| 4/12/2006 12:00:00 AM

El impuesto de Uribe

Nada más perverso para la inversión que un impuesto al patrimonio. Si el Presidente quiere recaudar más recursos para la seguridad democrática, debe hacerlo por la vía de la reforma tributaria estructural.

La realización de una reforma tributaria estructural, que permita conciliar los ingresos que recibe el gobierno con sus gastos, ha estado en la agenda de las últimas cuatro administraciones. En Colombia venimos hablando de eso desde hace más de una década, cuando empezó a sentirse el impacto de la Constitución de 1991 sobre las finanzas públicas.

El tema ha sido tan discutido durante tantos años en foros, seminarios, estudios y misiones especiales, que los colombianos prácticamente recitamos cómo es la reforma tributaria estructural que necesita el país. Que debe ampliarse la base de contribuyentes, que deben acabarse las exenciones, que el IVA debe ser generalizado. Etcétera.

A pesar de las recomendaciones de analistas locales y del exterior, la reforma no se ha llevado a cabo. Las razones fundamentales han sido la decisión política del Ejecutivo y la falta de ambiente en el Congreso para una reforma de esta envergadura. Hasta ahora se han hecho minirreformas tributarias, puramente cortoplacistas, con el fin de recaudar recursos para el año siguiente. La inestabilidad en la legislación tributaria pasó a ser el statu quo.

Con el triunfo del uribismo en las elecciones legislativas y con la casi certeza de la reelección del presidente Álvaro Uribe, pensamos que se acercaba por fin el momento para la reforma. No se había visto un Presidente que tuviera una popularidad tan alta, ni unas mayorías tan sólidas en el Congreso, ni mucho menos las dos cosas al mismo tiempo.

Para sorpresa de todos, sin embargo, la tan anhelada reforma, que veíamos segura, parece que se va a enredar. La reciente propuesta del presidente Uribe de establecer un nuevo tributo sobre el patrimonio es el anuncio que podría aguar la fiesta.

El argumento es que han sido los ricos, o las empresas, quienes se han beneficiado de la política de seguridad democrática. Sin embargo, para fortuna de todos, la seguridad democrática es un bien público que le agrega valor a toda la sociedad. El costo de mantenerla debería distribuirse entre todos los colombianos mediante un sistema tributario que grave a cada uno de acuerdo con sus capacidades, y no solamente a unos pocos. Incrementar los sesgos de nuestro sistema tributario contra la inversión, que ya son bastante grandes, no le conviene a nadie. De esto no se van a beneficiar los trabajadores, ni tampoco la propia política de seguridad democrática.

Esta política debe ser parte del programa del gobierno y su financiación debe incluirse en el Presupuesto Nacional. No es un gasto temporal, sino permanente. Se debe abrir el espacio fiscal para que la seguridad democrática sea financiable. Hacer lo contrario equivale a enviar a los inversionistas del mundo el mensaje de que la política no es sostenible.

El mensaje de una reforma estructural de largo plazo, bien planteada, con miras a generar los ingresos que se requieren para llevar al país a esta nueva etapa, es bienvenido y atrae la inversión. Por el contrario, un mensaje de reformas puntuales para financiar proyectos atomizados del gobierno genera desconfianza y demora la inversión. Nadie quiere aumentar su patrimonio para que al poco tiempo sea gravado, bajo el eslogan de que se trata de un impuesto para los ricos. Nadie cree tampoco que este sea un impuesto de una sola vez. En Colombia, no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Eso está demostrado.

Uribe tiene el capital político para hacer las reformas que el país requiere. No debería desperdiciarlo con propuestas populistas, como la del impuesto para los ricos y la no generalización del IVA.

No hay razón para que en Colombia sean siempre los mismos los que pagan los impuestos. Hay que ampliar la base de contribuyentes. Hay que asumir el reto de sacar adelante una reforma tributaria estructural.
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