| 8/18/2016 12:00:00 AM

Las disputas jurídicas que han marcado el sector empresarial en Colombia

En estos 23 años se han registrado muchas disputas jurídicas en el campo empresarial. Estas son, a juicio de algunos analistas, cinco de las principales.

Una de las áreas que más ha crecido en los bufetes de abogados es la de litigios. Las diferencias, no solo entre empresas sino también entre compañías y el Estado, han venido en aumento en los últimos años y se han convertido en parte de la agenda empresarial. Si bien hay conflictos icónicos en sectores como infraestructura, telecomunicaciones o petróleo –como la disputa entre Reficar y CB&I por los sobrecostos de las obras de la refinería de Cartagena–, algunos otros han sobresalido. Dinero consultó expertos para seleccionar las cinco disputas jurídicas más relevantes en los últimos 23 años. Estas son las historias.

¿En tablas?

Fue un conflicto jurídico de verdaderos ‘pesos pesados’: el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) vs. la familia Gilinski. En 1997, el Banco de Colombia fue vendido al entonces Banco Industrial Colombiano (BIC). 60% del Banco de Colombia era de los Gilinski y venderían 51% al GEA por un valor cercano a los US$418 millones. Como los Gilinski quedaban con 9% de las acciones, se acordó entregar un paquete de acciones del nuevo banco, igual operación se hizo con otros 8.000 accionistas minoritarios del Banco de Colombia. La fórmula fue una acción de la nueva empresa por cerca de 9 del antiguo Banco de Colombia y se tomó de referencia el valor de los papeles del BIC en la Bolsa de Nueva York. Eso equivalía a cerca de US$100 millones para los Gilinski y US$145 millones para el resto de los minoritarios.

Pero el proceso se dio en pleno deterioro de la economía global. Así las cosas, los casi US$245 millones que iban a recibir los minoritarios pasaron a solo US$50 millones. Empezaron las demandas, denuncias y grandes tensiones, pero tras 12 años de discusiones, en un escueto comunicado se anunció un acuerdo de transacción que “implica la cesación de todas las acciones civiles y comerciales entre las partes, el desistimiento de toda acción civil de las partes en los procesos penales”. Las partes señalaron que no hubo vencedores o vencidos y celebraron el acuerdo –cuyo contenido no se ha conocido aún– que puso fin a sus controversias legales.

Pelea eterna

De finales de la década de los 90 viene uno de los conflictos jurídicos más largos y complejos en el país: la pelea entre ETB y Claro –antes Comcel–. Su origen se dio a raíz de la firma de un contrato de interconexión para que ETB pudiera conectarse con las redes móviles de, en su momento, Occel y Celcaribe –empresas que posteriormente compró Comcel–.

El debate se originó porque ETB no pagó la cifra acordada, amparándose en una modificación en la tarifa por uso de red que hizo la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En ese momento empezó un rifirrafe jurídico que se ha llevado a tribunales nacionales e internacionales y en donde ha habido triunfos parciales.

La justicia en Colombia le dio la razón a Comcel en 12 fallos emitidos por árbitros, jueces y magistrados de altas cortes y le ordenaron a la ETB pagar $87.000 millones. En 2012, la ETB pagó, pero llevó el conflicto a la instancia internacional y demandó a Colombia ante el Tribunal Andino de Justicia. A pesar de que en primera instancia este organismo rechazó la pretensión de ETB, la empresa insistió y en segunda instancia el Tribunal condenó a Colombia, y le ordenó –a través del Consejo de Estado– anular los fallos favorables a Comcel para convocar de nuevo a los Tribunales de Arbitramiento. El Consejo de Estado, al acatar la decisión, ordenó volver a iniciar procesos y le exigió a Comcel devolver los dineros que había pagado la ETB.

Los procesos siguen avanzando y las decisiones aún no son definitivas. Mientras Comcel-Claro espera que ETB le pague más de $220.000 millones por cargos de interconexión, ETB tiene un proceso ejecutivo por más de $270.000 millones contra Comcel-Claro. La pelea parece no tener fin.

En obra negra

En 1997, el consorcio Commsa –conformado por empresas colombianas y españolas y cuya cabeza era el mediático empresario español Florentino Pérez– ganó un concurso internacional para la construcción de la troncal del Magdalena Medio –concesión de la vía Tobia-Puerto Salgar–, una vía de más de 600 kilómetros, con un valor de más de US$425 millones de la época, que incluía además la recuperación de algunas vías y 15 túneles.

Después de ganar el proceso con la propuesta más baja, empezaron los problemas: primero con la solicitud de cambios en los diseños que no incluyeran los túneles y luego con el incumplimiento en los plazos de los cierres financieros por US$310 millones. Ante estas dificultades, Invías empezó la gestión para declarar la caducidad del contrato y en el proceso encontró que, según versiones de prensa de la época, el consorcio había entregado un borrador de una póliza, pero jamás la compró.

Tras años de pleitos, en 2006 el Gobierno, a través del entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, anunció un arreglo que consistió en que el Estado recibiría $230.000 millones (unos US$95 millones, de entonces), representados de la siguiente manera: $130.000 millones que estaban en una fiducia y $100.000 millones adicionales como indemnización y, en consecuencia, los litigios entre las partes generados por la fallida concesión de la vía Tobia-Puerto Salgar quedaron anulados. Esta vía se encuentra en construcción actualmente bajo el nombre de Ruta del Sol.

Freno de mano

Durante los primeros 15 años de este siglo, y a pesos de hoy, Hyundai en Colombia vendió más de $7,7 billones, representados en la comercialización de 280.000 vehículos. Durante más de 25 años el empresario colombiano Carlos Mattos lideró la conquista coreana en Colombia. Sin embargo, la devaluación que apretó los márgenes, la estrategia de enfocarse hacia el mercado de taxis y la relevancia que ha tomado Kia, otra marca coreana, empezaron a fracturar la relación de Mattos con la casa matriz de Hyundai.

En septiembre de 2015 Hyundai Motor Company le informó a Mattos que no le renovaría su contrato como distribuidor de la marca en Colombia. Mattos inició una demanda comercial, otra por competencia desleal e inducción a ruptura del contrato, una más por integración no reportada y una penal por uso indebido de la marca en Colombia. La contraparte también anunció demandas comerciales y penales, en especial contra los jueces que han decretado medidas cautelares en el proceso a favor de Mattos.

En la pelea también está involucrado uno de los grupos más importantes de Ecuador: el de la familia Eljuri, encargado de manejar, a través de Neocorp, los intereses de Hyundai en Colombia a partir de enero de 2016. Su papel no es solo por lo que representa ahora con Hyundai, sino también por una vieja disputa que tienen los Eljuri con Mattos, pues el empresario colombiano demandó a los ecuatorianos por un paquete accionario de 10% en Metrokia. Mattos exige una indemnización que está estimada en $770.000 millones.

Además, con la firma del TLC con Corea algunos expertos no descartan eventuales demandas contra el Estado colombiano.

Lo que viene

A principios de agosto, Gas Natural Fenosa anunció el inicio de una controversia con Colombia, al amparo del acuerdo de protección a la inversión con España, para buscar un acuerdo en 6 meses y solucionar la crisis en Electricaribe, reflejada en la mala calidad del servicio y en la apretada situación financiera de la empresa. Es claro que esta es la primera etapa de ese proceso litigioso.

Pero no ha sido el único. Durante el primer semestre de este año, y bajo los tratados de libre comercio y los acuerdos de protección a la inversión, se han iniciado disputas jurídicas con Colombia. Glencore, Eco Oro, Cosigo y Claro ya empezaron los procesos. Unos, como el de Glencore, van más adelantados pues ya terminó la etapa de arreglo directo. Cosigo anunció una demanda al Estado por US$16.500 millones; Eco Oro por las dificultades para continuar su proyecto minero en Santander; y América Móvil –casa matriz de Claro– notificó al Gobierno su intención de llevar el tema de la reversión de activos a tribunales internacionales.

Se esperan otras demandas contra el Estado, como en el caso de Novartis por el medicamento Glivec, y habría otras en el campo minero. Ya las pretensiones se calculan en US$25.000 millones.

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