Opinión

  • | 2011/08/03 18:00

    Abogados piloteando aviones

    La Corte no puede reemplazar bien al Congreso en su función de legislador porque no fue concebida para el debate democrático sino para la administración de justicia. La salud es un ejemplo.

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Colombia es un paraíso tropical. O por lo menos eso deben pensar quienes venden drogas costosas o aparatos médicos suntuarios. La amabilidad de nuestras gentes, la belleza de nuestros paisajes y los poderes de nuestra Corte Constitucional hacen de Colombia el país perfecto. No encontrarán otro donde sea más fácil vender productos y servicios caros.

El truco que emplean estos vendedores es simple: a casi toda la gente le parece que las cosas son mejores si valen más. Basta con ofrecer a los pacientes de alguna enfermedad grave una droga cara que –tal vez– podría servir para curarlos, para suscitar en ellos un inmenso interés en experimentar sus supuestos poderes. Pero lo que hace a Colombia especial es que solamente aquí un médico tratante puede ordenar que a su paciente le hagan, o le den, a costa del Sistema Nacional de Salud, tratamientos, exámenes, drogas o aparatos especialmente caros sin que un experto calificado e independiente deba verificar si son más beneficiosos que las alternativas más baratas, o si se justifica el costo adicional que el Sistema deberá pagar por su adquisición.

Este peculiar arreglo, que fue decidido por nuestro tribunal constitucional a partir de una perspectiva exclusivamente jurídica –como cabe esperarse de una institución que está integrada por nueve abogad@s– sirve para ilustrar la problemática convivencia colombiana entre un Congreso debilísimo y la Corte Constitucional más poderosa del mundo. (1)

A diferencia de casi todas las otras cortes, nuestro tribunal constitucional decidió dictar en sus fallos la política pública que debe aplicar este país en muchos temas que rebasan lo simplemente jurídico, en vez de limitarse al rol de señalar las falencias constitucionales de las leyes, que le corresponde bajo la división de poderes.

Es claro que nuestra Corte se vio impulsada a desempeñar el rol de legislador de última instancia para compensar la falta de capacidad del Congreso en dar respuesta a las grandes crisis que enfrentó el país con posterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991 (caso de la crisis de vivienda), pero en últimas la tarea que se auto-impuso es imposible.

La Corte no puede reemplazar bien al Congreso en su función de legislador porque no fue concebida para el debate democrático sino para la administración de justicia. Además, los recursos humanos de la rama judicial (abogados y más abogados) no están capacitados para diseñar los temas técnicos de la política pública de manera permanente y detallada. Darles estas funciones a los jueces es lo mismo que poner a los abogados a pilotear aviones.

Volvamos al tema de la salud para ilustrar este problema: tutela tras tutela, los jueces colombianos han aceptado, en contra de toda evidencia, que los médicos pueden salvar a un paciente siempre que le hagan un transplante en los Estados Unidos y no en Colombia o que, gracias a un costoso tratamiento hormonal, los hijos de padres bajitos pueden crecer lo mismo que los hijos de padres altos o, incluso, que si uno es sordo el mundo lo va a tratar mejor si utiliza un carísimo audífono oculto en vez de un audífono visible mucho más barato. (2)

Y también han tutelado casos más tristes, de enfermos de cáncer o hemofílicos a quienes sus médicos tratantes les prescriben drogas muy costosas en un esfuerzo desesperado por salvar sus vidas, aun cuando no sean indicadas para el caso, o aun si la evidencia demuestra que la posibilidad de que el tratamiento sea exitoso es extremadamente baja, o que la utilidad del mismo sea muy poca. (2)

Las tutelas del sector salud cambiaron la Ley 100, enmendaron pronunciamientos previos de la misma Corte y han llevado a que en muchos casos el Sistema Nacional de Salud pague tratamientos que están más encaminados a que los pacientes puedan ilusionarse con una cura o una solución costosa pero irreal, que a garantizarles el derecho a la salud.

A su turno, los vendedores de bienes y servicios de salud –cuyos abusos y descuidos contribuyeron en buena parte a la crisis existente– han aprovechado esta situación con gran oportunismo, hasta el punto que hay laboratorios que averiguan a quién pueden ofrecer sus drogas, y tienen oficinas de abogados especializadas en presentar tutelas para ayudar a los pacientes a procurarlas a costa del sistema. Además, muchas drogas para tratar enfermedades graves valen entre 200% y 300% más aquí que en los países vecinos. (3)

El debate sobre el alcance de las decisiones del tribunal constitucional no puede reducirse a exigir que estas sean fiscalmente sostenibles. Los constituyentes de 1991 querían fortalecer el Congreso, no desaparecerlo. La Corte debe permitir que el país retome ese camino.
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