| 9/29/2016 12:00:00 AM

Editorial: En blanco y negro

El pasado 26 de septiembre, ante 15 jefes de Estado y 2.500 asistentes, el Gobierno firmó el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que da fin a más de medio siglo de un conflicto interno que desangró al país.

Se trata de una excelente noticia que, sin embargo, solo es la puerta de entrada a una nueva etapa de la historia del país, llena de desafíos. Por ejemplo, es necesario preguntarse cuál será la senda de desarrollo de un país en posconflicto y de dónde saldrán los recursos necesarios para consolidarla.

Esto implica muchos aspectos, pues se trata de concretar el sueño de todos los colombianos de superar los problemas que hemos enfrentado en las últimas cinco décadas. El debate ha girado en torno a varios temas: primero, el impacto que tiene la firma de los acuerdos en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB); el segundo, cuánto costará la implementación de los acuerdos y cómo la financiaremos (el Gobierno ya ha advertido, por ejemplo, que la reforma tributaria estructural que presentará en las próximas semanas al Congreso no busca recursos para financiar el posconflicto); y el tercero, cómo resolveremos finalmente los asuntos de tierras, uno de los puntos más complejos en la negociación.

Frente al primer aspecto, las posiciones son encontradas. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), en uno de sus más recientes análisis, calcula que la contribución de la paz a la expansión de la actividad económica se ubicaría entre 1,1% y 1,9% anual. Este bono elevaría la capacidad de crecimiento potencial de la economía de 4% a entre 5,1% y 5,9% anual.

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Los estimativos de Anif indican que los beneficios del acuerdo de paz lograrían generar una aceleración del PIB real en el rango 0,5% a 1% por año durante el próximo quinquenio. Esto implica que, frente a nuestro actual crecimiento potencial del 3,5% por año, la economía de Colombia podría estar regresando a su crecimiento histórico del 4,5% por año durante el periodo 2017-2022.

Entidades como Bank of America Merrill Lynch y la comisionista Larraín Vial creen que la paz tendría un efecto sobre el crecimiento de entre 0,3% y 0,5% anual, respectivamente. Su teoría se basa en que la mayor parte del beneficio se ha dado por mejora en las condiciones de seguridad. En este frente, lo mejor es no hacer las cuentas de la lechera y trabajar con la premisa de que el bono de la paz ya está descontado; así, todo lo que venga será ganancia y permitirá consolidar la buena tendencia de la economía.

La necesidad de moderar las expectativas es la mejor postura para enfrentar el asunto de los costos de la implementación de los acuerdos, porque aquí también hay mucha incertidumbre. Aunque se han hecho estimativos preliminares que ubicarían esos costos entre 0,5% y un poco más de 2% del PIB anual durante una década, aún hay mucho camino y decisiones por tomar.

Así pues, es mejor atenerse a las restricciones fiscales que son hoy la regla del juego en materia económica. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2016 plantea que la inversión para la implementación del acuerdo se hará de forma paulatina, dentro de los límites establecidos por la regla fiscal, pero plantea uno de los temas fundamentales en el escenario del posconflicto: una coordinación entre los niveles nacional y territorial, con el fin de priorizar el gasto de cada uno.

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En ese sentido, el acuerdo establece –como lo ha mencionado Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda– la necesidad de diseñar un plan de implementación que incluya las fuentes y los usos y da un plazo de 4 meses a partir de la instalación de la comisión de verificación. El Gobierno llega con la idea de no forzar los gastos del posconflicto, teniendo en cuenta los desafíos fiscales que enfrenta.

Ese será uno de los grandes retos en el futuro más cercano: poner en blanco y negro las cuentas del posconflicto y buscar los mecanismos para alcanzar esos recursos, en medio de una situación fiscal apremiante y de la discusión de la reforma tributaria. Ese es el gran tema de la economía política en los próximos meses y la primera gran polémica se dará en el marco de la reforma tributaria estructural.

Finalmente, entre muchos otros aspectos, quedan los asuntos de tierras y el narcotráfico. Esto no solo necesitará recursos, sino también un “verdadero barrido catastral” –como lo llamó Gonzalo Restrepo, miembro del equipo negociador y expresidente del Grupo Éxito– tarea pendiente hace décadas. La redistribución de tierra y el aumento de la frontera agrícola son estrategias ineludibles para consolidar el desarrollo en Colombia. Germán Arce, ministro de Minas y Energía, en una entrevista en esta edición, señaló que el fast track legislativo deberá tener una agenda robusta en materia de tierras para ir más allá de lo agrícola y llenar vacíos legales, que hoy son verdaderas talanqueras para que el campo colombiano vuelva a prosperar.

Si el próximo 2 de octubre el país avala los acuerdos entre el Gobierno y las Farc en las urnas, habrá muchos motivos de celebración. Sin embargo, la realidad económica nos llamará a concentrarnos rápidamente en los desafíos que aún quedan por resolver. Eso sí, el panorama será muy distinto, pues la meta es que por fin, luego de 50 años de conflicto, lo podamos hacer por la vía civilizada.

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