| 12/12/2011 6:00:00 PM

Las peleas

Demandas, tribunales de arbitramento y disputas entre empresarios, constructores, gobiernos y comunidades indígenas hacen parte de los líos del próximo año.

Efromovich vs. Santo Domingo
Con el nombramiento del tribunal de arbitramento, encabezado por el ex ministro Hernando Yepes y que completan Juan Pablo Cárdenas y Jorge Pinzón, arranca el año 2012 con uno de los conflictos jurídicos más taquilleros: la familia Santo Domingo contra Germán Efromovich. Como se recordará, el grupo Santo Domingo –a través de Valorem– demandó a Avianca por unos US$190 millones porque, a su juicio, hay irregularidades en la forma como Avianca y SAM reconocieron y pagaron las pensiones del personal de tierra. Para Avianca, el reclamo de los antiguos propietarios no tiene fundamento.

La consecuencia de este proceso, por el monto que está en discusión, puede influir en las cifras de Avianca y sus resultados, que en los últimos años y bajo la dirección de Efromovich y Fabio Villegas le han permitido a la compañía transformarse en uno de los jugadores más importantes de la región. Mucho más ahora, que tiene entre sus accionistas a más de 50.000 personas que participaron en el proceso de emisión de acciones de 2011 con los que la compañía obtuvo recursos para invertir en su plan de expansión y modernización.

Drummond vs. Glencore
Las compañías Drummond y Prodeco tendrán que resolver un asunto clave para la exportación de carbón desde Colombia: el futuro de la zona portuaria de Ciénaga, el punto más importante de exportación de ese mineral.

El asunto es que Prodeco, filial de la suiza Glencore, quedó encargada del único canal de acceso a la zona. Esa fue la decisión del Gobierno al conferirle licencia a Puerto Nuevo, el proyecto portuario de esta compañía. Prodeco avanza en las obras y se espera que en 2012 queden listos el canal de acceso y el muelle, para luego avanzar en la instalación de la maquinaria.

Esto ha generado roces jurídicos con Drummond, presidida por Augusto Jiménez, la otra compañía ubicada en la zona. Ambas firmas son vecinas, pues una tiene el puerto justo al lado de la otra. Drummond considera que tiene derecho a usar el canal de acceso, que sirve también a su zona portuaria y por eso ha interpuesto distintos recursos contra las licencias concedidas a Prodeco. El agarrón se presentará cuando Prodeco deba anunciar las condiciones de uso, básicamente asignando un “peaje”. Esa pelea jurídica va a estar como para alquilar balcón, pues se trata de dos colosos exportadores de carbón.

Eike Batista vs. Arturo Blanco
La alta Guajira será epicentro de una pelea de alto turmequé entre dos pesos pesados del sector portuario. Por un lado, el empresario Arturo Blanco está construyendo Puerto Brisa en Dibulla, Guajira, para satisfacer la creciente demanda de infraestructura para exportación de carbón y otros bienes. En la otra orilla está el magnate brasileño Eike Batista, quien entró pisando fuerte en Colombia con inversiones en carbón y oro, y quiere construir su propio puerto carbonero muy cerca de Puerto Brisa.

El debate está que arde por varios aspectos. De un lado, los dos inversionistas quieren el mejor usufructo de sus inversiones y al mismo tiempo utilizan el tema ambiental para justificar sus pretensiones. Arturo Blanco, con su proyecto Puerto Brisa, picó en punta y prevé iniciar operaciones en el primer semestre de 2012. Por su parte, Batista mueve sus fichas con sus directivos, entre ellos prestigiosos y experimentados ex funcionarios del anterior gobierno.

La disputa se dará cuando el Gobierno estudie la petición de Eike Batista, que planea tener su puerto apenas a 6 kilómetros del proyecto Puerto Brisa. Habrá que explicarle al país por qué son necesarios dos proyectos de esa envergadura en La Guajira.

Estado vs. Concesionarios
Al menos tres concesionarios viales están alistando sus arsenales jurídicos para demandar al Estado y frenar así el ímpetu del Gobierno por hacer cumplir los contratos. Los vientos de guerra que soplan en el sector fueron advertidos hace pocos días por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Andrade, quien en una intervención en el Congreso de la República afirmó que tiene listo un acuerdo con el Ministerio de Justicia para enfrentar semejante batalla.

Los concesionarios alegan cambios en las reglas de juego, demoras en los giros, ajustes en los diseños y problemas no previstos en materia geológica. Mientras tanto, el Ejecutivo se apega a los contratos suscritos y a la presión política que ha venido creciendo en el país por las reiteradas fallas en la cartera del transporte.

Según Andrade, la estrategia de los concesionarios sería invadir de demandas a la naciente ANI y así minar su capacidad de reacción institucional. No obstante, el Gobierno parece tener un as bajo la manga que podría desequilibrar la pelea: en 2012 se prevé la llegada masiva de multinacionales de la construcción que con chequera en mano buscarán quedarse con parte del pastel.

El tiempo dirá quien ganó esta batalla que tiene en juego billones de pesos y la competitividad del país.

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