo que apropiar en el presupuesto de 2005 para pagar las pensiones de un millón de personas una cifra superior a la que invierte en educación, salud, cultura y saneamiento ambiental para 46 millones de colombianos (py). Esto es solo 2005, hacia adelante la carga aumenta.

Desde el comienzo del gobierno de Uribe, se ha venido trabajando en la reforma del sistema pensional. En 2003 se expidieron dos leyes que pretendían garantizar la sostenibilidad fiscal de las pensiones. La Ley 797, que aumentó la tasa de cotización de los trabajadores y las semanas necesarias para pensionarse y redujo el porcentaje del salario que se recibe como pensión o tasa de reemplazo. Y la Ley 806, que redujo el régimen de transición de 2014 a 2008. Entre las dos leyes se debería generar un ahorro equivalente al 39% del PIB en Valor Presente Neto. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible la modificación del régimen de transición con un costo de 17% del PIB, con lo cual prácticamente hubo que empezar de nuevo.

El año pasado se aprobó en primera vuelta el Acto Legislativo que reforma el sistema pensional del país. Aún falta la segunda vuelta, es decir, cuatro debates. Los puntos de mayor debate fueron los relacionados con el régimen de transición, lo cual no es extraño, pues más de 40 congresistas están cobijados por este régimen que les permite jubilarse a los 55 años (los demás colombianos pueden hacerlo a los 60 años) y con una mesada equivalente al 75% de lo que ganaron el último año de trabajo, que incluye prestaciones, viáticos, primas de transporte, navidad y salud. Por último, se acordó establecer 2010 como fecha para la terminación del régimen de transición. El gobierno había propuesto 2007.

El otro tema difícil fue el de los regímenes especiales que el gobierno propuso acabar a partir de 2007 y el Congreso a partir de 2013. Finalmente, quedó en 2010.

No solo los colombianos estamos esperando avances en la agenda económica. Los mercados internacionales también lo están. Este año hay tranquilidad porque el gobierno tiene asegurado el financiamiento. Sin embargo, si hay algún tropiezo en la reforma pensional y esta no se aprueba, hacia adelante no será fácil conseguir los recursos para financiar las pensiones ni los otros gastos del gobierno.
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