A esta altura del paseo ya está claro que la economía colombiana no va tan bien como se creía hace pocos meses. También está claro que no serán ni la industria, ni la minería, ni la agricultura, ni las exportaciones, ni las ventas a Venezuela las que permitirán generar una dinámica que compense el bajo crecimiento de la economía global. En este año, la gran apuesta colombiana está realmente en un solo caballo: la inversión en infraestructura y obras públicas.
Las manufacturas están de capa caída. La producción industrial se desplomó 4,1% en noviembre del año pasado y la competencia internacional nos está devorando gracias al dólar barato. El balance externo es dramático: la diferencia entre exportaciones e importaciones manufactureras se acerca a los US$30.000 millones, lo que significa que por cada dólar exportado, importamos cuatro
(ver detalles en el artículo Peligro inminente).
No en vano, la confianza de los industriales está por el suelo, como lo ratifica la última encuesta de Fedesarrollo.
También está claro que la minera está lejos de ser una “locomotora”. Varias empresas del sector han comenzado a reducir sus inversiones en el país, las exportaciones de carbón se están debilitando, el Código Minero corre riesgo de caerse el próximo mes de mayo y se cocina una posible huelga en el Cerrejón que podría asestar un golpe decisivo al PIB del sector
(ver carátula).
A pesar de tener un enorme potencial, el desarrollo de instituciones, talento humano e información geológica y ambiental en este sector está en pañales. Colombia no ha logrado adelantar un gran proyecto minero en décadas. Cerrejón, Cerro Matoso, Drummond y Mineros son todas iniciativas del ‘paleolítico’ ochentero.
El crecimiento tampoco va a venir del sector agropecuario, devastado con la revaluación del peso y víctima de la enfermedad holandesa. Y tampoco vendrá de las exportaciones al resto del mundo, cuando Estados Unidos apenas logra sobrevivir y Europa sigue extraviada en su laberinto.
La tabla de salvación en un horizonte inmediato está en la inversión en infraestructura. La gran apuesta del Gobierno son las concesiones de Cuarta Generación, con inversiones por $44 billones en los próximos años. Sin embargo, en el corto plazo los proyectos nuevos no brindarán un gran empuje para el resto de la economía. Los primeros cuatro proyectos solo estarán adjudicados en septiembre de este año y luego vendrán doce meses de trámites de licencias y adjudicación de predios, antes de poder iniciar las obras y ver el primer tractor andando
(ver detalles en el artículo Cuentas alegres).
El aporte de la infraestructura para este año tendrá que venir de los actuales contratos en ejecución. El más importante de todos es la Ruta del Sol, pero allí también hay problemas. El primer sector, entre Villeta y Puerto Salgar, está en serios líos, pues no hay arreglo entre el gobierno nacional y el consorcio Helios para construir los primeros 20 kilómetros de la vía. También hay inconvenientes en el tramo 3, comprendido entre San Roque y la ye de Ciénaga. El único que salva la patria es el tramo 2, donde las obras están avanzando.
Otro proyecto en ejecución es la doble calzada Buga-Buenaventura. Allí los atrasos son evidentes en varios tramos, por cuenta de los problemas registrados con las comunidades raizales e indígenas. También persisten los líos en el Túnel de la Línea, una obra que ya superó 50% de la excavación. A las talanqueras ambientales se suma la dificultad para encontrar los equipos de ventilación del túnel.
La Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), en Bogotá, avanza muy lentamente. La Gobernación de Cundinamarca terminará a mediados de este año un par de puentes sobre el río Bogotá, pero el Distrito aún no define la hoja de ruta para habilitar un tramo de esta vía.
Hay esperanzas, en cambio, en la construcción de dobles calzadas, cuyos contratos de concesión fueron suscritos en su mayoría en la era Uribe. Este año se entregarán 300 kilómetros y el año entrante otros 427 kilómetros.
La construcción de infraestructura es la gran apuesta este año. Es vital que no ocurra un gran desastre financiero como los que se dieron en una larga lista de grandes obras en Colombia. Son muchos los ejemplos: Commsa, Transmilenio de la 26, la doble calzada Bogotá-Girardot, la ruta Briceño-Tunja-Sogamoso, la construcción del Metro de Medellín, los corredores arteriales de competitividad que requirieron recursos adicionales en este gobierno y hasta el Plan 2.500, que Andrés Uriel dejó desfinanciado.
Sin duda, Luis Andrade, de la Agencia Nacional de Infraestructura, y la Ministra Cecilia Álvarez están haciendo sus mejores esfuerzos. Sin embargo, ¿los están haciendo también sus contrapartes? ¿Los interventores de las obras? ¿Los jueces que fallan las expropiaciones de predios? ¿Dónde están el conocimiento y las competencias indispensables en todos los niveles para que este sí pueda ser un caballo ganador en la carrera por dinamizar la economía colombiana?