| 3/30/2017 12:00:00 AM

En entredicho: Desarrollo vs. medio ambiente

Grandes proyectos están en entredicho por la inacción, por ejemplo, en materia de consultas previas, cuya ley no avanza en el Congreso o la interinidad que ha tenido la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla); así como la inseguridad jurídica que se ha venido gestando por fallos de las altas cortes.

Respetable la decisión de la población de Cajamarca, Tolima, que votó por no tener minería en su zona. Ya en el pasado, otros municipios se habían pronunciado en el mismo sentido: Cabrera, en Cundinamarca, le había dado la negativa a un proyecto hidroeléctrico que quería desarrollar Emgesa; y Piedras, también en el Tolima. Hay otras consultas populares en camino, como la que está planeada en Marmato, Caldas, frente a un proyecto de Gran Colombia Gold.

La de Cajamarca tiene antecedentes y ha sido tal vez la más mediática: una discusión sobre la mina de La Colosa que viene explorando Anglo Gold Ashanti desde hace más de 8 años y cuya votación era una de las más esperadas. Ahora vendrán los cuestionamientos y debates jurídicos sobre las consecuencias de la decisión popular: si es procedente, si es retroactiva, si la empresa tenía derechos adquiridos o no y cuál es el alcance de los títulos mineros.

Ya incluso algunos hablan de ‘conejo’ a la decisión popular, tras conocerse las declaraciones iniciales del Ministro de Minas, Germán Arce, en el sentido en que la empresa ya tiene el título minero y, a pesar de la consulta, puede surtir el procedimiento administrativo para la licencia ambiental. Según sus palabras, esta decisión de orden político no tiene la capacidad de afectar un procedimiento administrativo.

Más adelante podrían venir demandas internacionales contra el Estado al amparo de los acuerdos comerciales y los de protección a la inversión, como la que ya advirtió Gran Colombia Gold por US$700 millones, amparándose en el acuerdo de libre comercio entre Colombia y Canadá.

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Pero más allá de las implicaciones jurídicas y de las controversias que están por llegar, la situación genera gran preocupación por dos hechos fundamentales: uno, el desarrollo de lo que ha sido la locomotora minero-energética en el país en los últimos años, incluso a pesar de la caída de los precios internacionales y que le significó al país adelantar un proceso de ajuste. De hecho, paradójicamente, la votación en Cajamarca se da cuando el sector minero empezaba un proceso de repunte en los precios internacionales y en su producción.

Y el otro hecho que preocupa: el estado de opinión acerca de esta clase de iniciativas extractivas es negativo –no solo en las comunidades sino también en las Altas Cortes– y será muy difícil en el futuro mantener el protagonismo y crecimiento de la actividad minero-energética por la oposición cada vez mayor alrededor de estos proyectos.

Sin duda, las prácticas extractivas de recursos naturales y los desarrollos de infraestructura deben hacerse bajo las mayores exigencias normativas, ambientales y sociales, mitigando de la mejor manera los impactos que traigan en su construcción y operación. Si es así, ¡bienvenida! “Si bien el país necesita para su competitividad una infraestructura adecuada, esta no se puede hacer a cualquier precio y mucho menos comprometiendo el futuro del país y de las generaciones venideras”, advirtió hace unos años el entonces ministro de Ambiente, Juan Mayr.

El dilema de desarrollo vs. medio ambiente vuelve a tomar relevancia, porque si bien Colombia debe comprender que gran parte de su patrimonio está en la biodiversidad, ecosistemas y agua, también es cierto que el desarrollo de proyectos bien hechos y con los mejores estándares de calidad y sostenibilidad traen crecimiento y competitividad, y le han permitido a países como Canadá o Australia ser protagonistas del sector minero-energético en el mundo, pero también ser considerados como grandes reservas de agua y de recursos naturales.

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Comunicar los beneficios del desarrollo de las iniciativas no solo mineras, sino eléctricas, de infraestructura vial y petroleras, bajo las mayores exigencias normativas y regulatorias, ha sido un pendiente en las estrategias del Gobierno y las empresas. La negativa de los municipios para el desarrollo de la minería podría extenderse a otros sectores, como ya ha pasado, y eso representará también no contar con nuevos empleos, no acceder a regalías y tener menos alternativas de crecimiento regional; la pregunta que queda en el aire, luego de conocerse los resultados de la consulta en Cajamarca es: si no es la minería qué. Las regiones deberán entonces construir un nuevo mapa productivo en el que la actividad extractiva quede por fuera. ¿Qué tan viable y rentable será eso? Además, en el caso minero, le deja la puerta abierta a la minería ilegal, cuya acción ha demostrado que es más eficaz que la de las autoridades. También se generan nuevas dudas, como por ejemplo, si las comunidades tendrían poder de veto sobre obras realizadas o proyectos en desarrollo.

Tampoco ayudan las indefiniciones desde distintas instancias del Estado. Grandes proyectos están en entredicho por la inacción, por ejemplo, en materia de consultas previas, cuya ley no avanza en el Congreso o la interinidad que ha tenido la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla); así como la inseguridad jurídica que se ha venido gestando por fallos de las altas cortes.

En medio de este enrarecido panorama preocupa que el desarrollo de grandes proyectos esté quedando en entredicho y los recursos de muchos de ellos tomen otros rumbos y se vayan hacia otros países.

El dilema no es sencillo y el margen de maniobra es cada vez menor. Colombia tendrá que definir hacia el futuro cuál será el escenario en el que se moverá.

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