En Colombia hay muchas cosas que sabemos que están mal, pero no hacemos nada para solucionarlas o nos demoramos demasiado en comenzar a hacerlo. El lamentable estado del empleo es un buen ejemplo.

Colombia tiene una de las tasas de desempleo más altas de América Latina, 12%, mientras países como Argentina, Brasil, México, Chile y Perú registran niveles inferiores al 10%.

La tasa de informalidad está entre las más altas de la región, llega a 58% en las 13 ciudades principales y 75% en las áreas rurales. Al mismo tiempo, los índices de subempleo son verdaderamente preocupantes.

Nada de esto es nuevo ni se puede atribuir a la desaceleración de la economía  en el último año. Es más, durante el periodo precedente de alto crecimiento, las mejoras en estos indicadores fueron marginales.
Afortunadamente, el debate está abierto y son varios los analistas, instituciones e incluso funcionarios del gobierno que han propuesto soluciones.

En general, las propuestas coinciden en el diagnóstico de que el desempleo, la informalidad y el subempleo tienen origen en las distorsiones existentes en el mercado laboral, las cuales no solo desestimulan la generación de nuevos empleos, sino la participación de la fuerza de trabajo en el mercado formal.

En esencia, estas distorsiones tienen que ver con los impuestos a la nómina o parafiscales, que encarecen la contratación; el nivel del salario mínimo –muy alto frente al salario medio y a la productividad de la mano de obra–; los estímulos fiscales a la inversión y a la creación de zonas francas uniempresariales, que promueven el uso del factor capital frente al trabajo; y los subsidios, que desincentivan a la población a ser formal. 

Aunque los analistas coinciden en el diagnóstico, ellos difieren en sus propuestas. Es ahí, precisamente, donde está el debate.

El economista colombiano Rodrigo Botero y el ex presidente del Banco Central argentino, Domingo Cavallo, proponen convertir la generación masiva de empleo formal en el objetivo central de la política económica, más que en el sub-producto de otro objetivo. Ello implica reorientar los incentivos al sector empresarial de tal manera que los beneficios se destinen en forma más que proporcional a la creación de empleo formal.
La propuesta incluye a las empresas que reciben beneficios del régimen de zonas francas y se extiende por un período de cinco años (ver entrevista, pg. 26).

El Consejo Privado de Competitividad, por su parte, se concentra en los costos laborales no salariales y en el salario mínimo. Propone impulsar una ley pro formalización que reduzca los costos de generar empleo, especialmente para las nuevas empresas y las que se encuentren en transición hacia la formalidad. Para el resto de empresas propone hacer descontable del impuesto de renta el pago de los parafiscales (actualmente es deducible). De acuerdo con el Consejo, esto reduciría el costo de ser formal y aumentaría los ingresos fiscales.

En cuanto al salario mínimo, propone un salario mínimo diferencial para jóvenes, pues los menores de 24 años son quienes sufren las mayores tasas de desempleo (al respecto, ver la columna de Eduardo Lora, pg. 20).

El director del DNP, Esteban Piedrahita, se unió al debate y propuso la implementación de salarios mínimos diferenciales por regiones. Argumenta que la diferencia en productividad entre el sector urbano y el rural hace que sea absurdo imponer un salario igual en todo el territorio nacional, pues la productividad en el área rural es inferior en 50% a la urbana. La propuesta del DNP habla igualmente de la posibilidad de tener salarios diferenciales entre actividades económicas y para los más jóvenes.  

El debate apenas comienza. El próximo Presidente tendrá que asumir el problema de frente y deberá proponer reformas a fondo. Si no lo hace, un mercado laboral anémico y distorsionado comprometerá pronto toda la gestión económica de su gobierno. 

Esperemos que el próximo gobernante no pretenda resolver la situación con unos cuantos programas puntuales de choque, que alivien de manera temporal la situación de unos pocos. Es necesario introducir cambios estructurales en el sistema tributario y en las políticas laboral y de seguridad social. Los ajustes tienen que ser de fondo. Se requerirán compromiso y verdadero temple para sacarlos adelante.