| 3/12/1999 12:00:00 AM

Después de la Corte...

La decisión de la Corte Constitucional resuelve muchas incertidumbres, introduce nuevos problemas y aclara el espacio de decisiones que tiene el gobierno para recuperar el sistema financiero y la economía.



La Corte evitó la locura de declarar inconstitucional la Emergencia o los recursos del 2 por 1.000 para financiarla. La decisión de la Corte generó un rechazo entre los gremios financieros, que cuestionaron la extensión del impuesto al mercado interbancario o las operaciones de bolsa. Tal impuesto sobre créditos de dos semanas eleva su costo hasta cinco puntos y pone en dificultades la operación del mercado financiero de corto plazo. Pero la culpa no se le puede atribuir a la decisión de la Corte, sino a la imprevisión del gobierno, que hizo modificaciones a la emergencia mediante decretos de la Superintendencia Bancaria, lo que era jurídicamente insostenible. La solución sólo puede estar en el Congreso de la República.



La Corte no fue afortunada en sus procedimientos de decisión. No haber decidido con la prontitud y el debido sigilo representó demasiados costos para la economía, que no deberían repetirse nunca.



El alcance y filosofía de la intervención de la Corte en la prevención y solución de una crisis financiera es el verdadero punto de debate. Una emergencia económica no es para aliviar la situación de unos deudores y unos dueños específicos de bancos. Una crisis financiera es un riesgo de carácter sistémico. Y sólo puede enfrentarse con la asignación contingente de recursos a quien se requiera para la defensa del mercado. Al predeterminar la Corte una asignación de recursos para aliviar deudas, dejando al descubierto más del 70% del sistema financiero, se ha sentado un peligroso precedente. Al normalizar las relaciones de crédito, movilizar los recursos inmovilizados y capitalizar el conjunto de las instituciones disminuiría el riesgo financiero sistémico. Pero al forzar la aceptación de daciones en pago, dificultar la constitución de sociedades para movilizar los activos y cerrar el apalancamiento de la capitalización del sistema en su conjunto, como lo ha hecho la Corte, la capacidad de prevenir el riesgo sistémico ha salido debilitada. Es una decisión jurídicamente cuestionable -ha invadido espacios de decisión del gobierno en emergencia o del Congreso en época normal- y económicamente con poco sentido.



La prevención del riesgo futuro requerirá otros instrumentos. Después de la Corte, las autoridades económicas deben acelerar su agenda de recuperación financiera y económica. Acelerar la reducción de los intereses; recortar el gasto público para fondear intervenciones necesarias; inventar intervenciones más inteligentes de ingeniería financiera en el mercado de capitales para fondear el fortalecimiento patrimonial del sistema; e innovar mecanismos de solución concordataria para los problemas de las empresas (ver Portada).



Resulta claro que, para corregir los riesgos futuros del sistema financiero, el gobierno no debería confiar nunca más en emergencias económicas ni en los conceptos de la Corte.
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