| 5/15/2013 12:00:00 AM

El negocio de las cien mil casas

El negocio de las cien mil casas
¿Cómo se adjudicaron?

La adjudicación de las 100.000 viviendas gratis fue tema sensible en la discusión del programa. El asunto generó tensiones al interior del Congreso. Al final del día, la ley estableció un mecanismo que utilizará las bases de datos de los programas sociales del Gobierno que hoy gerencia el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que dirige Bruce Mac Master.

El DPS y el Minvivienda establecieron el orden de priorización para la entrega de las viviendas: desplazados, personas que pertenezcan a la Red Unidos (el gran programa social del Gobierno) y los afectados por la ola invernal.

En caso que se presentaran “empates”, la asignación sería a través de un sorteo supervisado por los entes de control. Así se evitó el manejo politiquero del programa.

El futuro de las casas

El Gobierno implementó la continuidad de su política de vivienda a través de un documento Conpes. Se trata de un plan para subsidiar 100.000 viviendas en el próximo año. El programa tiene un costo superior $1,6 billones. Se entregarán $1,1 billones en subsidios directos y $500.000 millones más en subsidio a la tasa.

La novedad del programa está en que los subsidios se entregarán a través de las firmas constructoras, por medio de una adjudicación igual a las de las 100.000 viviendas gratis. El subsidio estará representado en un certificado expedido a los constructores, quienes serán los encargados de diseñar el proyecto y “buscar” a las 100.000 familias beneficiarias en los estratos 1 y 2.

La apuesta de los constructores

Un pilar del éxito del programa de viviendas gratis
son los constructores. El Gobierno sólo paga cuando las casas están terminadas y habitables. Eso significa que los empresarios debían resolver los temas de lote, licencias y servicios públicos. Participaron verdaderos cacaos de la construcción: Amarilo, Cemex, Constructora Bolívar y Prabyk, que construyó las casas de Valledupar donde durmió el Presidente. Según el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, los empresarios debieron poner como case para el programa entre $20.000 millones y $400.000 millones, pues podía haber urbanizaciones entre 100 y 10.000 viviendas. Esta no fue solo una apuesta de los constructores, sino de los bancos y las aseguradoras.
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