Opinión

  • | 2012/01/18 18:00

    El derecho constitucional americano

    El año electoral americano y la celebración de los 20 años de la Constitución colombiana hacen que sea interesante recordar la historia de la Constitución de ese país; tal vez así apreciemos la distancia y la diferencia entre ambas.

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Situándonos en 1776 cuando la declaración de independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, lo primero a constatar es que la noción de ‘Estado de Derecho’ no existía y, en consecuencia, lo que hoy conocemos como ‘derecho constitucional’ tampoco. Los regímenes políticos eran monarquías en las que Estado y gobernante suponían ser una sola cosa. Tal vez el único reino adonde se había creado el principio de que los ciudadanos y el mismo gobernante estaban sometidos a un orden superior era precisamente Inglaterra, pero sin que existiera ni exista una Constitución, puesto que lo regía y lo rige el derecho consuetudinario; la Carta Magna de los nobles ingleses bajo Juan I en 1215 puede ser tomada como el origen de la limitación del poder del monarca y de los tratados entre gobernante y gobernados, pero dista mucho en el tiempo y en el contenido de poder considerarse como la Constitución de un Estado de Derecho.

El sistema de las elecciones primarias americanas permite destacar otra característica que corresponde al momento histórico que se vivía. No es el voto popular el que elige al Presidente, porque la Constitución Americana en 1787 nació de los llamados Artículos de la Confederación que era un Tratado de 1781 entre las diferentes colonias que tenían ya cada una su propia organización política. El propósito inicial no fue crear un Estado Federal sino unirse para atender más eficientemente algunos puntos concretos que podían interesar a todos –las fuerzas armadas para la defensa ante el extranjero, la moneda, las reglas para el comercio interno y protección ante el externo, y las relaciones internacionales–.

Por eso, cada Colonia-Estado tenía y tiene su propia Asamblea Legislativa, su propio cuerpo de policía, su Corte Suprema, su sistema de impuestos, etc., y su propia manera de elegir en unas primarias quiénes serán inicialmente sus candidatos por partidos (unos con Caucus, donde unas asambleas ciudadanas nombran unos delegados, otros por voto popular; unos en los cuales el ganador se lleva todo el paquete y otros en los cuales se reparte en proporción a la votación) y, después, quiénes serán los miembros de la Asamblea que nombra al Presidente (pues este no es elegido por voto popular) pero que en la práctica solo ratifica a quien ha ganado más delegados en la sumatoria de lo que consiguen en cada uno de los Estados (por eso se dio el caso de ‘Bush Junior’ que tuvo minoría en el total de las votaciones pero ganó por el número de delegados que designan al mandatario).

Paradójico es que, buscando no configurar un solo Estado entre todos, ni renunciar cada cual a su autonomía, los elementos que cedieron o acogieron para tratar en común son justamente los que hoy se considera que constituyen la esencia de un Estado.

Lo importante es recordar que fue un pacto entre los entes políticos que eran cada una de las colonias, y no entre los ciudadanos; y que no se intentaba crear un Estado común sino únicamente el manejo de algunos temas que podían ser compartidos.

Simultáneamente evolucionaba en el mundo europeo, especialmente en Francia, otra noción que apenas se reivindicaba: la del ciudadano como sujeto de derechos como contraparte ante el Estado del cual forma parte. No el ciudadano en el sentido de la República Romana o la República de Venecia –es decir con calidad de clase dirigente y siendo responsable del gobierno–, sino como súbdito o sometido a quien representa la soberanía, pero con derechos y libertades que a su turno deben ser respetados y garantizados.

Aunque eran los años que antecedieron a la Revolución Francesa y, aunque está más que contribuir a la evolución del Derecho fue una época de turbulencia, la agitación y las propuestas políticas de los enciclopedistas influenciaron su tiempo y en particular a los ‘Founding Fathers’ de Norteamérica. Tanto la separación de poderes descrita o planteada por Montesquieu, como la ‘Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano’, tuvieron su primera vigencia en una Constitución en la de los Estados Unidos (nótese que la traducción que hizo Antonio Nariño al ser divulgada como ‘Los Derechos del Hombre’ no hacía énfasis en la calidad de ciudadanos).

Respecto a nuestra actual Constitución, varios analistas la califican como ‘garantista’ y otros van aún más allá y hablan de una ‘Carta de Derechos’. Poco tiene que ver con el caso de los Estados Unidos donde, por ser la Constitución original un tratado suscrito entre ‘Estados’ y para relaciones entre ellos, se pactó que inmediatamente firmada esta se adicionaría con una cláusula que siguiendo el aire de los tiempos fijaría la relación entre los ciudadanos de los diferentes Estados y la nueva entidad que se formaba, de tal manera que tuvieran definidos y se les garantizaran los mismos derechos mínimos a los habitantes de cualquiera de los contratantes. Es ese el origen del ‘Bill of Rights’ que lo constituyen las diez primeras enmiendas (amendments); o sea, la primera Reforma Constitucional (o más correctamente adición) a la Carta Americana y que se produjo en 1791.

Eso define a su turno la naturaleza y función de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y es ser la garante de esa relación y de esos derechos. Por eso, solo se pronuncia donde no cabe la jurisdicción de la Corte Suprema de cada Estado, o sea, para dirimir relaciones entre diferentes Estados o resolver conflictos entre un ciudadano de un Estado y otro al cual no pertenece; y por eso, lo que es más importante, solo es un mecanismo o instancia de apelación pero no existe la posibilidad de acudir a ella directamente.

Como se señaló, los temas que contrataron los Estados acabaron por imponer como realidad la necesidad de darle preeminencia al Estado Federal, o sea lo que vino a ser Estados Unidos de América como país. Bajo diferentes formas o pretextos, para garantizar el éxito o el cumplimiento del contrato, la interpretación que fue dando la Corte Suprema o las leyes que proclamaba el Congreso tenían que orientarse de tal manera que se imponían a toda la Unión.

El paso que permitió eso y al que hace referencia todo estudio de derecho constitucional se dio con el famoso fallo del Juez Marshall de la Corte Suprema en el caso Marbury vs. Madison donde se sentó el precedente de que la Constitución es norma superior a cualquier otra fuente de derecho, y que existe un control constitucional por encima de cualquier otro poder.

Viendo su historia se entiende que el uso de la capacidad represiva (cerca de cinco veces más policía y diez veces más detenidos por mil habitantes que en Europa), y el uso de figuras como la negociación de penas o el principio de oportunidad son congruentes con un derecho constitucional que evolucionó alrededor de situaciones que requerían respuestas prácticas para simplemente facilitar el funcionamiento de la sociedad; pero son contrarios al caso de nuestra historia constitucional, donde suponiendo basarnos en principios como lo ‘moral’ y lo ‘justo’, hemos pretendido diseñar en abstracto y de una sola pieza un Estado ideal.
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