Opinión

  • | 2011/11/23 18:00

    El diablo está en los detalles

    ¿Qué hacer con el derecho de las comunidades de ser consultadas cuando ciertos proyectos las afecten?

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John Stuart Mill, uno de los pensadores ingleses más importantes del Siglo XIX, y fiel intérprete de la Ilustración, manifestó lo siguiente: “la libertad es el derecho de hacer lo que al individuo le parezca sin interferencia de los demás, siempre y cuando aquello no implique daños a los demás. Y el simple hecho de ofender las sensibilidades morales de otros no cuenta como daño. Especialmente porque muy comúnmente se confunden los sentimientos de rechazo con sentimientos de desaprobación moral”.

El principio de libertad sin perjuicio a los demás viene como anillo al dedo al analizar lo que está sucediendo en Colombia con los derechos y libertades de ciertas comunidades y minorías, especialmente en relación con su participación dentro del proceso consultivo para la ejecución de proyectos, según manda la Constitución.

Dos acontecimientos recientes han vislumbrado la interpretación que tanto el Gobierno Nacional como la Corte Constitucional han decidido dar a estos derechos. A mi juicio, interpretaciones que contradicen en varias formas el mensaje de prosperidad y desarrollo que por otra parte el mismo Gobierno ha venido pregonando. Los hechos tienen que ver con el rechazo sin análisis de un proyecto de hotel en el Parque Tayrona, y con la sentencia T693-11, sancionada por la Corte Constitucional y relativa al proyecto del Oleoducto de los Llanos (ODL).

Con respecto al proyecto del hotel, mucho se ha dicho al respecto, por lo que creo que los argumentos que defienden la posición de quienes pensamos que el desarrollo sostenible es la mejor opción, no solamente para proteger los parques naturales sino para sacarlos de las garras de actividades ilícitas, son claros y públicos. Menos publicitado es el contenido de la sentencia de marras, el cual contiene una interpretación del derecho constitucional de las minorías y las comunidades de manera tan amplia que podría terminar por paralizar la Prosperidad para Todos.

La T693-11 acepta una tutela de la comunidad Achagua y Piapoco, compuesta por 1.000 personas, la cual no fue consultada para la construcción del ODL, a pesar de estar en su zona de influencia.
Antes de seguir, es importante anotar que el derecho de consulta y determinación de las minorías es fundamental, necesario e importante para el desarrollo sostenible de proyectos e inversiones en el país, y que esta no es la esencia del debate. La misma radica en la interpretación de dicho derecho.

El ODL contó con todos los requisitos de ley para su construcción –incluyendo en particular una certificación del Ministerio del Interior sobre la presencia de comunidades en la zona de afectación directa del proyecto, la cual no incluía a la comunidad mencionada– y la sanción de la licencia ambiental por parte del Minambiente. El oleoducto adicionalmente no pasa directamente por el resguardo indígena de los Achagua y Piapoco. Sin embargo, la Corte considera que es necesario reparar a la comunidad mediante una consulta a la misma y un diseño de medidas que contribuyan a recuperar la afectación cultural y espiritual de la comunidad, medidas que deben ser acordadas entre el ODL y los Achagua.

Entre varios argumentos, se destacan los siguientes en la sentencia: i) aunque las obras del ODL no se desarrollaron dentro de los límites del resguardo, “los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados respecto de las medidas que les conciernen directamente, especialmente explotación de recursos naturales ubicados dentro de sus territorios, entendiendo por estos aquellas áreas no solo tituladas a una comunidad, sino también aquellas ocupadas ancestralmente y que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, religiosas y espirituales”; ii) que la intervención del Charcón Humapo, sitio considerado sagrado por los Achagua, así “sea subterránea y no haya causado daños al medio ambiente, también está lesionando el derecho de la comunidad a la protección de su integridad cultural y ha puesto en riesgo su supervivencia misma”.

De esta lectura surgen inquietudes como las siguientes, cuya respuesta determinará la mencionada Prosperidad para Todos: ¿Los derechos de 1.000 individuos son moralmente superiores a los del resto de los colombianos (que reciben las regalías producidas por Rubiales, el segundo campo productor del país)? ¿Hay límites a la extensión de territorios de las comunidades indígenas? ¿Quién debe responder por las fallas en la identificación de las comunidades en las zonas de influencia de un proyecto: Mininterior, Minambiente, la compañía, aunque esta última siguió al pie de la letra el procedimiento vigente en la ley para el desarrollo del mismo? ¿Hasta dónde llegan la religión y espiritualidad de una comunidad vis a vis los derechos de los demás ciudadanos colombianos? ¿Cómo se define la supervivencia misma de una comunidad? Si la protección de los derechos de las comunidades hace inviable el desarrollo, ¿quién debe asumir los sobrecostos de proyectos que deban ser intervenidos por respetar esos derechos.

El país necesita urgentemente claridad sobre la interpretación de las normas relativas a la consulta de comunidades, las cuales tienen que, por supuesto, contener límites que deben considerar los interrogantes anteriores. Y dicha interpretación requiere de continuidad y defensa.

Valdría la pena repensar a Mill. Su legado podría tener importantes respuestas para que puedan convivir las minorías y el desarrollo.

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