| 3/5/2015 7:00:00 AM

Dejémonos de vainas

Un famoso programa, emitido entre las décadas ochenta y noventa, concluía cada capítulo con esta frase. Era el epílogo y la solución de situaciones jocosas o tristes que vivían los Vargas, una familia de clase media bogotana.

Un famoso programa, emitido entre las décadas ochenta y noventa, concluía cada capítulo con esta frase. Era el epílogo y la solución de situaciones jocosas o tristes que vivían los Vargas, una familia de clase media bogotana.

En ese orden de ideas, la semana pasada la ministra de Transporte, Natalia Abello, planteó una de esas situaciones jocosas –¿o tristes?–, que ocurren con frecuencia en un país en donde algún grupo de interés, con poder para bloquear calles, se queja ante el Gobierno. El colofón en varios casos es el mismo: cesiones y retrocesos en frentes en los que ya se había avanzado o en los que había una línea de acción definida.

Resulta que, como parte de la negociación con los transportadores de carga, la Ministra está evaluando revivir la tabla de fletes en varias rutas del país y excluir un límite claro de la vida útil de los vehículos de transporte de carga por carretera en el Plan Nacional de Desarrollo. Cabe destacar que la solución ante el grave rezago que enfrenta Colombia, que en 2014 ocupó el puesto 92 entre 162 países en el indicador de desempeño logístico del Banco Mundial, pasa por no ceder ante las presiones de este grupo de interés y agilizar la definición de la vida útil de los vehículos de carga. Veamos por qué.

Que se reviva la tabla de fletes en algunas rutas quiere decir que se cree necesaria la generación de un “precio justo”, que garantice el ingreso en un mercado donde no existen fallas que justifiquen dicha intervención.

La propuesta defendida por los transportadores de carga guarda similitud con la teoría del “justo precio”, expuesta por Santo Tomás, según la cual el valor de un bien o servicio dependerá del trabajo o el tiempo que se haya invertido para desarrollarlo. Es decir, se está negando la formación de precios de mercado.

No se puede afirmar que los empresarios del país hicieron un gran acuerdo para “tumbar” a los transportadores. Los precios son bajos porque la oferta de transporte, en un ciclo de baja cantidad de carga, es alta.

La razón por la cual, después de casi cuatro años de eliminar la tabla de fletes, los camioneros solicitan el establecimiento de un mecanismo similar es la misma que aqueja a todo el aparato productivo: la economía se desaceleró, se acabó el boom petrolero y los precios de los fletes ya no cuadran. Este sector, altamente informal, está expuesto a estas fluctuaciones. La salida fácil para enfrentar la turbulencia es parar y exigir nuevas reglas de juego. Así fue como en el pasado aprovecharon la debilidad del gobierno de Samper, imponiendo precios que estaban por encima de los del mercado.

Parte de la solución de este problema consiste en definir un límite para la vida útil de los vehículos de carga. Aspecto en el que el país se encuentra en mora, dado que la mitad de la flota de camiones tiene más de 20 años, mientras en países como Francia y Estados Unidos es de 7 y 5 años respectivamente.

Este es el otro gran tema en el que los transportadores quieren hacer recular a la Ministra. Se destacan dos hechos de esta situación. El primero en 2013, al desmontar la póliza de chatarrización, el Gobierno creó un esquema para controlar el crecimiento del parque automotor, haciendo obligatorio que para el ingreso de un camión nuevo fuera necesaria la chatarrización de uno viejo. Lo que hizo la medida fue darle un mayor poder de negociación a los dueños de los vehículos existentes, elevando su precio. No hay diferencia entre este mecanismo y el que se aplica a los cupos de taxis en las principales ciudades del país. Y en lugar de atacar el problema que se estaba persiguiendo, se generaron incentivos para mantener por más tiempo los automotores.

El segundo es que el Ministerio de Transporte ha publicado en repetidas ocasiones un proyecto de Decreto que establece límites a la vida útil, pero ha vacilado al momento de expedirlo. Esto ratifica la falta de voluntad política con las metas de competitividad. Establecer esta medida implicaría la oportunidad de tener un parque automotor nuevo, eficiente, seguro y amable con el ambiente.

Ceder ante las nuevas demandas de los camioneros carece de fundamento técnico. Especialmente mientras se realizan gestiones para entrar al club de las buenas prácticas de la Ocde y se continúan negociando acuerdos comerciales.

Seguir protegiendo a este sector es condenarlo al fracaso. Cuando el presidente Santos desmontó la tabla de fletes en 2011, señaló que este era un paso importante hacia la competitividad y la modernidad; cambiar la estrategia implicaría volver al pasado.

El país debe comprometerse con la eliminación de medidas paternalistas que tanto daño le hacen al desarrollo económico y con todas aquellas decisiones que menoscaben la competitividad del país. Eso no se puede aplazar, ¡ni de vainas!.
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