| 4/2/2014 8:00:00 PM

Justicia ciega

El argumento del Consejo de Estado para frenar la venta de Isagen no solamente es errado: es flojo, vergonzoso y dañino. Es otro caso de exceso de las autoridades judiciales en temas económicos que, al parecer, no son capaces de entender.

Con la medida cautelar de urgencia que aprobó el Consejo de Estado para suspender provisionalmente la venta de Isagen, quedó en evidencia la extraordinaria incapacidad de las más altas instancias del poder judicial colombiano para entender los elementos básicos de una discusión económica. De hecho, esta decisión marca un nuevo récord en la historia de la miopía y la incongruencia de dichas autoridades en temas económicos.

El pasado 26 de marzo, la Sección Primera del Consejo de Estado decidió imponer medidas cautelares para suspender la venta de la generadora, con una argumentación que no resistiría un análisis mínimo en un curso elemental de economía.

Al manifestarse respecto a la demanda presentada por Enrique Alfredo Daza respecto a la legalidad del Decreto 1609 de 2013 que ordenó la venta de Isagen, la magistrada María Claudia Rojas Lasso afirma que “resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla”, pues si la empresa fuera vendida y la demanda resultara a la postre exitosa, el Estado colombiano tendría que revertir la operación e indemnizar a los compradores, causando un detrimento patrimonial a la Nación.

Este argumento, en sí mismo, es bien pobre, pues será cierto todas las veces que el Estado pretenda poner en venta cualquiera de sus activos. La pregunta importante es: ¿Por qué podríamos esperar que esta demanda en particular fuera exitosa? La doctora María Claudia Rojas no lo dice.

La doctora Rojas no explica por qué el argumento central del demandante (que la venta de Isagen no aparece mencionada en el marco fiscal de mediano plazo ni en el Plan de Desarrollo) puede ser suficiente para motivar el freno a la operación. La decisión del Consejo de Estado se limita a insistir en que Isagen es una empresa importante, bien administrada y valiosa, al citar resultados operacionales y planes de acción que han sido reportados por la propia empresa. Quizás espera que el lector concluya que, por esos motivos, Isagen no debería ser vendida.

Es absurdo que tras haber ganado la Nación 10 demandas en contra de la venta de Isagen, ahora el Consejo de Estado trunque todo el proceso con un argumento tan flojo y vergonzoso.

Resulta escandalosa la indiferencia de ese argumento respecto a la lógica económica de la venta de Isagen, al tiempo que afirma buscar la defensa del patrimonio de la Nación. ¡Si precisamente el gran perjudicado es el patrimonio del Estado colombiano y el bienestar de los ciudadanos! Esta argucia jurídica ocurrió apenas un día después de que se conociera el interés de siete firmas en participar en la puja de Isagen, tres de ellas multinacionales de gran renombre, lo que auguraba que el proceso iba a ser todo un éxito. Se habían generado las condiciones para que la venta fuera un éxito y generara recursos para ser reinvertidos allí donde hacen más falta, en la infraestructura.

Ahora toca volver a empezar de cero, con el agravante de que una privatización por Ley 226 es un proceso lento. La preparación que habían realizado los actores para participar perderá vigencia en corto tiempo. Ni las valoraciones, ni los estudios, ni las estimativos de flujos de caja servirán después.

¿Cómo es posible que una institución como el Consejo de Estado frene algo tan importante para el futuro del país por una cosa tan ligera? Los recursos esperados por esta privatización –mínimo $5 billones– iban a ser destinados a apoyar la financiación de un plan de más de $40 billones en vías y obras, que es lo que se necesita para superar el principal cuello de botella que enfrenta Colombia para su desarrollo. Una cifra que contrasta dramáticamente con los $120.000 millones anuales que hoy le deja Isagen al país vía dividendos a la Nación. A la luz de esta información ¿cómo puede alguien argumentar que frenar la venta es benéfico para el patrimonio del Estado?

Sin vender Isagen, al Gobierno le va a quedar muy difícil apalancar los recursos que se necesitan para el ambicioso plan de infraestructura. Los recursos de la generadora constituyen una de las columnas que sostienen el modelo financiero de los proyectos, de los cuales depende, entre otros, el respaldo del Estado a los consorcios. También constituye una pésima señal para los bancos extranjeros y multilaterales que estaban interesados en meterse en el negocio.

Los excesos de la justicia siguen pasándole cuenta de cobro al país y a la economía. ¿Hasta cuándo los colombianos nos vamos a aguantar que unos jueces determinen nuestro futuro según su real saber y entender? ¿Cuántos más casos como el de Isagen se necesitan para que los colombianos exijan un mayor control y revisión de los excesos de la rama judicial?.
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