No son días fáciles los que vive la economía argentina tras la jornada electoral del 23 de octubre, cuando la presidente Cristina Fernández de Kirchner obtuvo su pase a la reelección. La sicosis por lo que se ve como una inminente devaluación del peso argentino y una previsible destorcida en la economía, presiona una creciente demanda de dólares que amenaza con desbordar el sistema cambiario.
Solo una semana después de la reelección, la fuga de capitales puso en alerta a las autoridades económicas pues alcanzó los US$3.700 millones en solo cinco días, según un informe del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. El Banco Central tuvo que salir a intervenir el mercado con una oferta diaria cercana a los US$150 millones para contener la presión, que aún no cede.
¿Qué está disparando la masiva compra de dólares? Los expertos creen que la profunda desconfianza en la política económica que aplicará el gobierno en su segundo mandato. Por eso, los que deberían ser tiempos de celebración se han convertido en días de incertidumbre para la presidente, que ante la ola de desconfianza ha respondido con duras medidas de control cambiario para disgusto de los sectores empresariales.
Los últimos meses han sido especialmente críticos. Los cálculos del Banco Central indican que en los últimos 12 meses la fuga de capitales alcanza los US$22.000 millones, una cifra que no se veía desde 2008, con un impacto directo en la producción. Según el ex presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, los capitales que se fugan “no se invierten en el país y el consumo siente la restricción”.
El freno a la situación lo ha impuesto el ministro de Economía, Amado Boudou, quien anunció que ahora será la agencia de recaudación tributaria, Afip, la encargada de controlar la venta de divisas, mientras los bancos y casas de cambio tendrán que verificar una a una las transacciones de empresas o personas, a través de un nuevo sistema en línea que arrancó el 31 de octubre.
La venta de divisas a personas naturales y empresas se hace dependiendo del nivel de ingresos, pero además entró a operar un estricto sistema de repatriación de ingresos por exportaciones, mientras el límite para ventas mensuales de dólares a empresas se mantiene en US$2 millones. Pero ni las empresas ni las personas naturales están de acuerdo con las restricciones. Y mucho menos los bancos, que públicamente advirtieron no estar en capacidad de cumplir a tiempo con la verificación de informes, y optaron por suspender –al menos por ahora– la venta de dólares en cajeros automáticos, por internet o por teléfono.
Pese al descontento general, el gobierno sigue firme en su meta de frenar la salida de capitales, en un pulso que apenas comienza y nadie sabe a ciencia cierta cómo va a terminar.