| 11/27/2009 12:00:00 PM

Copenhague, una gran oportunidad

El potencial de la Amazonia en la mitigación del cambio climático otorga a los países de la región un gran peso en la negociación global y no se puede desaprovechar. Debemos ir bien preparados a la reunión de Copenhague.

Entre el 7 y 19 de diciembre se celebra en Copenhague, Dinamarca, la Conferencia sobre Cambio Climático. Es deseable que los presidentes de los países de la región de la Amazonia lleguen a la Conferencia con una posición de negociación conjunta y busquen objetivos ambiciosos, con el ánimo de proteger una región que representa tantos beneficios para el mundo. Esto, precisamente, es lo que busca la reunión de Presidentes convocada por el presidente Lula da Silva para el 27 de noviembre.

Con una extensión entre 6,7 y 7,5 millones de kilómetros cuadrados, compartida por nueve países, la Amazonia produce entre 90 y 140 billones de toneladas de carbono (un monto significativo en la mitigación del cambio climático), tiene 40% de los bosques tropicales y 20% del agua dulce del mundo. Alberga más del 10% de las especies conocidas. Por lo demás, regula el clima global, pues es el bosque tropical más grande del planeta (representa un tercio del área de bosques del mundo).

La región, sin embargo, está amenazada por la deforestación, que se estima en 27.000 km2 al año (área similar al departamento de Bolívar). La región suroriental en Brasil es la más afectada, pues se está convirtiendo en una sabana y podría incluso convertirse en un desierto.

La región amazónica colombiana, por su parte, representa el 10% de la biodiversidad mundial, tiene una extensión de 483.119 km2 y ocupa el 42% del territorio continental del país. Cuenta con 62 grupos étnicos, 183 resguardos indígenas y 17 áreas protegidas, gracias a lo cual presenta una de las menores tasas de deforestación de la Cuenca. Su protección obedece a una medida adoptada hace 20 años, durante la administración del presidente Virgilio Barco.

Esto no significa que la amazonia colombiana no esté amenazada. Todo lo contrario. Los cultivos ilícitos, la ganadería, la agroindustria, las quemas, la minería, el petróleo y el crecimiento urbano desordenado están acelerando el proceso de deforestación, que pasó de 664 km2 por año, en los 90, a 942 km2 por año entre 2000 y 2005. De otro lado, las solicitudes y títulos mineros en los departamentos amazónicos se han multiplicado por diez en el último año, según el Catastro Minero Colombiano.

La Amazonia tendrá un papel central en el proceso de exacerbación o mitigación del cambio climático, dependiendo del camino que se decida tomar. Quienes entienden la importancia del tema abogan por un cambio del modelo de desarrollo en la región. Debería adoptarse uno que consolide la conservación de los ecosistemas, a través de transparencia forestal -monitoreo y control ciudadano a las políticas públicas-, nuevas economías y servicios ambientales, gobernabilidad ambiental y valoración cultural.

Este tipo de desarrollo podría financiarse cobrando por estos servicios, mediante la venta de certificados de reducción de emisiones (Cert). La financiación podría lograrse también a través del Programa Redd (Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo) y Redd + (el mismo mecanismo para la conservación) que da a los bosques un valor monetario basado en su capacidad de captación de carbono y, por tanto, de reducción de emisión de gases efecto invernadero. Según cálculos conservadores, este valor se podría llegar a estimar entre US$5 y US$10 por hectárea por año. Tan solo para Colombia, esto equivaldría aproximadamente a US$450 millones por año. De acuerdo con la embajadora de los Países Bajos en Colombia, Marion Kappeyne van de Coppello, para el año 2020 se estima que los recursos financieros públicos y privados podrían llegar a US$100.000 millones por año.

Mediante el programa Redd, los países de la región amazónica podrían llevar a los países desarrollados a asumir su responsabilidad en la tarea de reducir la deforestación, si negocian bien y son concientes del valor que la región tiene para la mitigación del cambio climático.

Es, por supuesto, una decisión política, pues el cambio de modelo implicaría el cambio de la distribución de las rentas en la región, en contra de los intereses particulares. Tanto Colombia como los países de la región de la Amazonia deben sopesar el costo de seguir deforestando el bosque natural, frente al beneficio de proteger esta área. Al fin y al cabo, si el bosque se acaba, estos países serán los más afectados.
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