| 11/11/2015 7:00:00 PM

Editorial: Cortocircuito

El pasado 10 de noviembre el Gobierno anunció medidas para alejar el fantasma del apagón y reforzar la oferta de energía, en momentos en que el Fenómeno del Niño ha dado una tregua y las lluvias han vuelto a varias zonas del país.

Aunque el Gobierno ha descartado la posibilidad de un racionamiento, las sombras del apagón aún se mantienen, pues El Niño se intensificará una vez pase esta corta temporada de lluvias. Un nuevo racionamiento pondría en jaque la economía, en medio de una desaceleración que hasta el momento ha sido controlada. Por eso, no hay que bajar la guardia y se debe profundizar en las campañas de ahorro de energía y garantizar que las plantas térmicas estén en operación para enfrentar la época de mayor sequía.

Sin embargo, más allá de las decisiones de corto plazo para evitar que Colombia reviva el apagón de 1992 –que le costó al país $12 billones y que hoy representaría cerca de $20 billones–, esta coyuntura se convierte en un punto de inflexión para determinar qué nos llevó a tan angustiosa situación y hacia dónde deben enfocarse los esfuerzos para garantizar la energía que el país requiere para crecer.

La polémica surgió porque las pérdidas de las térmicas, estimadas en $3,3 billones en los últimos meses, se ‘socializaron’ y los usuarios tendremos que pagar $1,1 billones de ellas, vía aumento en tarifas.

Además, el cargo por confiabilidad, que viene desde 2008 y busca garantizar que las generadoras tengan la energía disponible para atender la demanda en los más adversos escenarios, mostró vulnerabilidades. Ese ‘seguro’ no funcionó, a pesar de que los colombianos pagamos cerca de $14 billones para contar sin sobresaltos con el servicio de energía y, además, tuvimos que asumir el ‘siniestro’.

Algo falló en el modelo regulatorio. No quedó claro qué tan robusto es el cargo por confiabilidad, ni el cálculo de conceptos técnicos como el precio de escasez, ni por qué no se vigilan los recursos que los usuarios pagaron. 

Este punto ha tomado vuelo en los últimos días, y los generadores han explicado que los recursos se han destinado a la operación y la inversión en las plantas. No obstante, el mismo Tomás González, ministro de Minas y Energía, señaló que Colombia tiene el derecho a conocer qué pasó con el dinero del cargo por confiabilidad.

En este aspecto el papel de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene la palabra para hacer seguimiento a lo que ha pasado. Sin embargo, en un reciente comunicado, la Superservicios asegura que la regulación que adopta la remuneración del cargo por confiabilidad no establece función a esa entidad para vigilar los ingresos que reciben los generadores térmicos que ofrecieron obligaciones de energía en firme.

Agrega el pronunciamiento que la entidad vigila que las empresas cobren las tarifas autorizadas por la regulación, “más no el destino que se les dé a los recursos; sin embargo, se vigila que se cumpla con los estándares en la calidad del servicio”.

Allí surgen nuevas preguntas: ¿dónde está el control? ¿Qué se vigila y qué no? ¿Tiene la Superservicios los dientes suficientes para ejercer una mayor vigilancia a estas empresas de servicios públicos? ¿Será necesario que se implementen mecanismos de constitución de reservas similares a los que existen en la industria aseguradora?

Las críticas son varias en la coyuntura: una respuesta tardía del Gobierno, cuando desde septiembre ya se empezaba a conocer la situación financiera de algunas térmicas, cuyo modelo de negocio no las hacía viables, dados los altos costos de los combustibles, y que coincidió con el proceso electoral para elegir alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas; y la falta de disponibilidad de gas para atender la demanda térmica, que se sumaron a un fenómeno climático más intenso de lo previsto.

La situación es complicada, pero en los últimos días ha sido paliada por algunas buenas noticias: los aguaceros recientes han permitido recuperar los niveles de los embalses y ubicarlos en 65%; además, antes de finalizar el año entran en operación más de 700 nuevos megavatios de generación que reforzarán el sistema y se han generado incentivos tributarios para la inversión en fuentes no convencionales de energía.

No obstante, este sin duda no es un momento fácil para el ministro González, quien deberá garantizarles a los colombianos que habrá respuestas a los interrogantes. Aclarar cómo llegamos a esta circunstancia y determinar quiénes son los responsables, pero más importante hacia adelante: ¿cómo vamos a enfrentar situaciones similares para encaminar nuevamente al sector que fue durante muchos años uno de los de mostrar en la economía nacional? 

Ya con una mirada de mediano y largo plazo, se ha venido hablando de entregar el cargo por confiabilidad a las plantas más eficientes, que en el caso de las térmicas están más enfocadas a la generación con carbón. Allí, el Ministerio de Minas y Energía deberá articular con el de Ambiente cómo se ejecutará esa política con miras a los compromisos que ha anunciado el Gobierno de reducir 20% de sus emisiones a 2030.

El final de esta historia está pendiente. Y, como nos corresponde, haremos seguimiento a la novela sobre el sector eléctrico colombiano.
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