| 5/15/2009 12:00:00 AM

Gasto en defensa y seguridad

Extender el impuesto al patrimonio bajo las condiciones actuales para financiar el sobrecosto de la seguridad no puede ser una opción. La solución debe incluir un número mayor de colombianos.

La discusión acerca de la financiación de la seguridad y defensa del país ha sido tradicionalmente un tema reservado a los despachos de los Ministerios de Defensa y Hacienda. La sociedad civil se ha involucrado poco en esta discusión y su papel ha sido más bien el de espectador pasivo, tanto en lo que se refiere a las magnitudes invertidas como a la eficiencia de la gestión.

Afortunadamente, este tema crucial está hoy en el centro de la discusión pública, a raíz del discurso pronunciado por Luis Carlos Sarmiento en un foro reciente sobre el futuro estratégico de la Defensa y la Seguridad en Colombia.  

En su discurso, el doctor Sarmiento resaltó los logros alcanzados por las Fuerzas Armadas en los años recientes y llamó la atención sobre la necesidad de que el país asuma la seguridad como un problema estructural y no como uno de choque, como lo ha venido haciendo hasta ahora. Según el empresario, el tema del que debemos ocuparnos no es el de las estrategias temporales para manejar problemas de excepción, sino el de la provisión de un servicio normal y habitual de seguridad, como el que tienen derecho a esperar todos los pueblos de la tierra.

Desde comienzos de los años noventa, buena parte del incremento en el gasto en seguridad y defensa ha provenido de impuestos ocasionales. Primero tuvimos los bonos de seguridad, luego la sobretasa al impuesto de renta y, en esta década, los impuestos al patrimonio líquido.

Con estos recursos extraordinarios, entre 2002 y 2008, Colombia amplió su pie de fuerza en un 40%, hasta completar hoy unos 430.000 efectivos, e invirtió en nuevos equipos.

Todo esto, sin duda, fue necesario para mejorar las condiciones de seguridad y convertir a Colombia en un país viable.  

Sin embargo, a pesar de lo que se ha invertido en estos años, todavía hay mucho trabajo por hacer, tanto para seguir mejorando los indicadores de seguridad, como para evitar que se vuelvan a deteriorar. Todo indica que Colombia tendrá que mantener de forma permanente el gasto en seguridad y defensa que tiene actualmente. De acuerdo con el Ministerio de Defensa y el DNP, las inversiones realizadas en los últimos años generan obligaciones de gasto para los siguientes 40 años. El cómo lograrlo se convierte en una pregunta crucial.

El gasto total en seguridad y defensa, incluyendo el Plan Colombia, asciende hoy a 5,6% del PIB. El llamado gasto ocasional, que se financia con el impuesto al patrimonio y los recursos del Plan Colombia, llega un punto de este porcentaje.

Dado que la Ley 1111 de 2006 (que gravó los patrimonios líquidos superiores a $3.000 millones con una tasa anual de 1,2%) vence en el año 2010, es indispensable encontrar la forma de reemplazar estos recursos, que valen al año alrededor de 0,45% del PIB ($2,15 billones).

Hay tres alternativas básicas. La primera es extender el impuesto al patrimonio en las mismas condiciones que tiene actualmente, gravando 3.000 empresas únicamente. La segunda es extender este impuesto, pero ampliando la base y volviéndolo progresivo para tener más contribuyentes tributando. La tercera es aumentar la tasa del IVA en dos puntos (cada punto de aumento en este tributo vale entre $1 billón y $1,3 billones). Una posibilidad adicional podría ser una combinación de las dos últimas.
 
Solamente la segunda y la tercera alternativa tienen sentido, pues no es razonable que el sobrecosto de la seguridad, que afecta a toda la población, lo tengan que pagar 3.000 empresas de forma permanente. Esto no es ni siquiera constitucional, en la medida que la Carta exige progresividad en la tributación. Además, no es conveniente ni sostenible en el largo plazo, porque dicha fórmula no permite que la población asuma la responsabilidad por su propia seguridad. Mientras la situación siga igual, los colombianos seguirán esperando que un tercero les resuelva este problema básico, el cual define la viabilidad misma de su país. Tenemos que asumir el problema, y pronto.
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