| 12/11/2009 12:00:00 PM

Año electoral ¿otro año perdido?

Ojalá que la politización del país, a raíz del debate electoral, no impida avanzar en 2010 en las múltiples tareas que son necesarias para corregir las fallas de nuestra economía. El costo sería demasiado alto para Colombia.

El año que termina no fue bueno para los colombianos, ni en lo económico ni en lo social. Desafortunadamente, el que viene tampoco lo será. A la lenta recuperación de la economía, se suman la enorme expectativa frente a las elecciones presidenciales y los múltiples desenlaces que estas podrían llegar a tener. Es mucho lo que está en juego y mucho lo que hay por hacer.

Basta dar una mirada a los indicadores económicos. El primero y más preocupante es el desempleo. Este, que había cedido ligeramente en los años anteriores, está creciendo de nuevo y no hay ninguna señal que indique que su tendencia pueda revertirse pronto. Aunque el aumento del desempleo es, en parte, una consecuencia coyuntural de la caída de la demanda (la externa, esencialmente Venezuela, y la interna), muchas otras razones explican por qué Colombia mantiene una de las tasas de desempleo más altas del continente.

Hace años que en Colombia no surgen sectores productivos que generen puestos de trabajo de mejor calidad. Los que se están desarrollando, como el de BPO (Business Process Outsourcing, donde el ejemplo más visible son las operaciones de call center) han encontrado serias limitaciones en cuanto a la baja capacitación de la gente y la carencia de un segundo idioma.

Los sectores tradicionales, por su parte, reducen su fuerza laboral a medida que se tecnifican, en lugar de aumentarla. Esto fue precisamente lo que sucedió en los años de la gran expansión económica, a mediados de esta década, cuando el capital se volvió menos costoso que el trabajo en términos relativos.

Nuestros sectores tradicionales intensivos en mano de obra dejaron de ser competitivos, en la medida en que la mano de obra es muy costosa frente a su nivel de productividad. No solo los impuestos parafiscales la hacen más costosa, sino el nivel mismo del salario mínimo, que es muy alto. De acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad de 2009-2010, del Consejo Privado de Competitividad, el salario mínimo en Colombia es equivalente al 55% del ingreso per cápita, el cual, junto con el de Argentina, es de los más altos en América Latina.

El mercado del trabajo en Colombia sigue teniendo problemas estructurales. Es urgente que, tanto el Gobierno como el Congreso revisen lo que está ocurriendo en el mercado laboral y hagan las reformas del caso, tanto para reducir la informalidad como para que se generen nuevos puestos de trabajo. Estas reformas deben ir de la mano de la capacitación de la fuerza laboral.

En el mismo orden de ideas está la reforma fiscal estructural que el país tiene pendiente. Ella debe eliminar la carga de los parafiscales sobre las empresas y sustituir sus fuentes de financiación por recursos del fisco, de modo que no se afecten las entidades que se financian por esa vía, como el ICBF y el Sena.

El atraso histórico del país en infraestructura, especialmente de transporte, es notorio y resulta indispensable acelerar el paso para recuperar el terreno perdido. Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la inversión en infraestructura de transporte no ha superado en los últimos diez años el 1% del PIB en promedio. Frente al reto ineludible de superar el atraso, se debe aspirar a una meta de por lo menos el 2% del PIB en el corto plazo. Es más, para alcanzar un nivel de infraestructura vial similar al de Corea, país que a finales de los años 80 contaba con una infraestructura similar a la de Colombia, habría que invertir en vías el 5% del PIB en los próximos 20 años.

Se debe destacar que, finalmente, el Gobierno decidió actuar en el frente de la infraestructura, así no lo haya hecho por convicción sino como una política anticíclica para enfrentar la crisis. Se está avanzando en el tema y no por cuestiones electorales puede dejar de hacerse. Esto es indispensable para la competitividad, para la generación de empleo y para mejorar la calidad de vida de los colombianos al reducir las distancias entre las regiones.

Adicionalmente, se requiere una política pública que señale criterios homogéneos y estándares para la estructuración de los proyectos y la confección de los pliegos licitatorios. Esto permitiría eliminar la improvisación, reducir el poder de la decisión particular de cada funcionario y combatir la corrupción que ha dominado al sector en los últimos años. La existencia de buenos proyectos totalmente estructurados es la única forma de atraer la inversión privada que requiere el sector.

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