| 8/18/2016 12:00:00 AM

Las 5 reformas que han transformado la economía colombiana

En los últimos 23 años Colombia ha pasado por cambios profundos de sus instituciones, de la forma de hacer negocios y de su sistema de seguridad social, entre otros. Estas son las cinco reformas claves de este periodo.

La constante aprobación de reformas que buscan mejorar distintos ámbitos de la sociedad colombiana y propender por el desarrollo económico y el bienestar de la población ha sido una de las principales características del país.

No obstante, cualquier iniciativa, por pequeña que sea, ha implicado cambios en materia presupuestal y de gasto del Gobierno, así como en la forma de hacer negocios.

Luego de consultar a tres expertos economistas, –Mauricio Cabrera, Leonardo Villar y Sergio Clavijo– hicimos un ejercicio de análisis para identificar aquellas reformas que durante los últimos 23 años han tenido mayor impacto en el ámbito económico. Aunque existen muchas otras iniciativas, estas son las que más han trasnformado al país.

La ley 100 de 1993 y la 797 de 2003

Estas dos reformas transformaron el sistema de seguridad social. Con la primera se crearon las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como las compañías que están a cargo de la salud de los colombianos, hoy con una cobertura casi universal. Nacieron dos regímenes de afiliación: uno contributivo y otro subsidiado.

Paralelamente, la Ley 100 cambió el sistema de pensiones, dándoles vida a las administradoras de pensiones y cesantías, que se conocen como el régimen privado o de ahorro individual, al tiempo que se mantuvo el régimen público o de prima media, primero bajo el Instituto de Seguros Sociales y ahora bajo Colpensiones.

La ley 797 de 2003 empieza un ajuste al sistema de pensiones que elimina los regímenes especiales, pero que aún no ha terminado pues hay consenso sobre la necesidad de una nueva reforma pensional. Algo similar ocurre con la salud, pues aunque se han aprobado varias leyes para mejorar el sistema, este sigue con graves problemas y con una población cada vez más envejecida, lo que requería más recursos.

Actos Legislativos que cambiaron el sistema de transferencias territoriales en 2002 y 2007

Las transferencias son los recursos que la Nación gira a las entidades territoriales para que los destinen a educación, salud y agua potable, principalmente. Así se estableció en la Constitución de 1991, pero con la crisis de finales de los noventa, el giro de estos recursos se hizo cada vez más costoso y fue necesario reformarlo.

Para hacer dicho cambio se requirió el trámite de un acto legislativo y el primero se aprobó en 2002 en medio de fuertes protestas y con Juan Manuel Santos como Ministro de Hacienda. En ese momento se ligó el incremento de las transferencias al índice de inflación proyectada más algunos puntos adicionales, con el fin de evitar un mayor desequilibrio de las finanzas públicas. La segunda vez, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, se volvió a modificar la fórmula para calcular las transferencias con un incremento de inflación más 3% hasta 2016.

De ahí en adelante, el alza será igual al crecimiento promedio de los ingresos corrientes de la Nación durante los últimos 4 años. Varios sectores consideran que se requiere una nueva reforma, pero el Gobierno la ha descartado por ahora.

La Sentencia C-700 de 1999 de la Corte Constitucional

Este fallo acabó con la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac), la cual permitió la financiación para compra de vivienda desde principios de los años 70 y funcionó bien hasta 1994, cuando dejó de ajustarse con la inflación para pasar a hacerlo con la tasa de interés DTF.

Debido a que las tasas de interés venían al alza, los créditos con Upac se volvieron impagables y miles de familias se quedaron sin vivienda. Por eso, la Corte declaró como inexequibles los artículos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que estructuraban el sistema Upac. Luego vino la Ley 546 o Ley de Vivienda, que crea la UVR como sustituto del Upac y establece nuevos parámetros para financiar vivienda, como que el crédito no puede ser de más de 70% del valor del inmueble y la cuota mensual no puede superar 30% de los ingresos mensuales del deudor.

Leyes que ordenan las finanzas territoriales y las de responsabilidad fiscal

En este paquete se destaca la Ley 358 de 1997, que limitó el endeudamiento territorial para que las obligaciones financieras de municipios y departamentos no superen su capacidad de pago. También sobresale la Ley 617 de 2000, que limitó los gastos de funcionamiento de los gobiernos territoriales vinculando su evolución a los ingresos corrientes de libre destinación.

Estas normas sirvieron para ajustar las finanzas territoriales y también para que hoy las regiones tengan un mejor desempeño fiscal que la Nación.

Adicionalmente, en 2005 se aprueba la Ley 819 de 2005, sobre transparencia y responsabilidad fiscal, donde se obliga al Gobierno a presentar anualmente un marco fiscal de mediano plazo. Luego, en 2011 se expidió la Ley 1473, que crea la llamada regla fiscal, que no es otra cosa que el establecimiento de una senda decreciente de déficit fiscal para pasarlo de 2,3% del PIB en 2014 a 1% en 2022.

La Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos

Esta norma permitió la provisión de los servicios por parte del sector privado. Hoy compiten empresas públicas, privadas y mixtas, algunas de ellas con muy buenos resultados e incluso se han internacionalizado, como EPM y la Empresa de Energía de Bogotá; otras son multinacionales que han desarrollado una gran infraestructura en el país, –como Gas Natural–; y otras están de regreso a la era de las privatizaciones (ETB).

En lo que respecta a la cobertura y la calidad de los servicios el panorama no es tan halagador. La más reciente encuesta de calidad de vida del Dane, de 2015, muestra que 99% de los hogares tienen acceso a energía eléctrica, 89% a acueducto, 82% a recolección de basuras, 77% a alcantarillado, 62,5% a gas natural y 32,6% a teléfono fijo. Pese a que el servicio de energía tiene una cobertura prácticamente universal, este año el país estuvo ad portas de un racionamiento y la región Caribe vive hoy una crisis por cuenta de Electricaribe, una empresa privada.

Once reformas en 23 años

Si bien todas las grandes reformas económicas que ha experimentado el país desde 1993 han sido tema de esta revista, las tributarias han ocupado varias portadas y la razón es siempre la misma: los recursos son insuficientes y hace falta recaudar más.

El resultado es que en los últimos 23 años se han tramitado 11 reformas tributarias y aún no se ha aprobado la llamada ‘estructural’, que ajuste de una vez por todas el sistema impositivo y evite estar cambiando las reglas de juego cada dos años. Mientras el país espera la siguiente reforma, que será la quinta en el gobierno de Santos, enumeramos las once que han pasado por el Congreso desde que se creó Dinero.

1. Ley 223 de 1995. Fijó una tarifa general de 16% en IVA.

2. Ley 488 de 1998. Exoneró de renta a empresass del Estado, cajas de compensación y fondos gremiales.

3. Ley 633 de 2000. Amplió el IVA y subió del dos a tres por mil.

4. Decreto 1838 de 2002. Creó el impuesto al patrimonio.

5. Ley 788 de 2002. Estableció sobretasas al impuesto de renta.

6. Ley 863 de 2003. Creó devolución del IVA por compras con tarjeta.

7. Ley 1111 de 2006. Creó deducción de 40% por inversión en activos fijos.

8. Ley 1370 de 2009. Bajó deducción de inversiones en activos de 40% a 30%.

9. Leyes 1393, 1429 y 1430 de 2010. Acabó la deducción por inversión. Promete eliminación del 4 por mil.

10. Ley 1607 de 2012. Creó impuesto sobre la Renta para la Equidad (Cree).

11. Ley 1739 de 2014. Creó una sobretasa al Cree.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?