| 12/9/2008 12:00:00 AM

Banca, pirámides y responsabilidades

Mientras que en el mundo entero las autoridades buscan todo tipo de medidas para salvaguardar el sistema bancario, en Colombia el Gobierno se dedica a estigmatizarlo. Una situación absurda.

Desde que se desató la crisis financiera global, hemos sido testigos de múltiples esfuerzos por parte de los bancos centrales y los gobiernos del mundo para evitar el colapso de la banca. Ellos han invertido recursos billonarios para salvar los bancos e incluso han aplicado medidas poco convencionales, impensables hace unos años, como, por ejemplo, la asignación de recursos del público para emprender capitalizaciones de gran alcance.

Los gobiernos y bancos centrales han recurrido a semejantes medidas extremas porque saben que es indispensable hacerlo. Entienden que sin un sector bancario sólido y solvente no puede haber crecimiento.

En Colombia, sin embargo, a veces parece que viéramos a la banca no como un elemento central del modelo económico, sino como un buen candidato para endilgarle todos los males de la economía. Se le ha culpado de la informalidad, de la muy baja supervivencia de las empresas nuevas, del desempleo y del reducido crecimiento, entre otras cosas. Ahora, además, se ha decidido responsabilizar a la banca por las pirámides y por la irracionalidad de quienes invierten en ellas.

Quizás para lucir como si estuviera haciendo algo importante para manejar el problema, el Gobierno ha decidido emprender una campaña en la cual la banca aparece como uno de los causantes del lío de las pirámides. El argumento afirma que, puesto que muchos colombianos encuentran difícil acceder a los servicios de los bancos, entonces estaban obligados a llevar su dinero a las pirámides como única alternativa.

Por supuesto que hay razones para quejarse de los bancos y claro que sería preferible que estos problemas no existieran, pero de ahí a responsabilizarlos por las pirámides hay un amplio trecho. Es más, en la mayoría de los casos, las falencias de la banca tienen detrás una lógica económica que no se puede ignorar. Los rendimientos sobre los depósitos son bajos, pero es necesario reconocer que son precios que se fijan en un mercado y son los que paga este mercado. Los créditos de alto riesgo tienen una tasa de interés más costosa, pero su manejo también es más costoso. Cuando los deudores incumplen pagos, el banco les hace efectiva la garantía, pero es la única forma como el sistema puede operar. Al final, los recursos que canalizan los bancos son los ahorros del público y los bancos deben velar porque su utilización sea óptima.

Olvidan quienes asumen una posición de radical oposición a la banca que, cuando se produjo la crisis financiera de finales de los noventa, muchas entidades desaparecieron, pero ningún ahorrador perdió su dinero. Se aprecia la enorme diferencia frente a la reciente catástrofe que han generado las pirámides con los ahorros de los colombianos.

Otra cosa es la responsabilidad que le cabe al Estado en la canalización de los impuestos que pagan los bancos cada año, así como en la eficacia de su gestión de supervisión. El Estado tiene la función de velar por el óptimo funcionamiento de la banca. Esto significa, por un lado, otorgar todas las garantías para que pueda operar, pero también actuar eficazmente cuando lo juzgue necesario para evitar abusos.

Así, antes de culpar a los bancos del surgimiento de las pirámides, o de empresas como DMG, habría que preguntarse por las razones detrás de la permisividad y ceguera de las entidades del Estado. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que cualquier empresa del sector real que no cumpla con la normatividad en cuanto al desarrollo de su objeto social es sujeto de una visita de la Superintendencia de Sociedades, seguida por las sanciones correspondientes. ¿Qué pasó, entonces, en el caso de DMG?

Quienes invirtieron en las pirámides y en DMG lo hicieron a conciencia del riesgo en el que estaban incurriendo y fueron guiados por el deseo de alcanzar un lucro extraordinario. ¿Debe entonces el Gobierno utilizar los recursos de los contribuyentes para resarcir a quienes perdieron sus ahorros en las pirámides? Si este es el caso, ¿no debería también el Gobierno compensar a quienes están ahorrando en los fondos obligatorios de pensiones por las pérdidas en que han incurrido este año y que afectan la magnitud de sus pensiones en el futuro? Ni lo uno, ni lo otro.

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