| 7/21/2016 12:00:00 AM

¿Por qué los tribunales de arbitraje recogen cifras millonarias?

Para evitar largos procesos judiciales y reducir costos en demandas, empresas e instituciones recurren cada vez más al arbitraje, figura que se ha convertido en uno de los sectores de negocio más importantes de la abogacía.

Una de las peleas empresariales más importante de los últimos tiempos la protagonizan el concesionario Los Coches, de la Organización Ardila Lülle, y la multinacional General Motors Colmotores. Todo por cuenta de la disputa derivada de la terminación del contrato de concesión entre las dos organizaciones, conflicto que asciende a los $100.000 millones. Además de las pretensiones y de las posiciones irreconciliables de las partes, este multimillonario pleito va en un tribunal de arbitraje del cual todavía se espera su laudo.

Este publicitado caso es solo una muestra de que las cosas están cambiando en el país en materia de resolución de conflictos. Ahora, gracias a la Ley 1563 de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, las empresas recurren más a los tribunales, porque se trata de un mecanismo mucho más ágil que la justicia ordinaria.

Ha sido tan exitosa esta figura durante 2015, que en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) fueron radicadas 293 demandas, de las cuales 27% conciernen a conflictos donde una de las partes es una entidad pública (derecho administrativo), 46% a negocios (derecho comercial), 23% a tópicos distintos a lo comercial (derecho civil) y 4% a controversias de otras especialidades jurídicas. El valor de las pretensiones por demandas arbitrales tramitadas en la Cámara de Comercio de Bogotá alcanzó $2,42 billones y en el primer semestre de este año llegó a $1,11 billones.

Mauricio González, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirma que las controversias se desatan cuando se altera de manera sustancial el equilibrio contractual y financiero de un contrato y una de las partes reclama la respectiva compensación por el mayor costo o el menor ingreso.

Sin duda, los sectores de infraestructura y de telecomunicaciones figuran entre los más proclives al conflicto contractual, motivo por el cual se han convertido en usuarios regulares de los tribunales de arbitraje con casos millonarios. Asimismo, “han sido importantes los procesos relativos a los sistemas de transporte masivo en las distintas ciudades”, asegura Juan Pablo Cárdenas, reconocido árbitro en diversos conflictos.

Casos juzgados

Según datos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre 2015 y comienzos de 2016, en tan solo 16 tribunales arbitrales de los 85 que fallaron se han proferido laudos condenatorios por un valor cercano a $160.000 millones.

En agosto de 2015, el tribunal de arbitraje conformado por los abogados Fernando Pabón Santander (presidente), Saúl Flórez Enciso y William Namén Vargas sentenciaron al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá a pagar $27.830 millones a las firmas Ortiz Construcciones y Proyectos, y Concretos Asfálticos de Colombia, porque el instituto se negó a modificar la fórmula para “actualizar debidamente los precios de los insumos utilizados” en las obras viales realizadas al sur de la capital del país.

De otro lado, también el año pasado, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) fue condenada a cancelarles $17.643 millones a Telmex Colombia y Une Epm Comunicaciones por el incumplimiento de la Dimayor de la “opción preferente pactada a favor de las demandantes” para la transmisión y comercialización de los partidos del campeonato de fútbol profesional colombiano. Los árbitros del caso fueron Gilberto Peña Castrillón (presidente), Jairo Parra Quijano y Juan Carlos Varón Palomino.

Así mismo, en febrero de 2016 un tribunal de arbitraje conminó a Comcel a pagar $20.585 millones a la compañía Meltec por concepto de prestaciones mercantiles, indemnización y comisiones al dar por terminado el contrato como agencia de la empresa de telefonía en las zonas oriente y occidente del país, fallo proferido por los árbitros Édgar Garzón Saboyá (presidente), Roberto Borrás Polanía y Carolina Silva Romero.

Eduardo Zuleta, árbitro con amplia trayectoria nacional e internacional, piensa que uno de los laudos más importantes de 2015 fue el del tribunal arbitral que dirimió la disputa de Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol) y Germán Efromovich contra Valorem, porque “demuestra que los árbitros colombianos tienen la seriedad y la madurez suficientes para ponderar las pretensiones de demanda y contrademanda e imponer condenas con sentido de justicia”. Ese laudo sentenció a Valorem al pago $10.233 millones a Helicol y Efromovich como dineros para pensiones de pilotos civiles, a pesar de que las pretensiones de estos eran significativamente superiores.

Peleas millonarias

En 2016, entre los tribunales en ejercicio que mantienen expectante al mundo empresarial figura el mencionado caso de General Motors Colmotores, y el arbitraje de la Ruta del Sol, en el cual el Consorcio Consol, que construye el tramo entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), demandó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por $700.000 millones, a raíz de discrepancias relativas a trabajos adicionales e imprevistos que han obstaculizado el avance de la obra. Se sabe que ese mismo contrato del consorcio tiene un tribunal adicional y por razones similares a las mencionadas.

Por su parte, a finales de febrero pasado el MinTIC convocó a un tribunal a Claro y MoviStar para liquidar el contrato de concesión que se venció hace más de un año y que tiene como eje central de discusión la reversión de activos, una discusión que data de 2013. Juan Pablo Cárdenas, María Teresa Palacios y Jorge Pinzón son los árbitros designados para este, que será uno de los casos más importantes en la CCB.

Las disputas afuera

Durante el primer semestre de este año se iniciaron procesos de multinacionales contra el Estado por incumplir, según estas empresas, los tratados de libre comercio (TLC) y los acuerdos de protección a la inversión. Glencore, Eco Oro y Cosigo empezaron los procesos. Con Glencore –cuyo caso se da por una sanción de la Contraloría por un ajuste en el contrato de concesión– ya terminó la etapa de arreglo directo en marzo pasado. Colombia será representada por la firma de abogados Dechert, mientras Glencore está representada por Freshfields. Cosigo anunció una demanda al Estado por US$16.500 millones porque no pudo explotar una concesión, ubicada en la frontera con Brasil, al igual que Eco Oro que la hará por las dificultades para continuar su proyecto minero. A ellos se sumó América Móvil –casa matriz de Claro– que notificó su intención de llevar el tema de la reversión de activos a tribunales internacionales. No se descartan nuevos procesos, como por ejemplo el caso de Novartis.

También se inició el tribunal de arbitramento entre la Refinería de Cartagena (Reficar) y Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) por fallas en la ejecución del contrato de expansión de la refinería. Las pretensiones de Reficar ascienden a US$2.000 millones.

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