| 8/21/2013 6:00:00 PM

La reforma a las transferencias territoriales

Como ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos sacó adelante, en medio de una fuerte oposición, una de las reformas más profundas para enderezar las finanzas públicas tras la crisis de finales de los 90.

Cerca de la medianoche del 21 de abril de 2001, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Manuel Santos, logró lo que parecía imposible: que los más de 1.000 alcaldes del país, reunidos en el hotel Dann de Medellín, le firmaran una carta de respaldo a un proyecto que buscaba desligar los ingresos de estos entes territoriales de los ingresos corrientes de la Nación. Era nada más ni nada menos que la Reforma al Sistema de Transferencias Territoriales.

Ese día terminó el trabajo iniciado seis meses atrás por el titular de Hacienda, que lo llevó a recorrer el territorio nacional convenciendo prácticamente a “mandatario por mandatario” de que esta era la única forma de controlar el creciente e insostenible déficit fiscal del país. El déficit bordeaba el 6% al iniciar el gobierno Pastrana, y devolverle la viabilidad a la economía, luego de la crisis financiera y económica de 1998-99, parecía una misión imposible.

Como lo reportó la prensa en esos días, los alcaldes tenían una posición dura frente al proyecto porque lo consideraban un recorte a los dineros que el Estado central les giraba a los departamentos y municipios. Por eso, en el Consejo Ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios, en Medellín, se presentó un conato de rebelión de los mandatarios locales, que fue conjurado después de 12 horas de reunión.

Finalmente, a las once de la noche se consiguió un compromiso formal de preacuerdo y se entregó una garantía para que los recursos que se destinaban a la educación y la salud no sufrieran un recorte, si por alguna circunstancia la economía del país sufría un estancamiento, afirmó el entonces ministro Santos.

Sin embargo, ese fue solo el inicio de un difícil camino, ya que, por ser una reforma constitucional, requirió de ocho debates en el Congreso y nuevas e innumerables discusiones en todas las regiones donde “nos dieron palo y tocó explicar nuevamente que no era un retroceso al proceso de descentralización y que no se afectaría la inversión en las regiones. Era cuestión de sostenibilidad de la economía y de estabilización de los ingresos de las regiones”, recuerda Juan Carlos Echeverry, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en ese entonces.

Según Echeverry, “hasta ese momento por cada peso que necesitábamos, teníamos que conseguir dos, pues tocaba transferir alrededor de la mitad (46,5%) a las regiones”.

La oposición de la izquierda, así como de los sindicatos de sectores que se sentían afectados –como salud y educación– fue férrea hasta el final. De hecho, durante la última sesión del octavo debate – un año después de aquella noche en Medellín–, la reforma casi se hunde.

El ambiente era muy tenso y cientos de manifestantes de Fecode y del sector salud durmieron durante tres días en la Plaza de Bolívar. Desde allí lanzaban insultos a los Congresistas que apoyaban la reforma. Hay que recordar que la votación fue nominal.

A las 10 de la noche del último día de votaciones, el senador liberal Víctor Renán Barco preparaba diez proposiciones cuya sola presentación habría acabado con año y medio de trabajo. Echeverry, prácticamente de rodillas, al lado de su curul, le rogaba que no las presentara todas y logró negociar con él que solo presentaría cuatro.

Entre ellas estaba una iniciativa para que la reforma no fuera permanente sino aplicable solo por 10 años, lo cual significaba hacer de nuevo todo el trabajo una década después. Echeverry le informó a Santos, quien le dijo: “pues toca volverla a discutir en diez años.” Echeverry agregó: “cuándo usted sea Presidente.” Y Santos ripostó: “y cuando usted sea Ministro.”

Curiosamente, en 2008 se ratificó esta reforma bajo el mandato del presidente Uribe, uno de los opositores originales a la misma. Estudios han demostrado que esta fue la más profunda reforma fiscal del último cuarto de siglo, esencial para el saneamiento de las finanzas públicas y para aumentar las coberturas en salud y educación.
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