| 10/12/2017 12:01:00 AM

El que paga por pecar

Hace un par de semanas se conoció el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), que trajo para Colombia noticias preocupantes. Aunque en términos absolutos nuestro país mantuvo la misma calificación, otros lograron avanzar más rápido y hubo 5 –en especial de Europa del Este– que se ubicaron por encima de nosotros, llevando a Colombia del lugar 61 al 66 en la clasificación general.

Al observar dónde están los mayores escollos, el análisis pasa por distintos frentes. Para el FEM, Colombia se define como un país de desarrollo económico medio, eso implicaría que en la mayoría de los ítems no debería ubicarse en los lugares donde está hoy. Por ejemplo, en condiciones básicas hay factores como infraestructura o salud y educación primaria en los que ocupa los puestos 87 y 88, respectivamente, entre 137, cuando –por su tamaño, población y PIB– debería estar mucho más arriba, dada la consideración del Foro.

En el pilar de condiciones básicas hay un ítem cuyo resultado llama poderosamente la atención y pareciera poner en evidencia algo grave que está pasando actualmente en el país: la calidad de las instituciones. Esta es la forma en que los colombianos interactuamos con el Estado y donde hay variables desde la corrupción hasta el pago de impuestos, la relación del sector público y el privado, la inseguridad y la forma de hacer negocios. El resultado es dramático: el país ocupó el lugar 117 y perdió 5 puestos en el ranking.

Dentro de los factores que dificultan la forma de hacer negocios, la corrupción alcanza la mayor calificación, con 17,6, seguida de las tasas impositivas, con 14,2, y la ineficiencia de las instituciones del Gobierno, con 9,2. Que la corrupción sea la variable que más se interpone para crecer, hacer negocios y generar valor agregado en un ambiente competitivo y sano, prueba que la situación del país es crítica.

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De acuerdo con el Índice Global de Competitividad, en una escala de 1 a 7 –siendo 7 el mejor desempeño– Colombia registra un valor de apenas 3,45 en términos del comportamiento ético de las firmas en su interacción con otros actores públicos y privados. A pesar de que el país supera a México, Brasil y Argentina en esta dimensión, solo queda ligeramente por encima del promedio de América Latina, y muy alejado del promedio de países de la Ocde.

"Aún más preocupante es el hecho de que Colombia ha caído drásticamente en este indicador de comportamiento ético empresarial en la última década: mientras en 2006 Colombia se ubicaba en el puesto 34 entre 122 países en este indicador –con un puntaje de 4,69– en 2016 ya se encontraba en el puesto 104 entre 138 países. Lo anterior pone en evidencia el deterioro que se percibe en términos de buenas prácticas corporativas para evitar la corrupción privada, hecho que constituye un delito desde el establecimiento del Estatuto Anticorrupción", dice el Informe del Consejo Privado de Competitividad de 2016-2017.

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Cada día sorprenden más los casos de irregularidades, tanto del sector público como del privado. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para investigar, identificar y condenar a muchos de los protagonistas de los casos más emblemáticos, eso no parece ser suficiente. La dificultad que entraña el problema es que la manera eficaz de enfrentar la corrupción no implica solo encarcelar a los responsables. La corrupción es un fenómeno social; es decir, que expresa un estado de cosas de la comunidad. La afirmación no implica que la responsabilidad se diluya y que nadie tenga autoridad moral para denunciar o erradicar las malas prácticas. La naturaleza social de la corrupción implica que encontrar salidas al problema es tarea de todos.

Es aquí donde queda en evidencia el rol clave de los empresarios en buscar soluciones y ponerlas en práctica. Además de avanzar en reformas, establecer nuevos diseños institucionales para hacer más transparentes los procesos de compras, las licitaciones y las relaciones entre el sector público y el privado, el país debe trabajar en un asunto en el que Colombia brilló años atrás: el ejemplo. La discusión sobre los comportamientos corporativos pasa porque las empresas y sus propietarios establezcan con claridad hasta dónde están dispuestas a llegar en el cumplimiento de sus principios de ética corporativa, qué mensajes componen su estrategia para hacer utilidades; cuáles son las ideas que rigen en general su comportamiento en los negocios y si están dispuestos a cumplir con las reglas que en materia de impuestos, cargas laborales y pago de servicios ha establecido el país. Es necesario recordar el adagio popular según el cual es tan culpable el que peca por la paga como el que paga por pecar. En este frente la tarea por hacer es enorme.

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