Muchas voces se alzan para criticar la desigualdad social en nuestro país. Pero son pocas las propuestas encaminadas a solucionar de fondo este problema. ¿Será que a los críticos les da un poco de temor poner la cara para debatir los factores estructurales que explican que nuestra sociedad sea tan desigual?
Comencemos por lo obvio. El problema que hay que atacar tiene dos partes: i) la alta concentración de los ingresos en el sector más rico de la población y ii) la ausencia de ingresos del sector más pobre de la población.
¿Estamos haciendo algo para llevar más ingresos a los pobres? El reciente boom minero y petrolero tuvo un efecto moderadamente positivo en el ingreso de nuestros pobres. Pero, por desgracia, la tendencia alcista de los precios de las materias primas es vulnerable y por lo mismo también lo son las rentas nuevas que llegaron a los pobres gracias al crecimiento extraordinario del sector minero. Necesitamos estabilizar un crecimiento alto que permita a los pobres mejorar sus ingresos, y por diversas razones no es fácil lograr esto en Colombia.
También ayuda –a veces– el gasto social. Algún progreso hemos logrado gracias a los programas tipo Familias en Acción, que ofrecen dinero a familias pobres contra compromisos relacionados con el aumento de peso de sus niños o su permanencia en la escuela. Estos programas son útiles, pero su alcance es limitado. Y, por lo demás, el aumento del gasto público en Colombia (incluyendo el social) no ha tenido el impacto positivo que cabría esperar que tuviera en la capacidad de consumo de los pobres, y ninguno en la desigualdad. Como ejemplo de este problema sirve el caso de la educación pública que reciben los niños pobres, cuya calidad se aleja cada vez más de la calidad de la educación privada que reciben los niños ricos.
¿Estamos haciendo algo para redistribuir las rentas de los más ricos? No sabemos si al Gobierno le interesa o no utilizar el instrumento tributario para corregir la desigualdad. Para saberlo habrá que leer el proyecto de reforma anunciado por el Gobierno, ya que el cambio de la estructura tributaria que vendrá con la reforma puede ser parte de la solución, como también puede agravar el problema, dependiendo de cómo y a quién se decida cobrar los nuevos impuestos.
En el campo impositivo, Colombia tiene mucho por hacer, puesto que aquí los ingresos tributarios provienen de manera desproporcionada de los impuestos indirectos que gravan a toda la población y, en cambio, la participación que recibe el fisco de los impuestos que cobra sobre la renta de los individuos más ricos es muy baja si se la compara con el estándar mundial. Pero reformar esto parece complicado, entre otras razones porque el presidente Santos prometió en su campaña que no incrementaría los impuestos. De manera que, si Santos quiere ser recordado como un verdadero traidor a su clase social, deberá incumplir esta promesa y cobrar más impuestos a los individuos más ricos.
Ahora pasemos a lo que usualmente no se dice en voz alta sobre este tema: para atacar las causas de nuestra desigualdad es necesario que la sociedad controle la influencia desmedida que hasta ahora ejercen los poderosos sobre nuestro Estado, porque si las decisiones del Gobierno son tomadas para favorecer intereses individuales y no para buscar el bien común, el Estado mismo se convierte en un poderoso promotor de la desigualdad.
Mientras nuestra democracia no enfrente este problema, seguiremos viendo cómo nuestro gobierno toma decisiones de política económica sin contar con los intereses de los más pobres y que solo sirven a los grupos privilegiados.
¿Es posible siquiera abrir este debate? No es fácil. Además de continuar con su estrategia tradicional de hacer importantes donaciones a las campañas de los candidatos presidenciales y de los congresistas, los grupos económicos han decidido invertir en los medios de comunicación, y hoy en día no solamente cuentan con el agradecimiento de muchos políticos, sino que también controlan la opinión pública. ?Por lo pronto, el poder de los intereses especiales en Colombia explica –por ejemplo– por qué un saco de 5 kilos de azúcar cuesta $8.938,91 en un almacén Tía de Quito y $12.740 (42% más) en un Tía de Bogotá.
En últimas, el triunfo de los objetivos de corto plazo de los grupos económicos es contrario incluso a los intereses de largo plazo de esos mismos grupos, porque la desigualdad extrema empobrece a todo el país. Pero, por alguna razón, aunque los colombianos súper-ricos aplican bien la Primera Ley de Pambelé, según la cual es mejor ser rico que pobre, no parece interesarles la Segunda Ley de Pambelé, también conocida como Pambelé al cuadrado, que propone que es mejor ser rico en un país rico que ser rico en un país pobre.