| 6/10/2015 8:00:00 PM

Editorial: ¿What’s in a name?

Las políticas públicas del país deben propender hacia la búsqueda de competencia de los sectores productivos; solo así es posible tener una producción nacional atractiva internacionalmente en términos de calidad y precio.

Quizá la línea más citada y recordada de Romeo y Julieta de William Shakespeare es la siguiente: “¿Qué hay en un nombre? Aquello que llamamos una rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce”. En ella, el joven Romeo sostiene que la belleza y la dulzura de Julieta son independientes de su origen familiar. Podría pecar de romántico pensar que las palabras usadas para describir determinada práctica económica no van a tener un impacto sobre la percepción del público y –eventualmente– influir en el fallo final de un juez.

Tal es el caso del uso indiscriminado de la palabra “cartel” al referirse a prácticas que restringen la competencia. Especialmente en un país en que dicha palabra ha sido asociada con uno de los grandes lastres de la historia: el narcotráfico.

Cartel es un pacto informal de unos productores para excluir ilegalmente a otros competidores o manipular un determinado mercado a su favor.

Ejemplo de ello es la reciente manipulación de la tasa Libor negociada en Londres y que le ha costado millonarias multas a los bancos JP Morgan, Barclays, RBS, Deutsche Bank y Citigroup. Sorprendentemente, uno de los elementos que los delató fueron sus mensajes de texto internos, uno de los cuales decía “si no estás haciendo trampa es porque no intentaste lo suficiente”. En este caso, el apelativo cartel es aplicable, ya que unos individuos acordaron realizar acciones ilegales que afectan el resultado del mercado a su favor.

Un tema de gran desarrollo mediático en los últimos días es el mercado del azúcar. Se trata de las conclusiones de una investigación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y que se ha venido conociendo. Allí, sin embargo, hay varios elementos por analizar, pues se podría estar frente a un escenario en el que los jugadores lo que hacen es justamente operar bajo las normas diseñadas por el Estado.

La industria azucarera goza de una amplia regulación internacional. En este sector existen cuotas para, por ejemplo, acceder al mercado norteamericano, debido al interés de ese país por mantener el azúcar cubano por fuera de sus fronteras.

Gracias al gran impacto socioeconómico, en Colombia se crearon el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar y una franja arancelaria. Estos instrumentos han sido útiles para tener un precio estable en un sector altamente regulado.

La pregunta que surge es si el hecho de que el precio se haya comportado como lo planeó el Gobierno en su arquitectura institucional debe ser tomado como evidencia de la existencia de un cartel o como el efectivo funcionamiento de una política estatal.

Este hecho no debe desconocer la puja entre los industriales y los productores de azúcar en la que los primeros se quejan no solo de los precios altos de este insumo agrícola sino también de las dificultades a la hora de importar materia prima para sus procesos, que en muchos casos pasan por el fondo de estabilización. De hecho, dos de los temas investigados por la SIC son los comportamientos para obstruir importaciones de azúcar de Bolivia hacia Colombia y la supuesta repartición de las cuotas de producción de azúcar en Colombia.

Las políticas públicas del país deben propender hacia la búsqueda de competencia de los sectores productivos; solo así es posible tener una producción nacional atractiva internacionalmente en términos de calidad y precio.

Por diversos motivos, desde esta publicación se ha aplaudido y apoyado la gestión del Superintendente de Industria y Comercio. Sin duda, su gestión para promover la libre competencia ha sido un verdadero hito en la historia de la promoción de la competencia en Colombia.

Ejemplo de ello se puede observar en el mercado de los celulares. Allí, la SIC tomó medidas para promover la competencia en ese sector. En otros, como el de arroz, pañales y papel, la SIC ha señalado posibles acuerdos contra la competencia. Del mismo modo, y con otros alcances –que involucran hasta la Fiscalía–, la entidad ha abierto investigaciones por la posible colusión en la licitación de los contratos de seguridad de entidades del sector público.

Por ahora, mientras la investigación avanza, el uso de un apelativo específico puede causar un costo reputacional enorme. En un país como Colombia, donde la palabra cartel tiene connotaciones asociadas a la violencia e ilegalidad por su vínculo a la infame historia del tráfico de drogas, resulta importante que no se use con ligereza ese término, sobre todo cuando se refiere a actuaciones que no han sido plenamente demostradas y no se han agotado todas las instancias de esta investigación.

Conviene esperar el desarrollo de esta investigación antes de hacer juicios de valor apresurados. Mientras tanto, esta puede ser una excelente oportunidad para abrir el debate sobre las protecciones que aún existen en el sector agrícola: ¿elementos de protección o freno a la competitividad?
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