El Paquete

| 11/24/2000 12:00:00 AM

El Paquete

La obsesión del Ministro de Hacienda por la reducción del déficit fiscal para los casi dos años restantes del gobierno está bien fundada. En los momentos de afugia financiera internacional que nos esperan, ciertamente el riesgo para el país de tener un déficit del gobierno central por encima del 6% es demasiado alta y sus posibilidades de financiarlas demasiado limitadas. Sin embargo, la estrategia de reducción de ese déficit, es decir, el paquete, está dejando mucho qué desear.



El gobierno sigue posponiendo la reducción del gasto central. Esta promesa se repite más que la de la política de choque contra el desempleo, y se cumple menos. El acto legislativo, más que reducir las transferencias territoriales las estabilizó en términos reales por los próximos 6 años y eliminó el criterio de pobreza para su asignación. La intención de presentar una norma de responsabilidad fiscal para corregir las fallas estructurales del gasto y del déficit desaparecieron con un infortunado artículo, que también impedirá el descenso del gasto de funcionamiento del gobierno central en los próximos 6 años. Más que para reducir el gasto central y territorial, el proyecto le está poniendo un piso al mismo. El gobierno, además, no ha podido concretar una propuesta moderna de reforma de la seguridad social, pero sus indecisiones tienen en pánico a los fondos de pensiones y a las entidades promotoras de salud.



En estas condiciones, la atención del Ministro terminó concentrada casi exclusivamente en conseguir $3,8 billones por medio de una reforma tributaria. El trámite de la reforma marcha raudo en el Congreso, y el pliego de modificaciones del proyecto inicial acaba de ser presentado para dar paso a su votación. Pero el resultado final de la interacción con el Congreso ha generado una reforma altamente inconveniente. Por su excesivo tamaño, la sustracción de $3,8 billones del sector privado asegura una reducción del crecimiento económico del al menos 1 punto del PIB para el año entrante. Pero más delicado, la reforma introduce unos estímulos francamente equívocos para el crecimiento de largo plazo. Al proponer unos aranceles encubiertos, se termina por castigar las exportaciones y la compra de bienes de capital. Al eliminar el incentivo tributario para las ganancias reinvertidas y establecer un IVA del 10% para la vivienda nueva, se castiga la inversión. Al olvidarse de los estímulos al ahorro y a la capitalización y, por el contrario, aumentar el impuesto a las transacciones financieras al 4% y hacerlo permanente, se dificulta aún más la movilización de recursos para la actividad económica. Con más impuestos al ahorro, la inversión y las exportaciones, la tasa permanente de crecimiento de la economía se reduciría por lo menos otro punto. El país está sacrificando el crecimiento de corto y largo plazo con el paquete fiscal que quedó convertido en una mala reforma tributaria.



El Ministro tiene que tomar más en serio la reducción de corto y largo plazo del tamaño del gasto público, y lograr que la estructura tributaria genere los incentivos correctos para acelerar el crecimiento económico y la equidad. Seguir castigando con impuestos el crecimiento y la creación de riqueza para prolongar la irresponsabilidad fiscal puede servir para quedar bien frente al Congreso. Pero es pésima política económica para el país. El valor del Ministro Santos de gastar su capital político en decisiones difíciles es loable. Pero debe aplicarse mejor. Lo crítico es aprovechar la crisis para avanzar, y no para retroceder. Lo importante no es sacar reformas, sino sacarlas bien. El paquete no puede ser tan paquete.
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