Apoyo social

| 10/8/1999 12:00:00 AM

Apoyo social

Con el Fondo y sin la banda, desde septiembre, la economía adquirió norte. Con tasa de cambio competitiva y libre, reducción efectiva del gasto público y posiblemente de impuestos, así como con un nuevo arreglo monetario para mayor crédito privado y menores intereses, se respira un nuevo aire que conducirá a una recuperación de la economía el año entrante.



El cambio del clima económico no borra, sin embargo, los mayores costos del manejo económico anterior: el deterioro de los activos y la cuestión social. Para recuperar la capacidad de crecimiento, más allá de la reactivación, urge un programa de promoción de la inversión, con reestructuración de deudas y amplia capitalización que combine ingeniería financiera con generosidad fiscal. Reconstruir el capital requiere mejores estímulos empresariales.



Pero el mayor costo de esta depresión, no puede olvidarse, es social. Trescientos mil muchachos fuera de los colegios y universidades, medio millón de nuevos desplazados, un millón adicional de desempleados y un millón y medio de nuevos pobres son cifras que tienen que movilizar la acción del Estado y de la sociedad. En buena hora las entidades multilaterales pidieron un programa de apoyo social para las poblaciones más vulnerables. Este, más que un requisito con el FMI, es el reto que el gobierno y la sociedad no pueden seguir posponiendo.



El principal problema en el corto plazo es, sin duda, la falta de empleo. Antes de la recuperación del próximo año, el desempleo seguirá subiendo. Y con crecimientos del PIB del 3 y 4%, el desempleo no descenderá del 18% antes del año 2002. Está bien tener programas directos del gobierno central para crear empleo, como los de pico y pala y los de vivienda. Pero hay que comprometer a los entes territoriales en mayores iniciativas. Y, sobre todo, hay que pensar más en grande. Se requiere legislación de emergencia para abaratar el costo salarial de las empresas, en especial de las exportadoras, a cargo de recursos del Sena, de las cajas de compensación y del presupuesto. Y también legislación permanente que redistribuya los riesgos financieros entre empresas y trabajadores y permita crear más y mejor empleo en la fase inicial de la recuperación.



El problema más importante, creemos, sin embargo, es de seguridad. La inseguridad de la vida y los bienes no afecta solo a los estratos altos. Es el momento para que una institución como la Policía, con bien ganado prestigio, incorpore 50.000 nuevos agentes comunitarios para la atención de zonas populares. Pero la seguridad tiene un sentido más amplio. Hay que evitar el retiro de los muchachos de sus estudios y su acceso temprano al mercado de trabajo, reduciendo los costos de la educación para las familias y, posiblemente, brindando subsidios para estudiar. En situaciones de emergencia como estas, las becas son más efectivas que los créditos. Los empresarios pagarían orgullosos sus impuestos a los colegios por nuevos cupos. Hay que hacer lo imposible para que las poblaciones empobrecidas tengan seguro médico. Sonsacar las platas de solidaridad del Fosyga para alcahuetear más hospitales públicos es, además de un delito fiscal, casi un crimen social. Más que reducirlas, es hora de aumentar las coberturas del régimen subsidiado, acelerando la transición al nuevo sistema de salud.



Este gobierno no puede reproducir el programa asistencialista, disperso y centralizado, con poco impacto y en contravía de la modernización de la gestión social del pasado gobierno. En esa materia, también, hay que marcar el cambio.
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