| 11/9/2017 12:01:00 AM

Interbolsa: cinco años después

Este caso, sin duda, icónico en el escenario bursátil y financiero del país, no puede quedarse apenas como una anécdota en la historia. Tenemos que aprender de las lecciones y sancionar ejemplarmente a los culpables.

A principios de noviembre se cumplieron cinco años del mayor descalabro bursátil en la historia reciente del país. La caída de la otrora poderosa comisionista InterBolsa y todo su conglomerado, al incumplir un pago por $20.000 millones cuando le fue insostenible mantener la espiral con el precio de la acción de Fabricato. Sus apuestas se vinieron al piso, pero esa fue apenas la punta del iceberg. Semanas después se evidenciaron las operaciones con el Fondo Premium y otras movidas que develaron todo un sofisticado entramado de estructuras, movimientos e inversiones.

Rodrigo Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado y Alessandro Corridori, entre muchos otros, jugaron papeles protagónicos en el derrumbe de esta gigante –la firma comisionista de bolsa más grande del país y que manejaba cerca de la tercera parte del mercado de acciones–.

La operación dejó miles de víctimas. De acuerdo con el libro Interbolsa, segunda temporada, de la periodista Gloria Valencia, el descalabro del Grupo InterBolsa y el Fondo Premium indicaría que entre clientes de las filiales, proveedores y acreedores, el número de víctimas superaría las 15.000.

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Este proceso en el que las responsabilidades administrativas, civiles y penales se han investigado, los mayores avances vienen por las primeras.

Después de un lustro de haberse conocido este caso, para el Gobierno la parte administrativa quedó cerrada, en un proceso que fue calificado por el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, como exitoso. En la liquidación del Fondo Premium se recuperaron bienes por $385.000 millones que permitieron cubrir las acreencias de más de mil víctimas de este proceso de captación irregular. También se liquidó la holding InterBolsa S.A., proceso en el que se recuperaron $58.000 millones, que representan 65% de las inversiones de algunas víctimas en los títulos de Luxemburgo, otra arista del descalabro. Y para 500 víctimas de la Sociedad Comisionista InterBolsa que reclamaron cerca de $250.000 millones solo se recuperaron $65.000 millones.

A pesar del esfuerzo de las autoridades, las víctimas no están satisfechas: ha sido un proceso desgastante, donde en los casos de recuperación solo fue del capital, pero casi todos argumentan –con razón– el lucro cesante de recursos congelados por 5 años, el daño emergente y daños morales e incluso físicos, pues muchos de ellos se enfermaron durante el proceso y se han visto seriamente afectados.

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Mientras tanto, la etapa penal se ha retrasado por dilaciones en los procesos buscando, al parecer, la prescripción de algunos delitos.

Pero, además de las investigaciones, su impacto ha sido evidente: el mercado de acciones ha venido decreciendo y, en general, la actividad bursátil está relativamente estancada.

Aunque no cabe duda de que la desaceleración en la economía ha impactado la dinámica, también es cierto que el caso de InterBolsa agrietó el sector y minó el activo más valioso en el sector financiero: la confianza.

El país debe aprender sus lecciones y ya algunas han empezado a evidenciarse: una ley de conglomerados, que algunos aseguran que si hubiera existido en 2012 habría permitido hacer la trazabilidad de las operaciones en el exterior, y una regulación más exigente que, a juicio de algunos jugadores del sector, hoy podría estar sobredimensionada y golpeando los costos de los corredores.

Escándalos como los de las libranzas extrabancarias, con protagonistas como Estraval y Elite, y las permanentes amenazas de captadores ilegales, siguen hoy asechando al mercado. Las acciones de las autoridades por develar estos entramados de corrupción corporativa se deben intensificar y el mensaje de la Fiscalía al incorporar más de un centenar de contadores forenses es una buena señal.

Pero hay otras lecciones y tareas pendientes que tanto para el Gobierno como para el sector será necesario adelantar. Una, y sobre la cual han venido trabajando la mayoría de las empresas, está relacionada con alcanzar mejores prácticas en materia de gobierno corporativo, definir los alcances de los revisores fiscales y contar con auditorías menos flexibles. Otra es incrementar y fortalecer los niveles de educación financiera en el país. El año pasado, en uno de sus tradicionales informes, Anif reportó que apenas 3% de la población colombiana ha recibido educación financiera. Y, finalmente, buscar mecanismos para darle un nuevo impulso y tracción al mercado de valores. Hoy, entre distintos jugadores del sector financiero, circula un documento elaborado por el exministro Luis Fernando Alarcón que busca convocar al Gobierno, supervisores y actores del sector para realizar una nueva Misión del Mercado de Capitales. La más reciente fue en 1995.

Este caso, sin duda, icónico en el escenario bursátil y financiero del país, no puede quedarse apenas como una anécdota en la historia. Tenemos que aprender de las lecciones y sancionar ejemplarmente a los culpables.

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