| 7/7/2016 12:00:00 AM

Libranzas en alerta: El factor Estraval

Tras la liquidación de Estraval, compañía que se dedicaba a la administración de libranzas, se reviven los fantasmas de otros escándalos emblemáticos en el sector financiero. ¿Hay riesgo en la operación? Análisis de Dinero.

El próximo 29 de julio vence el plazo para que los acreedores presenten las distintas reclamaciones en el caso de la firma Estraval, uno de los más recientes escándalos en materia de inversión con el manejo de libranzas, que alcanza inicialmente los $500.000 millones. Se trata de un descalabro que algunos han llegado a comparar por su tamaño e impacto dentro de los inversionistas privados y bancarios como un ‘nuevo Interbolsa’.

Estraval está en liquidación ante la Superintendencia de Sociedades y ese día se tendrá consolidado exactamente el alcance no solo del pasivo sino también de cuántos inversionistas –personas naturales y jurídicas– fueron afectados, y al mismo tiempo se hará claridad sobre quién le debe a esta firma. También están en observación Estradinámicas S.A.S., Técnicas Financieras S.A. y Estrategias en Liquidez, que hacen parte del grupo.

La destorcida de Estraval ha provocado un verdadero tsunami en el mercado, no solo por los inversionistas –privados y bancarios– que están involucrados en este proceso sino también por las posibilidades de que otras firmas como esta se ‘revienten’.

La Superintendencia de Sociedades ha venido trabajando en el proceso y, de hecho, la liquidación de Estraval se dio casi un año después de su intervención y de haber sido multada por no entregar información concerniente a su operación. La entidad tiene en la mira y en el radar a “varias” empresas, según dijo el superintendente Francisco Reyes. Ya en el mercado hay rumores de nombres de empresas que Dinero se abstiene de publicar hasta que las investigaciones se surtan, y que involucrarían recursos cercanos a los $600.000 millones.

En este caso, la historia parece repetirse unos años después de los escándalos que estremecieron al país con DMG e Interbolsa. Esta vez los afectados son inversionistas que van desde exgenerales de la República hasta el Banco Agrario.

Con la liquidación de esta empresa y el “ruido” en el mercado, empiezan a aparecer nuevas preguntas, como qué tan seguro es el modelo de libranzas, y resurgen los debates en materia de regulación y control que el país debe empezar a dar.

La operación y el mercado

Desde finales de la década pasada, a raíz de la crisis financiera en el mundo, las autoridades aumentaron las exigencias a las entidades bancarias y financieras requiriéndoles más capital y mejores mecanismos para prevenir riesgos y escenarios de iliquidez.

Eso hizo que los bancos no pudieran pagar altas rentabilidades sino que empezaran a disminuirlas. Es allí donde comienzan a aparecer actividades que generan negocios interesantes para inversionistas, conocidas como shadow banking (banca en la sombra), entre ellas el modelo de libranzas.

¿En qué consiste? Un trabajador o pensionado solicita un crédito ante sociedades comerciales, cooperativas o bancos y contra ese crédito ofrece como flujo los pagos de sueldos, salarios o mesadas pensionales mensuales, con lo que garantiza que el pago se cumpla en un plazo determinado. De hecho, cálculos de jugadores y autoridades del sector estiman que casi dos terceras partes de los deudores pertenecen al sector público –pensionados, militares, personas vinculadas al magisterio y a la rama de justicia– y una tercera parte es de empleados del sector privado. Una vez el crédito de libranza es otorgado, se expide un pagaré que se convierte en un título valor negociable y basta con endosarlo para transferirlo.

Aunque los riesgos son bajos, pues se cobra directamente en la fuente, el modelo no es infalible y factores como el fallecimiento del deudor, que se quede sin empleo o que la empresa se liquide, que sea embargado su sueldo por factores que tienen prelación –como demandas por alimentos– y uno de los más complejos, el prepago de las deudas, producen cortocircuitos en el proceso de los pagos.

El prepago de un crédito de libranza, por ejemplo, genera una situación compleja porque las expectativas de los retornos a los inversionistas en determinados plazos se diluyen, generando huecos y baches en la operación. “Puede suceder que cuando se prepaga una libranza a un originador, en lugar de informar que ya se pagó y entregar los recursos a los inversionistas, se quede con ellos y mande la cuota. Se tiene un papel que no sirve porque ya se prepagó y hay que ver en qué se invirtieron los recursos del prepago”, explica un experto del sector.

Pero también hay procedimientos que están siendo investigados por las autoridades y que en el mercado se conocen como gemeleo: tomar un pagaré y venderlo dos veces. Si se llegara a presentar esta situación, podría constituir un fraude y se correría traslado a la Fiscalía.

El negocio de libranzas en Colombia se caracteriza por estar bajo dos modelos: el bancario y el extrabancario. En el primero, la cartera de libranzas bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera asciende a unos $37 billones en más de 60 entidades originadoras. De ellos, $35 billones son originados directamente por establecimientos de crédito –bancos y compañías de financiamiento–, $1,4 billones corresponden a compras de cartera de estos establecimientos a otras entidades; y los cerca de $600.000 millones restantes están representados en compras de cartera de Fondos de Inversión Colectivas (FIC) administrados por sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de Bolsa o Sociedades Administradoras de Inversión.

El otro mercado es el extrabancario, supervisado por la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con la Ley 1527 de 2012, que permite a entidades comerciales no vigiladas por la Superfinanciera ser originadoras de libranzas. En este grupo hay sociedades comerciales, como Estraval, y cooperativas, estas últimas bajo la vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria.

Los cálculos establecen que la cartera en este subsector asciende a unos $10 billones.

De hecho, las millonarias cifras que mueve este negocio dieron lugar a una especie de competencia entre originadores de libranzas no financieros, como Estraval, y administradores de libranzas financieros, pues los bancos tienen la posibilidad de otorgar crédito contra libranzas y es muy atractivo el negocio, a tal punto que la gran mayoría de la cartera está en manos del sector financiero.

De eso tan bueno no dan tanto

Más dinero en menos tiempo. Cinco palabras que resumen los últimos escándalos financieros en Colombia. Primero fue DMG y su esquema piramidal, luego vino Interbolsa con sus miles de afectados de corbata. Ahora el turno es para Estraval, en donde amas de casa, profesionales y hasta exgenerales de la República depositaron mucho más que su confianza, sus ahorros.

Aunque se trata de tres escándalos con matices muy diferentes, el resultado parece ser el mismo. En las primeras etapas de estos negocios todo es euforia y alegría entre los inversionistas. Los rendimientos prometidos casi mágicamente se convierten en cheques y consignaciones. El dinero y optimismo fluyen, mientras las autoridades de control –en los tres casos– hacen lo que pueden ante la ausencia de denuncias que, cuando aparecen, ya puede ser muy tarde.

Al cabo de un tiempo, que puede cambiar dependiendo de las variables económicas y el negocio mismo, la fiesta termina, pues los números ya no cuadran y el riesgo se sale de control. Después viene lo que ya conocemos, aperturas de investigación, titulares de prensa y más investigaciones.

¿Cómo funcionaba Estraval? ¿Qué prometía? Se puede explicar con un ejemplo: si un banco reconocido promete un rendimiento de 6% o 7% efectivo anual en un producto financiero, como es el caso de un CDT, en este tipo de firmas la mayoría promete rendimientos de 18% a 25%, dependiendo del tiempo que deje su dinero en manos de ellos (ver infografía).

El resultado parece obvio. Un CDT de $100 millones deja en rentabilidad $6 millones o $7 millones en la mayoría de los casos, mientras que un pagaré puede dejar $18 millones o $20 millones –es decir, casi tres veces–. La diferencia hace el negocio. Ese mismo razonamiento sencillo fue el que llevó a Juan Guillermo Jaramillo, uno de los inversionistas afectados de Estraval, a girar a esta compañía unos $800 millones, según un expediente que reposa en las oficinas de la Supersociedades y al cual tuvo acceso este medio. “Los ahorros que tenía por años en entidades financieras tenían una baja rentabilidad, en algunos casos no rentaban ni el IPC”, aseguró Jaramillo a la W Radio hace unos días.

Otro de los afectados es el general retirado Mario Montoya Uribe. Él y parte de su familia registran 11 órdenes de pago en el expediente que reposa en la Superintendencia de Sociedades, los cuales suman unos $698 millones en reclamaciones. El listado de víctimas es largo e incluye bancos públicos (ver recuadro) y otros inversionistas.

Aunque la lista de afectados se cuenta por centenares, todavía no es posible dimensionar el verdadero lío de Estraval, pues el agente liquidador, Luis Fernando Alvarado, aun no termina de recibir e inventariar las reclamaciones de las víctimas, así como los activos y pasivos de la firma intervenida.

Sin embargo, en la documentación allegada a las entidades de control, Dinero pudo establecer que se incluyen órdenes de embargo a las cuentas de los responsables de Estraval o sus firmas asociadas. Hay un oficio donde se ordena el embargo de $700 millones, representados en cuentas de ahorro y crédito. Incluso se mencionan un par de CDT que habrían invertido estas sociedades en un banco comercial. Paradójico.

Fuentes cercanas al proceso explicaron que en el caso de Estraval hay una complejidad enorme porque no solo es la compañía administradora de libranzas, sino que en el caso también han jugado un papel importante las cooperativas y los mecanismos fiduciarios que administran los cobros de los pagarés y reciben los flujos de caja y pagan a los inversionistas, razón por la cual otras superintendencias, como las de Economía Solidaria (ver recuadro página siguiente) y la Financiera, tienen en la mira y bajo vigilancia especial a las empresas protagonistas de estas operaciones.

“Hay un desorden contable que reconocimos el año pasado y declaramos el control sobre esa entidad desde junio de 2015. Se trata de información muy difícil de leer y apreciar, y poco clara, por decir lo menos. Y la gente no dice nada”, explica Reyes, de la Supersociedades. Solo hasta abril de este año la entidad empezó a recibir las primeras quejas sobre Estraval, cuando comenzaron los incumplimientos a los inversionistas.

¿Hay riesgo estructural?

En medio de este panorama, la pregunta es qué tan riesgosa se ha vuelto esta inversión, considerada desde principios de esta década como una de las ‘estrellas’ en los portafolios. Los valores que hasta hoy se conocen en materia de siniestralidad, si bien son cifras gigantes e indican que muchos inversionistas –institucionales y particulares– han puesto sus recursos y ahorros de toda una vida en esas operaciones, representan porcentajes reducidos frente al volumen del mercado de libranzas que, sumado el bancario y extrabancario, puede superar los $47 billones.

En el sector financiero, el indicador de calidad de cartera de libranzas en los establecimientos de crédito –bancos y compañías de financiamiento– se ubicó en 2,1% a marzo de este año, mientras que, por ejemplo, la cartera de créditos de consumo presenta un indicador de calidad de 4,9% al mismo periodo.

Sin embargo, las preocupaciones y señales de alerta vienen hoy de las operaciones en el mercado extrabancario, donde se calcula que hay más de $600.000 millones –además de los de Estraval– involucrados en lo que podrían ser nuevos casos en inversiones de libranzas.

Por esto, las autoridades de vigilancia están con los radares puestos. “Hay varias investigaciones en curso. Tenemos monitoreadas varias empresas en el sector y en la mira”, dice Reyes, tras explicar cuál fue el procedimiento con Estraval: “en mayo iniciamos la reorganización de las sociedades y luego la de los dueños y todo eso fue de oficio. Posteriormente llevamos a liquidación a las compañías y después a liquidación a las personas naturales, eso significa que todo su patrimonio queda embargado y afecto al pago de las obligaciones. Además, están desapoderados de los bienes y los tiene un liquidador. Y la Superintendencia va a seguir actuando y con las consecuencias que se requieran”, advierte.

Reyes añade que se está trabajando en tiempo real y analizando información de las entidades que están investigando. “En la medida que tomemos decisiones las vamos a informar. No podemos informar mientras no sea notificada cada providencia”, dice.

Por su parte, la Superintendencia Financiera está apretando y aumentando las exigencias. “Están pidiendo auditorías a los originadores y un control uno a uno; tenemos que saber el comportamiento de cada una de las libranzas y no como paquetes. Además, hay que obtener información de las libranzas directamente de las pagadurías y no de los originadores, pues estos pueden estar dando información equivocada y, por ejemplo, informar sobre cuotas cuando ya fue prepagada la libranza”, dice una fuente de los fondos de inversión colectiva.

También se están realizando auditorías a los intermediarios para contrastarlos con los pagarés –que reposan en custodios externos– y verificar que la información sea la misma. “Por algo nos están apretando. Seguramente algunos originadores se estaban portando mal”, agrega la fuente.

Aunque hay varias investigaciones en curso a compañías que ejercen una actividad similar a Estraval, no es posible hablar de un riesgo sistémico, al menos así lo ve el superintendente Reyes. “La situación es grave, pero es prematuro hablar de un riesgo sistémico porque habría un pánico innecesario. Una crisis de confianza con una medida inadecuada lo que hace es propiciar una quiebra automática o una corrida del banco, lo que genera mayores perjuicios”, dice.

Para Gerardo Hernández, superintendente Financiero, es muy importante defender el negocio de libranzas, ya que este modelo de crédito no se puede estigmatizar por el caso de Estraval. “El riesgo es el más bajo”, asegura.

Lo que ya se está viendo es un cambio en el modelo. Las compras de cartera que proliferaron en un momento van a desaparecer. Buena parte de las entidades financieras que compraban cartera van a parar de comprarla y la originarán ellos mismos.

Además, hay originadoras que no han tenido problemas en el mercado extrabancario y algunas están pasando su negocio a compañías de financiamiento comercial. “Hay que tener cuidado con otras que no son Estraval. Como en todo, hay unas malas y otras buenas que no se metieron en la orgía de crear figuras y empresas y generar créditos libranzas de manera acelerada”, dice un experto.

¿Y el regulador?

El caso vuelve a poner en el escenario la discusión del papel de la regulación; es decir, ¿a quién corresponde la tarea y si es necesario unificar la vigilancia en una sola entidad?

El gran problema, además de la falta de educación financiera que lleva a los inversionistas a tomar decisiones riesgosas, es que hay una gran cantidad de actividad que podría no estar en el radar.

Algo que se debe tener muy claro con Estraval es que se trata de una sociedad legalmente constituida. No es una firma amparada en la clandestinidad. Su negocio no era captar dinero, su actividad central era negociar pagarés de libranzas soportados en los pagos periódicos de unos trabajadores y pensionados. Esta firma cuenta con registro societario, está bajo el control de la Superintendencia de Sociedades y su negocio está amparado en la legislación colombiana.

El negocio de estas empresas y sus rentabilidades, por más desproporcionadas que puedan parecer, también están en el marco de la legalidad. Incluso, personas que en el pasado fueron sancionadas por el Autorregulador del Mercado de Valores y ya cumplieron su sanción podrían estar manejando operaciones en el mercado extrabancario.

Pero eso no quiere decir que todo esté bien. En palabras del superintendente Reyes, “hacemos lo humanamente posible por controlar y vigilar a estas empresas. Hacemos lo que la Ley nos obliga y permite”. Y tiene razón. Si no hay quejas formales ante entidades de control como la Superintendencia de Sociedades, no se inicia un proceso de vigilancia o visitas de inspección. Los rumores de pasillo en los clubes o los titulares de prensa no son suficientes. Es por ello que Reyes hizo un llamado para que las personas que se vean afectadas denuncien hechos concretos.

Sin embargo, muchos expertos consideran que Interbolsa y otros escándalos financieros como Proyectar Valores, Torres Cortés, Factor Group, entre otros, se facilitaron ante los vacíos y la lentitud con que avanza la regulación financiera en Colombia.

La regulación no puede prevenir todo, pero sí mitigar. Juan Carlos Ureta es asesor financiero y presidente de Renta4, una banca de inversión española que está iniciando actividades en Colombia con una filosofía del rendimiento lento, pero seguro (slow finance). Ureta explica que “la normatividad financiera es importante, pero no puede evitar todo.

Esta reglamentación sirve para detectar los problemas en un nivel de desarrollo incipiente y de esta manera se evita que el daño sea superior”, explica el analista, quien agrega que en Europa se creó un sistema de alarmas tipo semáforo. “Cada entidad pone un color tipo semáforo de la inversión en función del riesgo. El usuario cuenta con una herramienta”. Algunas tendrían un color rojo debido a la alta rentabilidad. Pura pedagogía.

Otra de las discusiones es hasta dónde se debe llevar el perímetro de la supervisión del Estado. ¿Se necesita un supervisor adicional para todas las actividades de inversión que se realicen? Queda una vez más comprobado que la velocidad de los negocios es muy diferente a la que lleva la regulación.

La Supersociedades tiene una larga tradición de administración de negocios relacionados con finanzas, como las compañías de factoring, las sociedades administradoras de consorcios comerciales y más recientemente las multinivel, además de las libranzas. “No se trata de atiborrar el regulador financiero con toda clase de vigilancias, pero es un tema de una complejidad enorme que debe debatirse en un contexto más ampliado, con Ministerio de Hacienda y otras entidades involucradas y ver si se justifica un sistema de supervisión diferente”, dice un funcionario del Gobierno.

El debate vuelve a encenderse y en el escenario quedan no solo los lamentos de centenares de inversionistas sino también las promesas de un negocio que no funcionó.

Cosecha dañada

 El Banco Agrario de Colombia tuvo una relación comercial de compra de cartera originada por libranza con Estraval.

  ¿Por qué el Banco Agrario invierte en Estraval?

El Banco no es inversionista de Estraval, la entidad firmó un contrato de compraventa de cartera, representada en títulos valores, que son los pagarés de libranza. El Banco decidió incursionar en el negocio de compra de cartera de libranzas en el momento en que el crédito de consumo estaba siendo fuertemente impulsado por esta modalidad de crédito. El propósito fue hacer crecer la cartera y ganar experiencia en la originación de este tipo de créditos, lo cual se logró, pues a la fecha 50% de los saldos de cartera de crédito de libranza fueron originados de manera directa por la red comercial del Banco.

¿Cuánto dinero hay comprometido?

En el momento Estraval le adeuda al Banco Agrario cerca de $3.000 millones de cuentas por cobrar, no canceladas por dicha empresa.

¿Qué se está haciendo?

El Banco está adelantando las acciones pertinentes frente al liquidador nombrado por la Supersociedades, de acuerdo con el proceso y los procedimientos definidos para tal fin.

¿Quién tomó la decisión de invertir en Estraval?

El Banco decidió incursionar en el negocio de compra de cartera de libranzas a partir de septiembre de 2013.

¿El Banco tiene inversiones en otras compañías dedicadas al tema de las libranzas? ¿Por qué montos?

La cartera de créditos de libranza adquiridos en este negocio asciende a $315.000 millones al corte de mayo de 2016. De dicho monto, la cartera comprada a la empresa Estraval comprende el 4%.

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