| 9/4/2014 3:00:00 PM

Las Horas Extra

Aunque aumentar el costo por horas extra puede sonar como una buena idea para algunos empleados, va en contra de la generación de empleo formal en la sociedad y beneficia solo a unos pocos.

Una de las promesas de campaña del presidente Juan Manuel Santos para su segundo periodo fue volver al recargo que tenían que pagar los empleadores por las horas extra antes de la Ley 789 de 2002, la cual cambió la forma en que los trabajadores perciben ingresos por pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos. En su momento, la administración del expresidente Álvaro Uribe fomentó la flexibilización laboral con el propósito de generar más empleos formales.

El nuevo proyecto del Ejecutivo pretende modificar el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo que actualmente establece el horario nocturno y cuándo se deben pagar más recargos. Más específicamente, el proyecto del Gobierno busca:

Primero, modificar la definición de jornada laboral. Antes de la Ley 789 del 2002, iba de 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Con la reforma de 2002, la jornada diurna se estableció de 6 de la mañana a 10 de la noche, y la jornada nocturna de 10 de la noche a 6 de la mañana. La reforma busca recuperar las cuatro horas que perdió la jornada nocturna con la extensión de la jornada laboral diurna hasta las 10 p.m. En este caso, el empleado perdió el recargo nocturno, de 35% por hora, de 6 de la tarde a 10 de la noche.

Segundo, la reforma laboral de 2002 estableció que si una persona trabaja domingos y/o festivos, tiene derecho al pago de un recargo equivalente a 75% de su salario diario mientras que antes de la reforma este era de 100% del salario diario del trabajador.

Y, tercero, hoy en día el empleador y el trabajador pueden acordar jornadas laborales de hasta 10 horas al día sin el pago de recargo, siempre y cuando no se excedan las 48 horas semanales. Antes de la reforma, la jornada laboral no podía exceder en ningún caso las 8 horas diarias. Al volver a este sistema se amplía el tiempo para generar el pago de recargos extras a favor del trabajador.

Esta iniciativa tiene muy preocupados a varios sectores de la economía.

En una carta enviada al Congreso de la República con motivo de un proyecto de ley similar el año pasado, el Consejo Gremial Nacional afirmó: “Regresar a la jornada ordinaria que se tenía antes de la Ley 789 de 2002, supondría un encarecimiento de este factor productivo (la mano de obra) llevando así a una reducción en puestos de trabajo y una desmejora en la calidad del mismo”. Esta situación afectaría de manera preponderante a aquellos generadores de empleo como el comercio, los servicios, la agricultura y la industria manufacturera que responden por 76% del empleo del país.

En cuanto a la generación de trabajo formal, el Consejo Gremial señala que una ocupación formal del trabajo, como en el caso de los empleados particulares, pasó de 32,4% de la fuerza laboral en 2002 a 35,2% diez años después de la puesta en funcionamiento de la ley.

La Andi por su parte señala que “la Ley 789 (…) es la que ha permitido expandir el comercio y mejorar la competitividad del país en el mundo” y que el gran aumento de las exportaciones en la última década es prueba de ello.

Una de las preguntas más discutidas por los economistas es si un aumento en el costo de las horas extra o en el salario mínimo hace que las empresas simplemente empleen menos trabajadores si tienen que pagar más por ellos. Se han realizado numerosos estudios sobre este tema. Una revisión de la literatura de dos décadas hecha por un economista de la Universidad de California en Irvine y miembro de la Junta de la Reserva Federal, publicado en 2007, encontró que un alza en el salario mínimo redujo las posibilidades de empleo de los trabajadores de bajos salarios. Un documento de 2010, elaborado por el Instituto de Políticas de Empleo, un think tank conservador, encontró además que un salario mínimo más alto redujo el PIB en sectores poco calificados.

En Colombia varios estudios han llegado a resultados similares. Un estudio liderado por Alejandro Gaviria, entonces decano en la Universidad de los Andes, concluyó que la Ley 789 ha ayudado a reducir el desempleo, mientras otro estudio realizado por Jairo Núñez resalta las bondades de esta ley en cuanto a reducir la duración del desempleo y su efecto positivo sobre el empleo menos calificado, mejorando así la distribución.

Pero quizás lo más convincente son los testimonios individuales. Por ejemplo, Almacenes Éxito estima que entre 2009 y 2012 la compañía generó 16.107 empleos a personas antes vinculadas a través de cooperativas de trabajo asociado. De echar para atrás la reforma, estos puestos de trabajo se perderían. Y esto es una sola empresa.

En economía el infierno está lleno de buenas intenciones. Reformar el sistema actual para hacerlo parecido al anterior suena bien, pero es mala política económica.
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