| 8/21/2013 6:00:00 PM

La ley del monte

Con el anuncio de la Ley 002 de las Farc, que justificaba el secuestro extorsivo, la historia de esa guerrilla se partió en dos y el Estado encontró un nuevo argumento para combatirla con mayor decisión.

Como si se tratara de una coincidencia cabalística, el martes 29 de febrero de 2000, justo la fecha que hacía de ese un año bisiesto, el Estado Mayor Central de las Farc redactó un ‘decreto’ que semanas después conmocionaría al país. Desde las montañas de Colombia, los cabecillas del grupo guerrillero firmaron –aquel día de agüeros– algo que en sus estatutos internos quedó radicado bajo el nombre de ‘Ley 002 sobre Tributación’.

En tres artículos, el documento anunciaba la decisión de las Farc de cobrar desde ese preciso instante un impuesto denominado ‘Para la Paz’. Se trataba de un ‘gravamen’ que deberían pagar aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio fuera superior a US$1 millón.

Pero algo más se escondía en la trastienda. En el segundo y tercer artículos, los insurgentes ponían dos escalofriantes condiciones: “a partir de la fecha, los cobijados por la Ley deben presentarse para cumplir esta obligación. Un segundo llamado aumentará el monto del tributo (...) quienes no atiendan este requerimiento, serán retenidos. Su liberación dependerá del pago que se determine”.

De esta manera, la guerrilla incluía en sus métodos de financiamiento la práctica del secuestro. Un mandato que en poco tiempo las Farc puso en práctica y dio origen a una ola de secuestros extorsivos que privó de la libertad a más de un centenar de integrantes de la fuerza pública, políticos, empresarios y civiles.

El solo anuncio de la guerrilla provocó que la sociedad en pleno y el gobierno del entonces presidente, Andrés Pastrana, rechazaran al unísono la aterradora disposición. Más aún teniendo en cuenta que el anuncio se hacía en medio de los diálogos de paz en ‘El Caguán’, que se llevaban a cabo en la denominada zona de distensión, vigente desde el primero de enero de 1999 en un área de 42.000 kilómetros cuadrados donde la guerrilla circulaba libremente, y que se rompieron en febrero de 2002.

Pero a la vez que el país mostraba su indignación, las Farc no escatimaban esfuerzos para justificarse. A juicio de los guerrilleros, siete razones explicaban por qué habían adoptado la decisión de secuestrar integrantes de las altas esferas económicas. Para ellos, la más importante era que “a pesar de estar inmersos en un proceso que debe conducir a la paz democrática en Colombia, el Estado prosigue fortaleciendo con el presupuesto nacional sus aparatos armados legales e ilegales para sembrar el terror en la población”.

Además, no veían con buenos ojos que el gobierno de Estados Unidos hubiera puesto en marcha el Plan Colombia que le permitió fortalecer su pie de fuerza “bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico que ocasionará consecuencias trágicas para nuestra patria”, decían los cabecillas en otro aparte del documento, en el que remataban: “los recursos provenientes de los aportes voluntarios que muchísimos compatriotas nos hacen llegar y los originados por las inversiones propias son insuficientes para cubrir las necesidades que demanda la lucha de las Farc Ejército del Pueblo”.

Desde la expedición de la polémica ‘Ley 002’, las relaciones entre los mandos altos y medios de esa guerrilla empezaron a resquebrajarse. Según los investigadores María del Pilar Castillo y Giácomo Balbinotto, la razón obedeció a que buena parte de los militantes de las Farc no ocultaron su desacuerdo con la práctica del secuestro. “No compartían este tipo de retenciones, entre otras cosas porque iba en contravía de los conceptos expresados por Jacobo Arenas, el ideólogo de las Farc, quien en varios artículos manifestaba de manera transparente su repudio total al secuestro como mecanismo político, y mucho más como una forma de financiación de la guerra”, concluyen.

Esa fractura entre las bases y los líderes de las Farc significó a la postre el comienzo de una desarticulación que condujo a ese grupo –en un lapso de pocos años– a operar como ruedas sueltas. Pero la principal consecuencia de la tristemente célebre ‘Ley 002’, fue el rechazo de los colombianos a las Farc. Una mayoritaria animadversión que Álvaro Uribe capitalizó en su campaña presidencial de 2002 y que lo condujo a la Casa de Nariño.

Así las cosas, lo definido por las Farc aquel 29 de febrero en materia de secuestro, al tiempo que cambió la historia interna de ese grupo rebelde, se convirtió en un pretexto adicional para que el Estado los combatiera con mayor decisión, tal y como lo hizo el expresidente Uribe. En febrero de 2012, cuando las Farc anunciaron su decisión de ponerle fin al secuestro extorsivo, ‘derogaron’ de paso la nefasta ‘Ley 002’.
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