Opinión

  • | 2011/08/03 18:00

    El ex ministro en su encrucijada

    Cuatro dimensiones diferentes tienen los casos de los escándalos que vive el país. Pero no todos con las mismas características. Eso se puede analizar tomando como referencia el ejemplo más reciente del ex ministro de Agricultura.

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Difícil encontrar un tema que merezca estudiarse más que el tratamiento penal que se está dando a los vinculados con los escándalos de corrupción que hoy aparecen ante la opinión pública.

Dos consideraciones previas son pertinentes: una, que la ‘corrupción’ está cumpliendo la misma función que el ‘terrorismo’ bajo Uribe; es decir, concentrar la atención del país en ese tema, distrayéndonos de todo lo que tiene que ver con políticas propiamente, de la discusión –más que necesaria– sobre el modelo de desarrollo que tenemos y las medidas que se toman para implementarlo, relegando cualquier debate sobre si son convenientes o no. La otra, que no puede ser que a los medios de comunicación –y al mismo presidente Santos– estas ‘revelaciones’ los tomen por sorpresa, encontrando de un día para otro todos estos ‘horrores’, porque en los ocho años anteriores nunca supieron lo que pasaba; es claro que no es que ahora los estén descubriendo sino que entonces los estaban encubriendo; si era porque compartiendo los propósitos le jugaban al famoso ‘todo vale’, y ahora les conviene el cambio de estilo para poder continuar desarrollando el cultivo de los ‘huevitos’ –como lo repite el nuevo mandatario–, es un tema en el que valdría la pena profundizar, pero en otra ocasión, cuando haya pasado el frenesí de las denuncias y los carcelazos.

Cuatro dimensiones diferentes tienen los casos de los escándalos que vive el país. Pero no todos con las mismas características. Eso se puede analizar tomando como referencia el ejemplo más reciente del ex ministro de Agricultura.

La arrogancia y la prepotencia con las que ejerció el cargo llevaron a que, más que las políticas o las medidas que tomara, fuera su personalidad la que quedó en la mente de la población. Pocos personajes que hayan tenido menos aceptación en su manera de presentarse que el Dr. Arias. El estilo es el hombre, y significa no solo que las formas cuentan, sino que además expresan la esencia de la persona y se manifiestan en sus comportamientos. Lo que chocó tanto de Uribito –su suficiencia– es también una actitud ante las reglas del juego que lo rodean. Y puede producir consecuencias en su accionar. Ante la opinión pública puede tener efectos incluso en las elecciones, pero lo que la justicia evalúa no es lo que puede molestar de esa actitud, sino si ella lo lleva a violar la ley. Lo que la Fiscalía ha hecho –o intentado, ya que los jueces son quienes lo calificarán– es establecer si los actos fueron ilegales y si hubo dolo; no le compete pronunciarse respecto al temperamento del responsable.

Otro aspecto es el de las políticas mismas. Propuestas como la de subsidiar a los ricos porque ellos son quienes producen la riqueza, y que cuando esta sea suficiente se repartirá, son muy cuestionables. Puede darse incluso el caso de llegar a ser contrarias a normas constitucionales, pero para eso –se supone– están los controles que la misma Carta contempla. Un tema como la reforma de la primera reelección puede alegarse que debería haber sido declarada inconstitucional como, y por las mismas razones, que la segunda (o la nueva ley de regalías porque desvertebra o reversa el principio de descentralización, o la sostenibilidad fiscal porque es contraria a la garantía de los derechos sociales); pero defender o incluso sacar adelante tales propuestas, tanto como amerita un análisis y como merece consecuencias políticas, no puede convertirse en un juicio penal. Fueron muchos los programas de gobierno que, como en el caso del dr. Arias, con la intención de entregar Carimagua al mejor postor, serían igual de controversiales, y muchos los funcionarios que compartieron orientaciones que en sus consecuencias pueden caer en excesos indeseables –desde cosas peores como las recompensas que indujeron los falsos positivos, pasando por la privatización de la salud con los cuestionados ‘recobros’, hasta otros tan generalmente aceptados como el TLC, del cual aún no se saben los resultados–. Que sean buenas o malas políticas y produzcan unos u otros resultados no significa que de ello salgan responsabilidades penales. Es la Corte Constitucional la que debe dar o no vía libre a que se conviertan en elementos estructurales del Estado.

Lo tercero es que para adelantar esas políticas se puede caer en violación de normas legales, o, como tanto se usa para la defensa, en la idea de que ‘la costumbre hace ley’ (por ejemplo, repartir burocracia para ganar votos). Pero convertir en tráfico de influencias el solicitar referencias a las personas que uno conoce o que por su condición pueden asesorarlo, puede ser una exageración. Tipificar y juzgar como delito que un alto funcionario nombre personas que le recomiendan es absurdo, pues es claro que lo contrario implicaría que, además de tener que conocer el candidato apropiado para cada puesto, no le fuera permitido consultar la opinión de otras personas que pudieran referenciarlo. Igual sucede al buscar enjuiciar como ‘concierto para delinquir’ cualquier tema que se trate entre varias personas y que puede llegar a implicar una decisión cuestionada de gobierno. Al subalterno que ejecuta órdenes superiores no se le puede exigir que desconfíe de las capacidades o de la honradez de quien las da, y que escudriñe antes las consecuencias que puede tener. Ni al superior que se apoya en técnicos especializados se le puede exigir que no se base en ellos, y que para cada decisión que le corresponda ratificar ponga en entredicho esas calidades en sus asesores. Para estos ‘vicios de legalidad’ el control de la Procuraduría es el pertinente, ya que las circunstancias en las cuales alguien merece ser sancionado en un juicio penal deben ir más allá del simple hecho de que ocupa un cargo o aun de que ejerce como jefe de un despacho.

La otra condición sí compete a la justicia: se debe establecer en el proceso, y corresponde a los jueces calificarla, aislándola de las tres anteriores: para que sea procedente la pena –y con mayor razón lo sea la detención preventiva– supone el indiciado tener conocimiento de que su actuar es delictuoso, la decisión de llevarlo a cabo, y el objetivo de alcanzar un resultado determinado que sabe que de otra manera sería indebido o no alcanzable. Hay diferencia entre quien de buena fe, dentro de un contexto que por no ser cuestionado por nadie parece legal, resulta desconociendo alguna norma que además puede ser interpretada en diferentes sentidos, y quien, con lo que constituirá dolo propiamente, a sabiendas de la ilegalidad que comete y por razón del objetivo que busca, desacata deliberadamente el orden legal.

Por eso, la acusación de la Fiscal contra el ex ministro Arias, más que hacer énfasis en la omisión de los requisitos para firmar el contrato con el Iica o en el beneficio indebido de los que recibieron el subsidio en forma amañada –lo que da por hecho–, apuntó a probar que fue una decisión tomada a conciencia la que llevó a saltarse la licitación –prescindiendo del principio de la prudencia que obliga al sector público–; que el resultado de posibles abusos fue contemplado y preavisado –en el estudio de Econometría–; y que la probable razón de que a pesar de ello se actuara en esa forma es que esto coincidía con el interés político de quien tomaba las decisiones.
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