| 6/8/2017 12:01:00 AM

¿Y entonces con qué va a crecer Colombia?

La actividad minero-energética ha despertado una oposición cada vez mayor. A pesar de ello, nadie puede negar que es uno de los principales combustibles para la economía.

El primer fin de semana de junio se realizó la consulta popular en Cumaral (Meta) y sus habitantes se opusieron a la realización de la actividad petrolera en este municipio, poniendo en jaque el desarrollo del bloque a cargo de la firma Mansarovar. Dos meses antes, en Cajamarca (Tolima) votaron contra la mina La Colosa de Anglo Gold Ashanti. Antes ya se habían pronunciado los municipios de Cabrera (Cundinamarca), Piedras (Tolima), otros en Antioquia y Caldas y se espera la de Marmato, también en Caldas: todos contra la operación minera.

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En el caso petrolero se avecina un tsunami de consultas populares. Según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), hay en camino otras 20 iniciativas que pondrían en riesgo la producción de más de 80.000 barriles diarios de crudo e inversiones cercanas a los US$5.000 millones.

Las consultas también podrían afectar la estrategia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de ofertar 40 bloques: con inseguridad jurídica y desconfianza por parte de las empresas, el atractivo se diluye y es difícil que alguien haga una propuesta.

Sin duda, gran parte de este proceso se da en medio de un agitado y caldeado ambiente electoral, donde los réditos políticos de consignas como ‘agua sí, minería no’ o ‘fuera las multinacionales’ son más eficaces que la defensa de una operación sostenible del sector minero-energético.

Esta también es una demostración de las largas que se le han dado a la implementación de los procesos y mecanismos de participación en las zonas de influencia y donde la ausencia del Estado es evidente y la inequidad aumenta. Si bien en muchos casos estos mecanismos se convirtieron en lucrativos negocios manejados por avivatos que se aprovecharon de las comunidades a expensas de las empresas, solo hasta ahora, después de varios años, empieza a vislumbrarse un proyecto para reglar las consultas previas. También hasta ahora se buscan herramientas para acercar a las empresas con las comunidades y ofrecer soluciones directas y focalizadas, como el de obras por impuestos, que en otros países como Perú han mostrado eficiencias.

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Más allá de ver si estas soluciones están llegando tarde y en medio del ‘incendio’, es clave analizar tres frentes de la coyuntura.

El primero es jurídico. Aunque el Consejo de Estado ha advertido que las decisiones de las poblaciones rigen hacia el futuro y el alcalde debe concertar con la Nación los alcances de la votación, y deben respetarse las situaciones jurídicas particulares consolidadas de los sujetos que, en virtud de la normativa anterior, obtuvieron licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para desarrollar actividades económicas, parece quedar en el limbo el principio según el cual el subsuelo es de la Nación.

El segundo tema clave es el efecto en otros sectores. Hace unos años, la discusión con comunidades y la imposibilidad de acuerdos –por el aumento del censo regional– suspendió el proyecto hidroeléctrico Porce IV. Hay preocupación porque ahora este tipo de iniciativas se trasladen al sector de energía –en generación y transmisión– y al de infraestructura vial, situación que generaría aún más incertidumbre en las inversiones de estos sectores claves para el desarrollo de la economía y la competitividad del país.

Y el tercer tema es estructural. Según el Ministerio del ramo, en los últimos 5 años el sector minero-energético aportó en promedio 39,3% de los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación. “Con las regalías, impuestos e incentivos de la industria minero-energética se financian los proyectos y programas de carácter social, educativo, cultural, económico o ambiental del país, como Familias en Acción, Viviendas de Interés Social, programas del Sisbén y la construcción de vías 4G”, dice el Ministerio de Minas.

La actividad minero-energética ha despertado una oposición cada vez mayor. A pesar de ello, nadie puede negar que es uno de los principales combustibles para la economía.

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Mientras que por este lado llueve, en materia de productividad y competitividad no escampa. En el más reciente informe del IMD World Competitiveness, Colombia ocupa el puesto 58 entre 63 países. A partir del recálculo de años anteriores se evidencia que entre 2013 y 2017 el país ha perdido 11 posiciones. Por otro lado, un estudio del Consejo Privado de Competitividad y la Universidad de los Andes demuestra que el país ha estado estancado y que un trabajador colombiano produce menos que un chileno y menos de la cuarta parte de un estadounidense.

En ese escenario, si la decisión es una negativa a la operación minero-energética, ¿cuál es la actividad que va a reemplazar los ingresos que, vía impuestos, regalías e inversiones genera la industria extractiva? ¿En qué apalancará el país su crecimiento de largo plazo? ¿Cómo se transformará la base productiva nacional? ¿Qué se requiere para lograrlo?

Es un debate central sobre el futuro de Colombia y por eso los candidatos presidenciales deben ofrecer respuestas y estrategias eficaces para salir de la polarización y los discursos populistas, que no aportan a las soluciones.

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