| 6/12/2009 12:00:00 AM

Desarrollo sostenible, deber y derecho

El potencial minero de Colombia y el interés de los inversionistas exigen reglas de juego claras que garanticen el desarrollo sostenible del país.

Los impactos ambientales de los proyectos empresariales, y en particular de los desarrollos mineros y petrolíferos, comenzaron a ser materia de discusión pública en Colombia hace relativamente poco tiempo. No se creía que fuera un tema de interés general. El gran desconocimiento que existía sobre estos asuntos y la indiferencia respecto a ellos permitieron que se ejecutaran infinidad de proyectos sin que el país tuviera conciencia de sus efectos sobre el medio ambiente que, en algunos casos, resultaron ser irreparables.

Por fortuna, esta situación cambió. Hoy, el ciudadano común está más informado y reclama el derecho a proteger su entorno contra los abusos ambientales que puedan cometer las empresas nacionales o multinacionales en el país.

El desarrollo sostenible tiene que ser la prioridad número uno de todos los colombianos. Es esencial entender y debatir los temas que puedan poner en juego dicha sostenibilidad; más aún ahora, cuando Colombia tiene el potencial de convertirse en un importante polo de inversión minera a nivel mundial. Son debates necesarios que debemos dar a partir de posiciones informadas y ajenas a cualquier tipo de fundamentalismos.

Dada la reputación de Colombia como país inseguro, su potencial minero se mantuvo prácticamente inexplorado durante décadas. Por fortuna, esta condición cambió y ahora las grandes empresas mineras del mundo están llegando al país en busca de oportunidades.

Como resultado, es muy posible que en los próximos años aumente la participación de la minería en la economía. Esto, sin duda, es una excelente noticia. Sin embargo, dicho crecimiento no puede darse a cualquier precio. Es preciso establecer desde ya reglas de juego claras y estables para todos los participantes.

La exploración minera involucra un gran número de actores institucionales y toca temas de interés público, que van desde los requisitos ambientales hasta las relaciones con la comunidad y la administración de las regalías.

Los casos de la mina de oro de Anglogold Ashanti en el Tolima y del puerto multipróposito Brisas, en la Guajira, son claros ejemplos de lo mucho que está en juego cada vez que se adelanta un proyecto de esta naturaleza en el país.

En el primer caso, el proyecto La Colosa, ubicado en una reserva forestal en Cajamarca, Tolima, estuvo paralizado por más de un año ante la resistencia de las comunidades aledañas, que argumentan que la exploración del proyecto contaminaría sus fuentes de agua. Recientemente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial autorizó a la empresa una sustracción parcial y temporal en el área, cuya conveniencia está siendo analizada por Anglogold.

En el segundo caso, el proyecto siguió su curso pero ha sido demandado tres veces ante diferentes instancias por la comunidad Wayúu, que considera que la obra es inconveniente porque se realiza en sitios sagrados. En las dos primeras instancias, el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema, la tutela interpuesta por los demandantes no tuvo éxito. Ahora se espera el fallo de la Corte Constitucional.

El debate acerca de la conveniencia de este tipo de proyectos se está dando y esto no solo es sano sino necesario. Colombia tiene que desarrollarse, pero no puede hacerlo de cualquier manera. El reto está en lograr proyectos sostenibles que no solo sean rentables económicamente sino que redunden en el bienestar de las comunidades y del medio ambiente.

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