| 3/31/2015 6:00:00 AM

¿Colombia compite?

Son varios los titulares originados por las investigaciones y sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en los últimos días.

Esta entidad ha realizado un esfuerzo loable y efectivo por promover la competencia y defender los derechos de los consumidores colombianos. Pese a estos logros, todavía falta compromiso del Estado para estar plenamente tranquilos en esta materia. Por ello, dos aristas, además de consciencia, educación y cultura, son fundamentales para ensanchar, de una vez por todas, la competencia empresarial del país. Una de ellas consiste en eliminar obstáculos regulatorios todavía existentes, mientras que la otra pasa por realizar modificaciones al marco legal en el que opera la SIC. Veamos por qué.

Sobre la primera arista, ahora que el país está inmerso en grandes discusiones, no está de más la revisión de las talanqueras regulatorias a la libre competencia. Aspecto que es posible constatar revisando algunos sectores, especialmente agrícolas, que todavía gozan de privilegios arancelarios, restricciones de ingreso de productos foráneos y mecanismos de estabilización de precios, que en conjunto generan enormes costos sociales. No tiene sentido que el país maneje un doble discurso: por un lado sanciona a quienes no compiten y por el otro perpetúa esquemas paternalistas.

Un ejemplo “concreto” es el de la construcción de carreteras, en el que la tributación genera una competencia desigual. Mientras que el asfalto, cuya principal materia prima es el bitumen producido por Ecopetrol, está exento del IVA, el concreto sí paga este gravamen. Sin entrar en la discusión técnica sobre cuál material es mejor y bajo qué circunstancias, es claro que en este mercado la petrolera estatal goza de beneficios que crean incentivos para preferir el asfalto.

La solución pasa por gravar de la misma manera los dos productos. El mercado escogerá, basado en necesidades financieras y técnicas, cuál material utilizar.

La segunda arista, para seguir por la ruta trazada, consiste en apoyar modificaciones al marco legal en el que opera la SIC. Al respecto, están pendientes dos reformas que fortalecerían la institución. La primera consiste en establecer un periodo fijo para la autoridad de supervisión, tal como ocurre con los codirectores del Emisor. Como es sabido, el Superintendente es nombrado por el Presidente y su cargo es de libre nombramiento y remoción. La existencia de este esquema tiene sus riesgos. En el futuro podría presentarse el caso de un servidor público que, por cumplir a cabalidad su función, pise algún callo, sea relevado del cargo y deje al garete la protección de la competencia y los consumidores. Ya ha pasado en la SIC y en la Superintendencia Financiera.

El segundo consiste en dar verdaderas herramientas que persuadan a eventuales infractores. Actualmente las sanciones tienen un límite de 100.000 salarios mínimos ($65.000 millones), cuando deberían depender, tal como ocurre en varios países europeos, de un porcentaje de las ventas anuales o de los ingresos operacionales. Una empresa que tiene ingresos operacionales de $5 billones al año no es disuadida con el tope máximo de sanción de la SIC, pero lo sería si el techo fuera 20% de sus ingresos operacionales ($1 billón).

Competencia equivale a precios más bajos y mayor oferta de productos para los consumidores. Un ejemplo fue el cambio en el sector asegurador en 1990, que hasta ese momento era regulado tanto en el valor de las primas como en los tipos de producto y las coberturas ofrecidas. Además, la participación de aseguradoras extranjeras estaba restringida. Antes de los noventa las reuniones de aseguradores giraban en torno a definir los precios de “mercado” para sus productos.

A partir de ese año, las prácticas que antes eran legales fueron prohibidas. Para 1991 el valor total de las primas de seguros cayó 8% en términos reales. Al parecer, se operaba a precios superiores a los de mercado. Con el paso de los años se promovió aún más la competencia, se diversificaron los productos, se adoptaron estándares internacionales, y llegaron nuevas aseguradoras extranjeras, con el ánimo de ganar participación de mercado. Hoy es constante la entrada de nuevos jugadores, tanto así que ya no se ve como una gran novedad este hecho. ¿Qué hicieron las empresas locales ante esta “amenaza”? Compitieron con tarifas, mayor oferta de productos y mejor servicio para satisfacer a los consumidores. No hubo marchas ni bloqueo de vías.

Así las cosas, meterle el acelerador a estos temas redundará en bienestar y eficiencia. Garantizar un sano régimen de competencia permitirá que los consumidores tengan una amplia oferta de productos y servicios con mejores precios. La consigna debe ser ¡Competir! ¡Competir! ¡Competir!
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