| 4/3/2013 12:00:00 AM

Víctimas del nuevo descalabro

Víctimas del nuevo descalabro

Un sino trágico ha perseguido a la comisionista de bolsa Torres Cortés S.A. El 30 de marzo de 2012 su representante legal, Natalia Helena Torres Jaramillo, fue asesinada cerca del centro comercial Hacienda Santa Bárbara, en el norte de Bogotá. En esa época las operaciones de la firma ya llamaban la atención de la cámara disciplinaria de la Bolsa Mercantil y de la Superintendencia. La entrega de recursos captados del público a una cooperativa para realizar operaciones de libranzas suscritas por terceros, la alejaba de su objeto social y se convertía en la primera señal de alerta sobre una crisis que no tardaría en estallar.

Por alguna razón no establecida todavía, los socios de la empresa no informaron a las autoridades de control sobre la trágica desaparición de la joven. Los clientes de la empresa se enteraron varios meses después de lo ocurrido y recibieron la versión escueta de que un hombre le había quitado la vida por robarle el celular.

No era la única mala noticia que les aguardaría. Clientes como doña Lucila Blanco Miranda, sus hijos Luis Carlos y Julio César Salcedo Blanco y otros miembros de su familia comenzaron a advertir en julio que la comisionista ya no expedía los boletines periódicos sobre sus operaciones de mercado abierto acompañados por información sobre los rendimientos de certificados de depósito ganadero y otros títulos.

Los boletines fueron sustituidos por reportes informales imprecisos, que luego llegaron con el membrete de una nueva sociedad: Torres Construcciones y Valores (S.A.S.). Su sigla “Tceval” llegó a confundir a algunos inversionistas, quienes creyeron que sus papeles estaban bajo custodia del Depósito Centralizado de Valores (Deceval). Luego, los incumplimientos en la entrega de los retornos de la inversión se convirtieron en pan de cada día.

Primero, una de las directoras de las operaciones, y luego Martha Cilia Nieto, les notificaron a los Salcedo Blanco y a otros inversionistas que en los documentos contables no existía soporte alguno de sus inversiones. Esta misma noticia les ha llegado a varios clientes.

A esta, que parece ser una de las mayores estafas en el mercado de valores, no escapó tampoco un prestigioso ganadero que desde junio de 2007 le venía confiando a Torres Cortés S.A. recursos propios y de dos reconocidas empresas del sector lechero. Las operaciones se hacían a través de Juan Carlos Prieto, un hombre que había hecho parte del equipo de traders de Proyectar Valores.

La secretaria de este inversionista y una contadora que asesora a su empresa también cayeron en las mismas redes. La primera, una mujer sencilla que había invertido un poco más de $6 millones (todos sus ahorros) tuvo que someterse a que Andrés Felipe Velasco, abogado de la sociedad comisionista, le entregará $2 millones en una oficina de Chapinero, a la que ella logró llegar luego de varias citas incumplidas y de llamar a teléfonos equivocados.

“Tengo conocimiento de unos abogados que tienen unos arreglos con los afectados, sin saber bajo qué condiciones lo hacen. Lo lógico es que las personas que invirtieron plata acá en la firma la reclamen dentro del mismo proceso de liquidación”, dice la liquidadora.

“Esa firma era una cueva de Rolando”, afirma el abogado Leonel Ariza, experto en el mercado de valores y representante de varios clientes defraudados. Para él, lo más sorprendente es que la “captación masiva e ilegal” de dinero que estaba haciendo Torres Cortés era cosa de hace más de cinco años.

Los afectados no han encontrado un doliente que se conmueva por su drama. Eso es lo que piensa una joven que invirtió más de $23 millones, quien cuenta que su familia había tenido con la firma una relación de negocios de diez años. Hoy, su batalla se concentra en la recuperación de la plata que tenía destinada para el tratamiento de su madre, una paciente de Alzheimer.

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