| 2/19/2015 6:00:00 AM

El Plan de Simón Gaviria

Colombia va a definir su hoja de ruta para este cuatrenio. ¿Qué va a hacer el Director de Planeación para que, en materia de competitividad, sus propuestas no queden como un saludo a la bandera?

Cada cuatro años, la Constitución obliga al Gobierno a presentar ante el Congreso una ley distinta a todas las demás, que puede abarcar temas variados que van desde el desarrollo agropecuario hasta reformas financieras. Esta ley que lo puede incluir todo y que debería convertirse en la hoja de ruta del país, es el Plan Nacional de Desarrollo.

Muchas administraciones son aún recordadas por su plan de desarrollo. El de Misael Pastrana fue Las cuatro estrategias y el de Alfonso López Michelsen fue el de Para cerrar la brecha. El plan de César Gaviria se llamaba La revolución pacífica y el de Ernesto Samper El salto social.

Pero con el tiempo, el Plan de Desarrollo dejó de ser una marca de los gobiernos y su proceso de aprobación en el Congreso se convirtió en un trámite más, que poco llama la atención de la opinión pública. (Ya puede descargar en su tableta la más reciente edición de Revista Dinero para Ipad y para Android).

Además, lo que está en el Plan no necesariamente queda en el Presupuesto General de la Nación, que es donde de verdad se sienten las tensiones políticas.

Esto ha coincidido con que la institución que lidera el debate, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha perdido con los años el protagonismo técnico que tuvo durante décadas. Quizás por eso los planes más recientes son menos recordados. El primero de Santos se llamó Prosperidad para todos y el próximo se llamará Todos por un nuevo país.

Por otra parte, en un país convulsionado como Colombia, reformar será siempre uno de los deportes favoritos y ha resultado mucho más llamativo para la opinión pública discutir y polemizar sobre las grandes reformas políticas y de la justicia o la de regalías que sobre el Plan de Desarrollo. De ahí que la percepción de la opinión pública es que esta ley es un saludo a la bandera y que no tiene mayor relación con los problemas diarios de la gente.

No obstante, el plan de desarrollo 2014-2018 podría ser la excepción, pues cuenta con dos ingredientes bien particulares a los que hay que darles relieve. Primero, este podría ser el plan que articule el manejo económico de la Paz. Esto implica que marcará el derrotero para cuatro años de transición entre el conflicto armado y un escenario de resolución pacífica de la política, más allá de las erogaciones que podrían generarse en un escenario de posconflicto.

El segundo punto es más humano y gerencial y es el hecho de que este será el plan de Simón Gaviria,un hombre público que la mayoría de los colombianos ubica entre los presidenciables de las próximas dos décadas.

Muy por el contrario de lo que muchos creen, Simón no llegó al DNP de carambola. Allí comenzó la carrera su padre como asistente del director. Además, durante su administración, Cesar Gaviria le dio un papel preponderante a Planeación, entonces conducida por Armando Montenegro.

Liderar la discusión del plan es una de las mayores vitrinas que va a tener Simón Gaviria. Eso significa que le llegó el momento de la consolidación. El país lo conoce como un exitoso político, expresidente de la Cámara y exdirector del Partido Liberal. Por lo tanto, es evidente que, como su padre, conoce bien la realidad política nacional. Lo que no sabe la gente es que también tiene una formación como economista en la prestigiosa Universidad de Pensilvania, que combina con la experiencia adquirida en su primer trabajo como banquero de inversión en el prestigioso JP Morgan.

Para contrarrestar la espada de Damocles que se levanta sobre todo delfín que quiere hacer su propia historia, Simón deberá probar su talento técnico y de ejecución de políticas.

Por todo esto, el reto de Gaviria es inmenso, porque se enfrenta a un escenario con una mayor exigencia en la rendición de cuentas de la que había en épocas anteriores, en año electoral, con un legislativo polarizado y en medio de un creciente descontento en las huestes de la Unidad Nacional.

En este contexto, Dinero presenta una mirada crítica a las propuestas que en materia de competitividad tiene el plan de Simón Gaviria, pues esta es una de las áreas que va a marcar la verdadera diferencia para llegar a un escenario en que “la economía va bien y el país, también”, parafraseando el adagio que hizo popular Fabio Echeverri.

Si el plan le apuesta a superar los grandes desafíos que tiene el país en materia de costos para los empresarios, infraestructura, logística, transporte y regulación, tal vez la sorpresa pueda ser grata.

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo son tan importantes como el articulado que finalmente se apruebe. Al fin y al cabo, son estas bases las que dicen qué es lo que piensa desarrollar el Gobierno en los próximos años. Un ejemplo de lo anterior es que en los artículos presentados a discusión ante el Congreso no se incluyen cambios importantes en materia pensional. Asunto solicitado recientemente por la Ocde y que en opinión de expertos debe ser prioritario en un país al que se le está acabando el bono demográfico. Sin embargo, en las bases se señala que los Ministerios de Hacienda y Trabajo promoverán ajustes en el régimen de pensiones.

En medio siglo, del Departamento Nacional de Planeación han salido Ministros, Gerentes del Banco de la República y otros funcionarios públicos de primer nivel, pero nunca un presidenciable con posibilidades reales. Gaviria tiene que apostar fuerte para que el proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso deje huella.

-1- Transporte y logística

El vicepresidente Germán Vargas Lleras le sigue metiendo el acelerador a la solución de viejos problemas de infraestructura. Esto se refleja en el articulado y en las bases del Plan de Desarrollo, los cuales incluyen temas como el apoyo a los sistemas masivos de transporte y la búsqueda de fuentes de financiación; la creación de zonas especiales de transporte y la agilización de licencias ambientales.

Es tan grande el interés de la Vicepresidencia por el desarrollo de estos temas, que, según fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda, entidad que compiló el articulado: “las carteras de Vivienda y Transporte presentaron en conjunto casi 90 propuestas para incluir en el plan, mientras sus colegas presentaron entre 10 y 12”.

Tiene razón el Gobierno en acelerar al sector que estimulará la economía en los próximos años. El rezago en infraestructura de transporte lo exige y, por eso, en las bases del Plan de Desarrollo se destaca que Colombia en carreteras ocupa el puesto 126, en líneas férreas el 102, en puertos el 90 y en aeropuertos el 78.

El lunar del proyecto

Sin embargo, no todos están conformes con lo presentado en esta versión del Plan. Javier Díaz, presidente de Analdex, señala que “el énfasis en infraestructura está bien. Pero se debe profundizar en logística. Porque un camión que sale de Bogotá a Buenaventura, con doble calzada y túnel de la Línea, se ahorrará entre 4 y 6 horas de viaje, pero nada se saca si se pierden dos días en el puerto”.

El rezago en este frente no es menor al que existe en infraestructura. En 2014, Colombia ocupó el puesto 92 entre 162 países en el indicador de desempeño logístico del Banco Mundial.

Según el Informe Nacional de Competitividad, uno de los problemas recurrentes del país es el desarrollo de un sistema logístico que solucione cuellos de botella en infraestructura, calidad de servicios de transporte y eficiencia y eficacia en aduanas y puertos.

Según Marco Llinás, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, para llegar a un sector de carga de talla mundial se requiere trabajar en cuatro grandes aristas: 1) capital humano, 2) normatividad y regulación, 3) infraestructura específica para el sector, como la creación de peajes electrónicos y 4) promoción del sector, entendida como el impulso de la formalización y los procesos de ciencia y tecnología.

De otra parte, Leonardo Umaña, director de la cámara de transporte de Fasecolda, señala que un tema al que el Gobierno le saca el cuerpo en las bases del Plan es la definición de la vida útil de los vehículos de carga. Sostiene que “constituiría un costo de oportunidad inadmisible que la utilidad de las nuevas vías resulte menoscabada por la ineficiencia de un parque automotor obsoleto”. Solo para efectos comparativos, en Colombia la mitad de la flota de camiones tiene más de 20 años, mientras que en Brasil es de 13,7 años, y en Francia y Estados Unidos es de cinco.

Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, agrega que las bases y el articulado del plan enfatizan en las inversiones que se harán en cada nodo de transporte individualmente, por ejemplo, el río Magdalena; sin embargo, ignoran las que deben hacerse en plataformas logísticas, puertos secos y antepuertos necesarios para la interconexión nodal.

Los empresarios aplauden que este gobierno esté encarando el rezago en infraestructura, pero tienen recelo en torno a que esta no es la solución integral que se requiere para profundizar la competitividad del país. El debate apenas inicia.

- 2- Laboral

Los costos de la mano de obra y la capacitación de personal para las necesidades de cada negocio son las preocupaciones recurrentes de los empresarios en el frente laboral.

Al Gobierno, por su parte, le interesa seguir reduciendo el desempleo y la informalidad, al tiempo que se garantice el trabajo decente.

Para intentar solucionar estas problemáticas, las bases y el articulado del proyecto del Plan de Desarrollo contienen varias propuestas. En el frente del trabajo decente se busca poner en cintura a las empresas que ofrecen servicios de tercerización, pues muchas les cobran a sus clientes como si les pagaran la seguridad social a sus empleados, pero en realidad no lo hacen.

En el Departamento Nacional de Planeación explican que esta situación se presenta con frecuencia en muchos municipios, en donde la contratación formal no se cumple porque no hay presencia fuerte del Estado.

El ajuste a las empresas de tercerización no les implicará un sobrecosto a quienes usan sus servicios, pues saben que deben contratar a quienes pagan todas las prestaciones sociales a sus trabajadores y al final esto redundará en mayor productividad.

Otra propuesta del Plan está en el mecanismo de protección al cesante, cuyos beneficios serían ampliados al vincular a los beneficiados al servicio público de empleo. La idea es que quienes estén en el programa, por su perfil, sean seleccionados por las empresas, que luego las reentrenarían para sus necesidades, pues está comprobado que a las empresas les sirve más capacitar a sus empleados, antes que estos se formen por fuera.

Esto sería distinto de los programas de pasantes, pues está dirigido a quienes se quedan sin empleo y necesitan reenfocar su carrera.

En Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, acompañan la idea de mejorar el mecanismo de protección al cesante, pero lamentan que no se hubiera acogido su idea de crear un seguro de desempleo. Su propuesta es que dicha cobertura podría ser financiada con los intereses de las cesantías de los trabajadores.

El Gobierno también buscará que el Sena y las administradoras de riesgos laborales (ARL) desarrollen programas de reconversión laboral de trabajadores. Paralelamente, se pretende corregir un problema que se presenta con las ARL: pese a que están obligadas a recibir a todos los trabajadores, muchas les ponen trabas a quienes trabajan en sectores de alto riesgo de accidente laboral o a las microempresas. Esto hace que los empleados más riesgosos estén concentrados solo en una ARL, generando una mala distribución del riesgo.

Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, acepta que existe este problema, pero dice que también se debe buscar corregir los líos que se presentan cuando el costo del recaudo supera el valor de la cotización en la ARL.

Justamente, el Plan de Desarrollo propone que los operadores de la seguridad social creen esquemas que reduzcan los costos de transacción para el empleador y que unifiquen la afiliación.

- 3 - Política industrial

Aunque se declara optimista sobre los cambios que se podrán lograr durante el trámite de aprobación del Plan de Desarrollo, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, admite que tenía una expectativa mucho más alta respecto a lo que iba a encontrar en desarrollo productivo y política industrial.

“Hicimos una serie de observaciones que no han sido tenidas en cuenta, pese a que como Consejo Gremial hemos estado muy atentos al proceso que se ha hecho hasta ahora. Somos conscientes también de que la elaboración de un plan de desarrollo es una labor titánica y que quienes están encargados de su redacción reciben ideas, sugerencias y presiones”, agrega.

Para el dirigente gremial, el sector privado ha sido tradicionalmente desconocido en los planes de desarrollo como uno de los motores del crecimiento. Esto se evidencia en que de los $700 billones que se estima requiere la ejecución del plan que se va a discutir, solo $160 billones los pone el Estado, pero todo el articulado se destina a determinar cómo y en qué gastar los $160 billones y no el resto.

“Algo de la inversión privada se menciona en la parte de infraestructura, pero es necesario insistir en que el sector privado hace el grueso de la inversión y, por ende, se debe buscar que ese esfuerzo se convierta en un multiplicador social”, reitera.

En Planeación responden que el Plan sí tiene un gran componente de política industrial, pero no se le llamó así porque, además de la manufactura, se quiere impulsar el sector de servicios, que en 2013 respondió por 63,8% del producto interno bruto.

Estas son algunos de los componentes que trae y que no trae el proyecto de Plan de Desarrollo 2014-2018 para facilitarle la vida al sector privado.

Lo bueno

Los esfuerzos importantes alrededor de educación e infraestructura.

El enfoque territorial y regional.

La transformación de entidades como Procolombia, que ahora también atenderá a los exportadores de servicios.

La transformación de Bancoldex, que va a cambiar su gobernanza para tener una similar a la del sector privado, con el fin de conseguir más recursos para irrigar a las empresas.

Bancoldex va a contar con $6 billones en los próximos cuatro años para ser un jugador importante del mercado de capital de riesgo.

Se propone racionalizar la regulación, pues una de las grandes trabas que tienen las empresas es el constante cambio en las reglas de juego. Se hizo un estudio con 16 entidades del Estado y se comprobó que estas emiten cuatro decretos diarios que bombardean al sector privado.

Lo que falta

Una política más fuerte en términos de la defensa comercial y de la restricción de las prácticas desleales.

Una decisión más contundente para enfrentar el contrabando, lucha que no solo puede estar en manos de la Dian y de la Polfa.

Proponer encadenamientos con los sectores que van a liderar el crecimiento: infraestructura y construcción, pues esas dos áreas impactan 30 sectores más de la industria colombiana.

La creación de un Ministerio de Industria, dado que otras actividades sí tienen Ministerios sectoriales y esta no (caso de agricultura, salud, vivienda y transporte).

Metas más concretas sobre lo quequiere Colombia alrededor de su industria.

Fomentar el desarrollo del sector salud, pues hoy está muy fraccionado entre las empresas que prestan los distintos servicios y fabrican productos. Es necesario que se vea como un todo, aunque esto requiere que se aumente el número de cotizantes al sistema de salud y se reduzcan los subsidiados.

- 4 - Justicia

Uno de los temas centrales para los empresarios es la eficiencia en el aparato judicial. No solo desde la perspectiva de reducir la impunidad, sino de agilizar los procedimientos. Colombia es un país “penalizado”, por cuenta de la gran cantidad de procesos penales que empiezan todos los días.

Sin embargo, los litigios comerciales, laborales y civiles se llevan buena parte de la atención de los jueces y las empresas.

El PND establece que antes de finalizar 2017, Colombia deberá tener un plan decenal de justicia; es la primera vez que se plantea esto con el sector, tal y como ocurre con otras actividades como la salud y la educación.

El PND señaló “el plan decenal contendrá, cuando menos, los objetivos del sistema de justicia, el plan de acción interinstitucional para lograrlos, las metas institucionales e interinstitucionales, la definición de herramientas tecnológicas para la justicia, los compromisos específicos de cada prestador de servicios de justicia, las prioridades y criterios territoriales y la definición del mecanismo de seguimiento”.

- 5 - Trámites

La tramitomanía es uno de los problemas que el país ha tratado de resolver en las últimas décadas. Al interior del Plan, el asunto está claramente formulado. La solución es concentrarse en superar las dificultades que han quedado en evidencia en el informe anual Doing Business, porque si bien el país ha venido mejorando, todavía siguen vigentes muchos problemas.

Por ejemplo, el más reciente Doing Business señala que no existe estandarización de trámites entre diferentes ciudades. Así, una licencia de construcción en Manizales se demora 35 días, mientras en Ibagué 138. Esto señala que uno de los caminos para avanzar es lograr patrones comunes en todo el país para muchos procedimientos.

La propuesta del Plan es establecer mecanismos para lograr ese objetivo: un ejemplo de ello es que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Sociedades pondrán en funcionamiento una ventanilla única digital para la creación de empresas, y se implementará el expediente digital para procesos de insolvencia. Con este último se espera atender 194.400 procesos ejecutivos en 2015; esto ayudará a descongestionar los despachos judiciales.
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