| 6/1/1995 12:00:00 AM

Igual al África

NI SIQUIERA LLEVA EL país cuatro años de la nueva Constitución cuando ya se está pensando modificar radicalmente el ordenamiento institucional recién creado. Se trata de otra de las innumerables promesas rotas del actual presidente, quien durante su campaña prometió perfeccionar la Constitución de 1991, construir sobre esas bases y utilizar a su vicepresidente para tales propósitos.

Los irresponsables reformadores de turno tratan al país como si fuera un conejillo de indias para realizar experimentos constitucionales y en nada les importa los altísimos costos de una permanente y rampante incertidumbre y anarquía jurídica. Ninguno de estos irresponsables reformadores fue elegido con el mandato popular de cambiar la Constitución de 1991. Ninguno buscó ese mandato en su campaña electoral. Están usurpando las funciones del constituyente primario, que es el pueblo.

Sólo en Africa, un continente envuelto en permanentes guerras civiles, se cambian las reglas de juego cada vez que hay un nuevo gobierno. Y en esta ocasión todo indica que se trata de una confabulación de los personeros más corruptos y retardatarios de la política colombiana para acabar con lo mejor de la Constitución de 1991. Y la razón es simple: la actual Constitución tiene unos mecanismos de control y de separación de poderes que los incomoda y asusta.

En el plano económico estos improvisados reformadores tratarán, por la puerta de atrás, de desmontar la independencia de la junta Directiva del Banco de la República, apoyados solapadamente por un presidente que también parece dispuesto a romper otra más de sus promesas de campaña, la de mantener esta independencia. Todo para dar rienda suelta a un irreal y demagógico programa de gasto público que, de llevarse a cabo, pondría a la economía patas arriba. Y ahí sí el parecido con Africa, no la del Sur sino la Ecuatorial, sería total. En el plano político, se trata también de echar marcha atrás y acabar con las inhabilidades de los congresistas, con la Corte Constitucional, con los controles de la justicia sobre la actividad política y con la prohibición a los auxilios parlamentarios. Ese es, ni más ni menos, el fondo de la cuestión.
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