| 11/10/2016 12:00:00 AM

La crisis de Electricaribe aumenta la tensión

La crisis de Electricaribe aumenta la tensión

La crisis de Electricaribe se ha agudizado por el incumplimiento y atrasos en los pagos para la compra de energía. La situación amenaza con cortes en la Costa. ¿Le llegó la hora al Gobierno de intervenir la empresa o hay otras salidas?

Durante el primer puente de noviembre empezaron a circular en los diarios El Heraldo de Barranquilla y El Espectador de Bogotá los avisos en los que XM, la empresa administradora del mercado de energía anunciaba la limitación de suministro de energía para la Electrificadora del Caribe (Electricaribe), que atiende esa región del país.

Los cortes anunciados se iban a ejecutar a partir del 9 de noviembre y hasta el 16 de diciembre por 3 horas diarias, y por 4 horas diarias desde el 17 de diciembre. La razón: Electricaribe estaba en mora con la obligación de otorgar las garantías financieras para respaldar las transacciones en la bolsa de energía.

Pero al cierre de esta edición, y pocas horas antes de tener que cumplir la orden, Electricaribe empezó el proceso de pago de la deuda por $27.000 millones que, de acuerdo con medios nacionales, llegaron directamente de Gas Natural Fenosa, matriz de la empresa que atiende el 23% de la demanda de energía del país, 7 departamentos y 2,5 millones de clientes. Así disipó, en el corto plazo, la amenaza de la limitación de suministro de energía para la Costa.

Este pago, sin embargo, conjuró apenas un problema coyuntural, pero no da respuesta a la compleja situación estructural de la compañía. En las próximas semanas tendrá que cumplir con obligaciones que solo en garantías suman cerca de $170.000 millones, más la factura de energía de octubre que superaría los $100.000 millones.

Después de años de debates y búsqueda de soluciones para garantizar una mejor calidad en el servicio de energía en la Costa, hoy Electricaribe está en el filo de la navaja. La situación es un círculo vicioso: su queja es financiera y asegura que por el incumplimiento de pagos desde el sector público y de barrios subnormales, así como el robo de energía, no ha recibido ingresos.

El cálculo de la empresa es que hay una deuda acumulada por cerca de $4 billones, según datos a septiembre. Por esa razón, argumenta que no ha hecho las inversiones previstas en los planes de contingencia que se han estructurado.

En la otra orilla, la queja es que la empresa no ha realizado las inversiones que se requieren –calculadas en cerca de $1,1 billones–, por falta de gestión y su operación es ineficiente, pues las pérdidas de energía han aumentado y hoy la compañía está en una apretada situación financiera, ‘raspando la olla’.

Este entorno llevó a que Electricaribe iniciara un proceso de reclamación internacional contra Colombia –bajo el acuerdo de protección a la inversión con España– que se encuentra en etapa de conciliación. Según medios internacionales, habría de por medio pretensiones de Gas Natural Fenosa contra el Estado colombiano por más de mil millones de euros.

La respuesta para romper esta situación se debe dar el viernes 11 de noviembre, cuando Isidro Fainé, presidente de Gas Natural Fenosa –máximo accionista de Electricaribe– llegue a Colombia para reunirse con representantes del Gobierno. Allí tendrán que decidir el futuro de la compañía y cuáles serán los escenarios que se discutirán, desde la capitalización de la empresa por parte de su dueño hasta la posibilidad de una intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos que tendría que definirse si sería para liquidar o para administrar.

Hoy por hoy, el caso de Electricaribe se ha convertido en un verdadero rompecabezas. La búsqueda de soluciones es clave para determinar no solo el futuro de la empresa y garantizar el servicio en la Costa, sino también para evitar que se dé un riesgo sistémico que afecte a otros jugadores del sector eléctrico y a los diferentes acreedores de la compañía, entre ellos, el sector financiero.

El detonante

Para que Electricaribe tenga energía y cuente con ella, el suministro puede venir de dos fuentes: la primera, los contratos directos con los generadores –que permiten alcanzar mejores precios, pues se formalizan en periodos más largos– y, la segunda, comprando energía en la bolsa a través del mercado spot que administra XM, cuyos precios pueden ser más altos que los que tienen los contratos bilaterales.

Hasta finales de septiembre, según algunos cálculos de analistas del sector, Electricaribe tenía casi 70% de energía que llegaba por la vía de los contratos y 30% que compraba en el mercado –la bolsa de energía–.

Sin embargo, en octubre empezaron a darse las primeras señales de los problemas: algunas generadoras de energía, como EPM, Aes Chivor, Isagen y Emgesa hicieron efectivas las garantías que tienen con Electricaribe en contratos bilaterales, ante el incumplimiento en los pagos de esta empresa.

“Varios de los contratos se quedaron sin garantías y fue causal de cancelación de algunos de ellos. Por eso, la empresa tuvo que aumentar su exposición en la bolsa de energía”, dice un analista. Simultáneamente, la empresa empezó a dar señales de dificultades para atender sus compromisos con XM, pues no solo se trataba de cumplir con el pago de la energía despachada sino también con el valor de las garantías.

A principios de octubre, XM emitió la factura de septiembre –cercana a los $103.000 millones– y para el 18 de octubre debió haberla pagado. No lo hizo y XM tomó las garantías, pero ya la empresa estaba ‘colgada’: solo tenía garantías por $96.000 millones, pero quedaron pendientes y como deuda $7.000 millones, que eran para algunos el inicio del “desangre”.

El viernes 28 de octubre pagó los $7.000 millones pendientes y $20.000 millones más de garantías que venían de atrás. El pasado 8 de noviembre canceló $27.738 millones.

La situación hoy es que en facturas por suministro de energía, según XM, la empresa no tiene deudas, pero en garantías debe lo siguiente: $40.652 millones del 25 de octubre; $49.975 millones del 1 de noviembre; $1.277 millones del 2 de noviembre, y unos $80.000 millones del 8 de noviembre: casi $170.000 millones. Y el taxímetro sigue corriendo.

Estas cifras son solo garantías. Falta el pago de la factura de energía de octubre por cerca de $10 0.000 millones. De esta deuda ya hay garantizados más o menos la mitad, que serían descontados.

Lo que señala la regulación es que en las fechas estimadas, si la empresa no pone las garantías, se debe empezar un proceso de limitación de suministro.

Aunque la orden de un corte programado es como una espada de Damocles para la empresa y la región, la posibilidad de ejecutarlo es muy complicada desde el punto de vista técnico, porque deben considerarse los “bienes protegidos constitucionalmente” y los “sujetos de especial protección”. Es decir, los circuitos donde estén hospitales, clínicas, cárceles, centros educativos o, incluso, personas protegidas bajo el amparo de tutelas, porque no pueden dejar de recibir el servicio, no pueden ser cortados. Hoy, según fuentes de XM, Electricaribe no ha hecho esa relación de circuitos que se pueden o no cortar.

A finales del año pasado, en medio de la crisis por un posible apagón debido a la intensidad del Fenómeno del Niño y a que por diferentes hechos quedaron por fuera dos de las centrales más grandes del país –Guatapé y Termoflores–, se hizo un ejercicio en Bogotá para determinar cuántos circuitos podrían salir del sistema en un eventual racionamiento programado: solo se podía hacer efectivo en 20% de ellos; en el 80% restante había algo que lo impedía.

“Si se lleva este ejercicio a la Costa y solo da 20%, es inoperante”, dice un generador. “El desangre sigue porque tenemos que seguir llevando energía a la bolsa. La pregunta es quién responde por esa deuda. XM no puede disminuir la demanda y los usuarios –generadores– tienen que despacharse, así dentro de un mes no les paguen. El Gobierno tiene que parar el desangre, si no el mercado se va, más aún cuando muchas empresas quedaron débiles después de la situación del año pasado con el Fenómeno del Niño”, agrega.

Frente a este tema hay quejas contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), pues la restricción de suministro tiene dificultades de implementación. Según expertos del sector, en otros mercados existe lo que se llama el prestador de última instancia: un jugador que está al lado y que puede tomar ese mercado rápidamente. Una discusión que en el sector, dicen algunos de ellos, se ha venido dando hace varios años, pero que la Creg no define.

En medio del debate, también ha habido espacio para preguntas sobre el futuro del sector. “Cada año estamos en un problema diferente y con una alarma nueva y compleja que no tiene sentido: el año pasado ad portas de un racionamiento y este con los problemas de Electricaribe”, dice un jugador del sector.

Lea también: Electricaribe pagó más de $28.000 millones y evitó temporalmente racionamiento

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