En la reciente reunión de la II Feria Financiera de Infraestructura, el profesor Sebastián Edwards manifestó su desconcierto por lo que llamó el "conformismo de los colombianos" frente al atraso en infraestructura que tiene el país. De acuerdo con Edwards, sorprende que Colombia, después de tantos años de inseguridad y aislamiento, parezca sentirse cómoda con los avances en seguridad y olvidó que para competir y desarrollarse es preciso invertir, sobre todo, en infraestructura.

Edwards enfatizó que la infraestructura hace posible la innovación y permite derrotar la maldición de la distancia, algo esencial para un país como Colombia, que se encuentra lejos de los mercados. Se ha establecido que 1.000 kilómetros de distancia equivalen a un arancel de 11% en el país importador, una desventaja enorme al momento de competir.

Para recuperar el tiempo perdido en esta materia y avanzar, el país tendría que correr dos veces más rápido de lo que puede. ¿Por qué no lo hace?

El diagnóstico de la infraestructura colombiana aparece reiteradamente en todas las comparaciones internacionales. En el índice de competitividad global que publica el World Economic Forum, entre 18 países de América Latina, Colombia ocupa el puesto 9 en infraestructura y el 11 y 12 en carreteras y puertos, respectivamente.

De otra parte, en el informe de Doing Business, del Banco Mundial, del cual nos sentimos tan orgullosos por haber avanzado algunos puestos en el ranking (del puesto 91 al 79 entre 2008 y 2009, entre 181 países), Colombia aparece como el país de la región latinoamericana, excluyendo Venezuela, donde el costo promedio de exportación por contenedor es más alto. Algo similar sucede con el costo promedio de importación.

Más grave aún es el puesto 149 que ocupamos en cumplimiento de contratos, entre 181 países en este mismo ranking. En Colombia no es fácil hacer cumplir los contratos y estos, por lo general, terminan en pleitos costosos que demoran años en resolverse.

Aún así, los proyectos no se hacen y los que se hacen, se hacen mal, demoran más tiempo del previsto y su costo excede en varios múltiplos los cálculos iniciales.

Para poder avanzar y romper la maldición de la distancia se requiere voluntad política para tomar las decisiones pertinentes en el tema de institucionalidad y, también, voluntad del sector privado para dejar a un lado los intereses personales y pensar en el bien de toda una nación.

Desde la perspectiva del Gobierno, lo anterior significa contar con la institucionalidad que permita una estructuración adecuada de proyectos, con el fin de minimizar riesgos y generar confianza entre los potenciales inversionistas. Adicionalmente, se requiere estabilidad jurídica.

Por el lado de las empresas, la decisión está en acabar con la dinámica de licitación - pleito - contrato - adjudicación - renegociación, que solamente beneficia a las firmas que participan en las licitaciones, en detrimento del resto de colombianos. Detrás de esta dinámica está la dificultad para lograr que los contratos se cumplan, tal como lo ha identificado el Banco Mundial.

Los últimos ocho años de gobierno pasaron en blanco en materia de infraestructura. Para que esta situación no se perpetúe, el próximo presidente tendrá que poner la infraestructura entre sus temas prioritarios y el país tendrá que pagar la factura. De no hacerlo, Colombia saldrá del mapa de comercio exterior del mundo y de nada servirán los tratados de libre comercio que este gobierno está firmando.