Revista Dinero

| 7/24/2013 6:00:00 PM

Conteo regresivo

En la antesala de la reelección, el Gobierno tiene que aprobar cinco trascendentales proyectos de ley. Sin embargo, el ambiente político está cada vez más polarizado y los congresistas, pendientes de los votos en sus regiones. Esas leyes van a necesitar varios milagros para hacerse realidad.

por Editorial

Empezó la última legislatura del gobierno Santos, con cinco reformas económicas de gran calado que deberán hacer tránsito en el Congreso en pleno proceso electoral. La tarea para los padres de la patria es bien complicada, pues se trata de reformas que tocan temas estructurales, o afectan poderosos intereses, o ambas cosas. Las discusiones deberán darse al vaivén de las encuestas y de las noticias provenientes de La Habana sobre los diálogos de paz. El panorama es difícil y los Ministros tendrán que sudar la gota gorda para lograr la aprobación de estas iniciativas.

La Unidad Nacional, la coalición de partidos que ha sido tan efectiva en los tres años anteriores aprobando la agenda del Gobierno en el Congreso, tendrá que pasar varias pruebas de fuego. La mayor parte del paquete legislativo debería ser exitoso para que esa coalición pueda aspirar a tener durante un segundo periodo de Santos una fuerza comparable a la que tuvo en el primero.

Sin duda, el tema más grueso en materia económica es la reforma a la salud, que busca definir las reglas del nuevo sistema. El proyecto tiene una legión de enemigos dentro y fuera del Congreso. Pisa callos a diestra y siniestra en un sector que mueve cerca de $30 billones al año y donde poderosos intereses extienden su influencia por todo el país. La idea del ministro Gaviria es acabar con la perversa arquitectura de incentivos del sistema actual, que privilegia la atención en las zonas donde hay más dinero y las enfermedades de alto costo. A esa ley se sumaría un proyecto del Partido Liberal para bajar los costos de los medicamentos.

Otra reforma crucial es la ley de infraestructura, que ya hizo tránsito en el Senado. El proyecto —esencial para romper los cuellos de botella que afectan al sector— tiene una serie de problemas que deberán ser subsanados antes de que pueda ser aprobado en la Cámara de Representantes. En especial, todo lo relacionado con los cambios para agilizar la compra de predios y la recompra de las concesiones por parte del Estado está generando controversia. Ya se anticipan demandas en ambos casos.

También es clave la reforma a las consultas previas, un tema que tiene paralizados varios de los proyectos de infraestructura más importantes del país. El espinoso asunto iba a ser incluido en la reforma a la infraestructura, pero el Ministerio del Interior insistió en que debía ser tratado en otro proyecto de ley, para ser trabajado de manera integral. Se espera que en este semestre se radique una iniciativa en ese sentido.

Igualmente importante es el proyecto de ley anticontrabando, que apunta a hacer de este negocio un delito subyacente al lavado de activos. La propuesta, de iniciativa gubernamental, pretende atacar uno de los mayores males que aquejan la economía: la entrada ilegal de mercancías, un botín de aproximadamente US$6.000 millones al año. La idea, entre otros temas, es darle a la Uiaf nuevas facultades de inteligencia y tipificar varios delitos relacionados con el contrabando, como el transporte en caletas, los vehículos modificados y los reportes contables falsos. Lo más crítico será reducir la cuantía a partir de la cual el contrabando se considera un tema penal: de $30 millones en la actualidad, a aproximadamente $6 millones, a partir de la aprobación del proyecto.

También hay que mencionar la reforma pensional, otro proyecto económico de gran envergadura que ocupa la atención del Ministro de Trabajo. Si bien se trata de una iniciativa loable y muy importante –pretende nivelar las pensiones de los colombianos y resolver fallas de fondo del sistema, como la baja cobertura, la alta inequidad y los problemas de sostenibilidad—tiene muy pocas probabilidades de salir airosa en éste último año del Gobierno. La proximidad de las elecciones de Congreso del mes de marzo implica que será muy difícil para los parlamentarios salir a buscar votos en las regiones y debatir al mismo tiempo una ley que, si bien beneficiará a muchos, necesariamente perjudicará también a grupos importantes en la población.

Lo más probable es que en este periodo los diálogos de La Habana no culminarán en un acuerdo de paz, pero tampoco se disolverán. La opinión pública seguirá meciéndose entre extremos, en un clima cada vez más polarizado, donde la popularidad de los candidatos oscilará con frecuencia. En semejante entorno político, a estas iniciativas legislativas les esperan duras batallas en el Congreso.

Hay que recordar que lo que entra al Congreso es muy diferente a lo que sale. El cargado ambiente político de los próximos meses hace esperar que este periodo legislativo no será la excepción a la regla, mucho menos con las elecciones de marzo y los diálogos de La Habana pendiendo como espada de Damocles sobre los padres de la patria en el Congreso.
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