Opinión

  • | 2012/02/01 18:00

    A propósito de los ‘urabeños’

    El paro armado impuesto por este grupo vale la pena estudiarlo con algo más de perspectiva, como muestra y columna vertebral de la historia reciente de Colombia.

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Una gran cantidad de escritos se produjeron con motivo del paro armado impuesto por el grupo de los ‘Urabeños’ en la costa norte del país. La mayoría trataba de lo que significaba ese hecho dentro de los diferentes contextos del momento: la situación de orden público, el poder de ese grupo armado, su significado político, su derivación de los grupos paramilitares o mafiosos, etc.

En realidad, vale la pena estudiarlo con algo más de perspectiva, como muestra y como columna vertebral de la historia reciente de Colombia.

Ese rincón de Colombia había sido tradicionalmente la región con más pobreza, con más desigualdad, y hasta cierto punto menos desarrollada y explotada, hasta que en cierto momento apareció la actividad bananera como alternativa a la zona del Magdalena que tantos problemas había tenido históricamente y que, por escasez de tierras y cambios en las condiciones sociales, aparecía menos interesante.

Se creó así una especie de modo de producción insostenible en el que la inversión de capital requería mucha mano de obra, pero aunque se dependía de esta última, las condiciones laborales eran inaceptables. Más que un régimen parecido al feudal era casi esclavista.

Se presentó entonces la agitación ‘de izquierda’ bajo la forma de Sintrainagro, que promovió el movimiento sindical y las reivindicaciones correspondientes, pero simultáneamente abrió el camino para las protestas y las exigencias por vías de hecho que rápidamente fueron utilizadas para expandir el grupo guerrillero del EPL.

Brotaban entonces grupos insurgentes, en parte por influencia o con ayuda externa, y en principio defendiendo posibles ideologías o modelos de Estado diferentes pero, en el fondo, conformados por lo que Alfredo Molano caracterizó como ‘desempleados armados’ que encontraban en esa actividad una solución de vida.

Las huelgas dieron paso a las vacunas, a los secuestros, y hasta los homicidios (caso de Alfonso Ospina) y esto a su turno produjo como reacción la idea de la autodefensa. Así, entre los bananeros de Urabá y los ganaderos de Córdoba organizaron la que en su momento llamaron ACCU –Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá–. La que después, con ese enfoque para enfrentar el problema común, bajo el liderazgo de Fidel Castaño allá, y en el Magdalena Medio con el nombre de ‘el comité’ y detrás de Acdegam, representados en diferentes etapas por Pablo Guarín, Ariel Otero, Gonzalo Pérez, o después por Ramón Isaza, se trasformó en las AUC –Autodefensas Unidas de Colombia–.

En ese momento, con la intención de combatir a la guerrilla como su enemigo, algunos militares consideraron útil apoyar y apoyarse en tales grupos, y oficiales como el general Rito Alejo del Río en la Costa, o el coronel Bohórquez en el interior, los utilizaron para hacer las acciones para las que como fuerza oficial estaban impedidos. Es decir, en estricto sentido etimológico, se volvieron una fuerza paramilitar, financiando y siendo adiestrados incluso por mercenarios extranjeros.

El contacto o la vinculación de Rodríguez Gacha por sus intereses en el Magdalena y, por supuesto, los intereses económicos que ya se movían alrededor de la droga, donde en Córdoba se confundían los terratenientes tradicionales con los nuevos poderosos capos, estableció la relación con el narcotráfico.
Mientras tanto, las ‘aperturas democráticas’ de los 80 y principios de los 90 permitieron ensayos de desmovilización de la guerrilla, entre ellos en esa región el del EPL, que cambió su denominación y se volvió ‘Esperanza, Paz y Libertad’ para actuar como movimiento político, generando una nueva disidencia y la reacción de los ‘Comandos Populares’.

La inversión de ‘nuevos capitales’ en palma africana generó a su turno un nuevo problema de desplazamientos y desposesión de las comunidades locales.

Pero ninguno de estos procesos había cambiado las condiciones socioeconómicas de la zona donde seguían presentes los terratenientes y los grandes capitales –tradicionales y nuevos–, donde la pobreza y la desigualdad no desaparecían y, sobre todo, donde el desempleo hacía que esas actividades fueran casi la única oportunidad laboral, engrosando la oferta de ‘desempleados armados’ a los que en la práctica les daba igual servir una causa u otra.

Como se mencionó, la historia del país pasa por esa región, y fue allá donde la política de las Convivir tuvo inicialmente su mayor desarrollo –el cual el entonces gobernador, Álvaro Uribe, tan orgullosamente reivindicaba–.

Con mucha fuerza pero en otras partes se repetía el fenómeno de guerrillas que extorsionaban a los dueños de las tierras, y la conformación de grupos armados para defenderse. Se formó así una segunda etapa del paramilitarismo en que militares y terratenientes (narcos y no narcos) se unieron en una especie de federación con el propósito de enfrentar a la guerrilla en el terreno militar.

Otras regiones, en especial el Meta y el Cesar-Magdalena, se integraron con ese movimiento que cada vez fue tomando más cariz político, pero también estrechándose cada vez más la asociación con el narcotráfico. Sin embargo la dirección y orientación la mantuvo esa región –Carlos Castaño, Mancuso–.
En forma natural vino la idea o el propósito de apoderarse de la dirección del Estado directamente. Coincidían el interés de los narcos, de los afectados por las guerrillas, de los militares en acabar con la insurgencia, y el elemental de todos los políticos. El primer Pacto de Ralito para ‘refundar la Patria’ fue algo como podría decir Núñez: ‘elevar a la categoría de sacramento la relación que los unía’.

Ese proyecto ya propiamente político se encontró con las condiciones y el vehículo para lograrlo con la elección de Álvaro Uribe, quien sin ser el dirigente de todos ellos –ni de los políticos, ni de los narcos, ni de los paras–, les permitía que sus intereses y su poder fueran representados en el Gobierno. Tanto así que bajo su mandato se produjo el segundo ‘Pacto de Santa Fe de Ralito’, ‘en el mismo lugar y con la misma gente’, para que en una especie de cooptación se les reconociera y aceptara un ‘derecho de amnistía’.

Pero nada de esto cambió los fundamentales; o sea, la condición de los habitantes, excepto que se multiplicaron las razones y los ejemplos de por qué la vía de las armas era un camino para, como ‘desempleados armados’, encontrar trabajo, ingreso y salir de la condición de humillados.

Si los de hoy son o no paramilitares es una cuestión de lenguaje. Si por eso se entiende que le hacen el trabajo sucio a los militares, no lo serían; si por ello se entiende los que se armaron para enfrentar la guerrilla, no; si son quienes heredaron el mismo propósito de refundar la patria, tampoco; si a esa palabra se le asigna el sentido de bandas armadas activas y/o al servicio del narcotráfico, seguramente sí.

Lo que no es discutible es que los de la tropa sí son los mismos que han venido teniendo esas actividades de violencia que los gobernantes o los analistas buscan atribuir como al servicio de una u otra causa (guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico) pero que en el fondo no es una causa diferente de la de su propia vivencia o supervivencia diaria: ninguna de las razones que originaron esas diferentes etapas de su historia han cambiado, por lo tanto, lo previsible es que, con uno u otro nombre, esas condiciones de violencia, de desempleados armados manejados por unos u otros intereses, se repetirán.
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