| 8/21/2013 6:00:00 PM

La quiebra del Grupo Grancolombiano

En los 80, los préstamos entre empresas del mismo conglomerado y el manejo de los fondos de inversión fueron su ‘talón de aquiles’.

El 7 de marzo de 1980, María Mayorga, empleada doméstica, vendió 7.525 acciones de Nacional de Chocolates. La operación despertó sospechas y la Comisión Nacional de Valores la calificó de ficticia.

Ese día comenzó el proceso que desembocaría en la quiebra del poderoso Grupo Grancolombiano –liderado por el banquero Jaime Michelsen Uribe (q.e.p.d)– uno de los capítulos más importantes de la historia de los negocios en Colombia.

Michelsen, un reputado abogado bogotano, tenía vínculos con la clase política y la élite empresarial del momento. Ejerció la presidencia del Banco de Colombia entre 1969 y 1983 y, para muchos, era símbolo de la concentración de la riqueza.

A través de la Sociedad Gran Inversión S.A. Michelsen manejaba los fondos El Grancolombiano y el Bolivariano, cuyos dineros habían sido depositados por unos 40.000 ahorradores. Los recursos del público se invertían en acciones de compañías industriales como Nacional de Chocolates y Coltabaco, el propio Banco de Colombia, Colseguros, Cine Colombia, e incluso fundaciones como el Museo de Arte Moderno de Bogotá o el Politécnico Grancolombiano, entre muchas otras.

Ante las quejas del público por la disminución que observaba en sus ahorros, el Gobierno expidió el Decreto 384 de febrero de 1980 y les prohibió a los Fondos de Inversión tener acciones de compañías financieras. Michelsen ordenó entonces cambiar las acciones que tenían los fondos por las que poseían las empresas del Grupo en Nacional de Chocolates y así darle liquidez a los fondos, que debían atender el retiro masivo de los inversionistas que reclamaban su dinero. En ese momento, también los precios de las acciones iban en picada.

Las empresas del Grupo, personas jurídicas diferentes, compraron a los fondos las acciones de varias compañías por $2.600 millones de la época y recurrieron a las entidades financieras del Grupo –Banco de Colombia, Granfinanciera y Pronta– para que les otorgaran créditos para realizar la orquestada compra de acciones.

El 8 de octubre de 1982, mediante el Decreto 2920, el gobierno del presidente Belisario Betancur penalizó ese tipo de operaciones con prisión de 2 a 6 años y en 1983, con base en el mismo Decreto, el Gobierno tomó posesión del Banco de Colombia.

La carrera de Michelsen terminó a sus 59 años, cuando fue denunciado por manipulación de acciones en la bolsa a través de operaciones ficticias, maniobras financieras y préstamos entre empresas de su mismo conglomerado. Michelsen salió del país en 1983, se exilió en Panamá, regresó por recomendación de su esposa y su hijo Pablo Michelsen Niño, y fue condenado a 36 meses de cárcel.  Estuvo siete meses en La Modelo y después de recibir libertad condicional, vivió casi clandestino en un apartamento en el barrio Quinta Camacho hasta su muerte en 1994.
 
El 2 de febrero de 1984, mediante la escritura pública 0204 de la Notaría 18, Cingra S.A., empresa matriz del Grupo Grancolombiano, entregó a la fiduciaria del Banco de Colombia la administración del total de las empresas del Grupo Grancolombiano para respaldar $22.000 millones en créditos otorgados por el Banco de Colombia de Panamá a las empresas del Grupo, los cuales se habían utilizado para la operación de desmonte de los fondos ($10.000 millones) y capital de trabajo de las empresas ($12.000 millones).

El 10 de enero de 1986, ante el deterioro patrimonial del Grupo Grancolombiano, el Gobierno nacionalizó las entidades financieras vinculadas con el Grupo, entre ellas el Banco de Colombia, que le fue vendido 11 años después a la familia Gilinski, en unos $400.000 millones, mientras la operación de salvamento costó  $250.000 millones aproximadamente.
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